Políticas

24/2/2005|888

El gran curro del agua


Unos de los mayores negociados realizados por el gobierno del Frente Cívico ha sido la privatización del servicio del agua.


 


En abril de 2000 la prestación del servicio de agua potable y cloacas del Valle Central (la capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú), la región más poblada de la provincia, pasó, por ‘chaucha y palitos’, a manos de Aguas del Valle, una sociedad de capitales españoles y catamarqueños, entre los que figuran las esposas de varios dirigentes del Frente Cívico, como Castillo, Meter Casas, etc.


 


Agua del Valle violó todos los compromisos fijados en los contratos de concesión, no efectuó ningún tipo de inversión y tampoco pagó los cánones a la provincia. La falta de inversión provocó el corte del servicio, especialmente en los dos últimos veranos. Los vecinos salieron a cortar las calles. Este verano la situación se agravó con las denuncias de que varios pozos servían aguas con nitratos en porcentajes que afectaban la salud de la población.


 


Frente a todo este panorama insostenible, el gobierno de Brizuela del Moral declaró la caducidad de la concesión, aunque la empresa seguirá prestando el servicio hasta diciembre de 2005, cuando habría una licitación para reprivatizar el servicio.


 


Todo esto no es más que un fenomenal negociado a favor de Aguas del Valle, ya que ha quedado desafectada de todas las deudas por incumplimiento de contrato, obtiene un aumento tarifario del 20% en concepto de compensación por la devaluación del peso, aumento de costos, etc. (comenzará a regir desde mediado de marzo, o sea una vez pasadas las elecciones). El gobierno ha planteado que este aumento permitirá realizar las obras necesarias. O sea, la población es esquilmada para asegurar el nuevo negociado privatizador. La propia empresa Aguas del Valle es autorizada a participar de la licitación.


 


Una comisión de usuarios ha denunciado que el gobierno procedió a aumentar las tarifas, pero no sobre los porcentajes originales fijados en los contratos, que era de 0,23 peso, sino que se da sobre 0,40 peso ( Ancasti, 5/12). Denunció, además, que el gobierno está presionando a los municipios para que hagan obras hídricas usando los fondos de las regalías mineras (ídem).


 


En el resto de la provincia el servicio de agua potable lo presta Dipos, una empresa del Estado provincial. El servicio es aún más ruinoso que en la capital. El Estado declara enormes superávits fiscales que no invierte. Ha dejado a regiones enteras sin servicio por semanas, como ocurrió en Recreo, lo que provocó la formación de una asamblea popular.


 


El gobierno catamarqueño y la Legislatura dominada por radicales y justicialistas han convalidado esto, e incluso el apoderamiento de los principales acuíferos por parte de los pulpos mineros, como La Alumbrera, que usan el agua para transportar el mineral por un ducto hasta Tucumán. Según especialistas, de continuar esta situación, Catamarca está condenada en un corto plazo a quedarse sin fuente de agua potable.


 


Frente a esta política el Partido Obrero plantea la necesidad de confiscar a la empresa Aguas del Valle y estatizar el servicio del agua bajo control de sus trabajadores y asambleas populares. También investigar y embargar los bienes de todos los responsables de estos negociados y sus conexiones mafiosas.