El proyecto de ley enviado por Felipe Solá a fines de 2005, que dispone el sistema de representación proporcional (D’Hont) en las elecciones de la provincia en lugar del actual sistema de “pisos”, ha sido eliminado de la agenda de tratamiento en la Legislatura. Al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, último paradero del proyecto, están José María Eseverri (FpV) y Mónica Litza (PJ), dos incondicionales del actual gobernador.

Solá hizo presentar este proyecto después de su pelea con Duhalde (marzo 2005), como parte del operativo tendiente a su reelección.

En la Provincia de Buenos Aires existe un régimen fraudulento que ha sido preservado por todos los gobiernos y sus respectivas oposiciones patronales a lo largo de los últimos cincuenta años. En lugar del reparto proporcional que se emplea para integrar el Congreso de la Nación (y que tiene, de cualquier modo, el antidemocrático piso del 3%), en la provincia los cargos se distribuyen con un método que impone a los partidos un piso mínimo y elevado de votos para acceder a una banca. La fórmula que se aplica (artículos 109 y 110 de la Ley Electoral 5109) toma la cantidad de votos válidos y los divide por el número de cargos electivos en juego. Se obtiene así un cociente electoral que constituye el piso mínimo para poder acceder a una banca. En caso de que un solo partido alcance el cociente, se queda con todos los cargos a repartir.

La imposición del sistema de cocientes no es ingenua. Según el estudio de uno de los diputados de la UCR: “en la Cámara de Diputados hay un 30% de legisladores que no obtuvieron los votos, sino que ingresaron gracias al sistema de cocientes" (Juan Carlos Morán, en La Tecla, 9/11/06).

Fraude en los municipios

Este mismo sistema se aplica en los municipios. Los distritos del Conurbano tienen, en promedio, entre veinte y veinticuatro concejales, según la cantidad de habitantes, que se renuevan por mitades. Cada dos años se ponen en juego entre diez y doce bancas, de modo que para acceder a un lugar hay que obtener, como mínimo, entre el 8,33 y el 10% de los votos. Superado este porcentaje, los partidos reciben tantas bancas como veces cabe el cociente electoral o “piso” en el número de votos obtenidos. Los puestos “sobrantes” se reparten entre los más votados.

De este modo le fue arrebatada la banca de concejal al PO en Mercedes en 2001. Obtuvo más del 8% de los votos y la aplicación del “piso” lo dejó fuera del Concejo Deliberante.

Fraude en las secciones

Existe otro mecanismo de fraude no menos escandaloso. La Provincia de Buenos Aires se divide en siete secciones electorales. De ellas, dos, la Primera y la Tercera, concentran a los distritos del Conurbano en los que vive hoy el 64% de la población de toda la provincia (en términos aproximados, 9 millones sobre 14). Sin embargo, la representación política es del 37% en diputados (33 sobre 92 en total) y en senadores (17 sobre 46 en total). En términos históricos este régimen permitía que los distritos menos poblados o dominados por la oligarquía tuvieran una representación similar o mayor que los populosos distritos obreros del Gran Buenos Aires. En 1951, el peronismo estableció un cambio que asignó para las secciones Primera y Tercera casi el 50% de los diputados y senadores a elegir por toda la provincia, pero este régimen fue abolido siete años después, por la Libertadora. La ley electoral vigente fue modificada por última vez, manteniendo todos sus rasgos fraudulentos, por Oscar Alende (1961), revelando tempranamente los límites del “progresismo” en la política nacional.

El fraude es cada vez más el método de gobierno de la burguesía, y una de sus llaves maestras está en la Provincia de Buenos Aires. Es el “peronismo bonaerense” que Felipe Solá, antes de su ruptura con Duhalde, caracterizó como “el proyecto político más importante del país en los últimos veinte años” aunque “mucha gente hace suyo el prejuicio… de que es un grupo de gordos, negros y mafiosos” (La Nación, 9/11/03).

Destruir este régimen plantea votar y llamar a votar al PO.