Políticas

26/4/2022|1643

¿Quiénes pagamos la “presión impositiva”?

Un sistema profundamente regresivo que recae sobre los consumidores.

La mayor parte de la recaudación se obtiene por medio del IVA.

En las últimas semanas el tema impositivo estuvo en el centro de los debates, a raíz del sobrecumplimiento fiscal obtenido en el primer trimestre 2021 y del “tractorazo” como reacción del capital agrario al posible gravamen sobre la renta extraordinaria. Sin embargo, poco se dijo sobre el carácter regresivo de la estructura tributaria del país, cuyo principal sostén son los impuestos al consumo popular.

Si bien existen 165 tributos en Argentina -contabilizando los de orden nacional, provincial y municipal- el 91% de la recaudación total se concentra en 12 de ellos, de los cuales una buena parte impacta en el precio final que deben abonar los consumidores. Los datos se desprenden de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

De ese puñado de tributos que representan casi la totalidad del ingreso fiscal del país encontramos al IVA, que hasta productos de primera necesidad lo contienen, a Ingresos Brutos, el cual las empresas suelen trasladar al precio final, al Impuesto a las Ganancias, cuya cuarta categoría confisca a los salarios, al Impuesto a los Combustibles, que lejos de afectar a las petroleras lo deben pagar los trabajadores cada vez que van al surtidor, y la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal, que se paga en todos los barrios sin importar las condiciones habitacionales.

En ese sentido, tenemos que en 2021 el IVA abarcó el 36,7% de la recaudación tributaria nacional e Ingresos Brutos el 75,4% de la recaudación de las provincias, según un estudio publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Ambos impuestos recaen fundamentalmente sobre el bolsillo de los sectores populares y su carga viene en ascenso a partir de la escalada inflacionaria -en el caso del IVA- y del último Consenso Fiscal que permite aumentar Ingresos Brutos, sin una política de apertura de los libros de las empresas que evite el traspaso de dicho impuesto al precio final del producto que pagan las familias trabajadoras.

Ahora bien, es inevitable que los lineamientos fiscales del FMI promuevan la suba o creación de algunos impuestos que puedan afectar a cierto sector de la clase capitalista y suscitar choques. No obstante, la presión fiscal que pesa sobre las patronales es mucho menor -en términos relativos y absolutos- a la que debe afrontar la población trabajadora. Veamos por caso lo que sucede con el IVA, a través del cual entraron $384.314 millones en marzo 2022 mientras que lo ingresado vía derechos de exportación fue de $136.587 millones, tal como informa la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Pero el gobierno se muestra complaciente con los pulpos agrarios, dejando en claro que no subirá las retenciones a los granos y que los productores estarán eximidos del difuso gravamen a la “renta inesperada”; en contraste, no tiene ningún reparo en valerse de la alta inflación para apropiarse de una porción cada vez más amplia de los ingresos populares por medio del IVA, uno de los pilares centrales a la hora de alcanzar el “déficit cero” que exige el Fondo.

Los gravámenes al consumidor final por definición eximen las inversiones y operaciones comerciales empresarias. Esto, sumado a que los capitalistas recurren a múltiples mecanismos de evasión, algunos ilegales y muchos otros concedidos por los distintos gobiernos, como la reducción constante de los aportes patronales y los regímenes especiales de exención impositiva que rigen para ciertas ramas, sobre todo las exportadoras puesto que generan los dólares que el oficialismo necesita para hacer frente al pago de la deuda.

Frente a la regresividad imperante, planteamos la necesidad de abolir los impuestos al consumo popular como el IVA, junto con la eliminación del impuesto al salario y el impuesto a la vivienda única. Como contrapartida, es preciso reponer los aportes patronales y crear un impuesto permanente y progresivo al gran capital. Lo anterior debe formar parte de un plan político y económico comandando por los trabajadores, donde la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda ocupen un lugar central.