El nuevo brote de hantavirus en Chubut ha puesto en el banquillo de los acusados al gobierno provincial y al gobierno nacional. La devaluada Secretaría de Salud nacional instrumentó un recorte del 86% para este año en los fondos destinados a la provincia. A esto se le suma los recortes de 65 millones de pesos en salud que ha llevado adelante el gobierno provincial.

El gobierno no ha puesto la prioridad en atender la salud pública de sus habitantes, en una región donde el hantavirus es endémico y donde hace 20 años se manejan indicios de contagio interhumano. Ha hecho falta que estalle el peor brote de la historia para garantizar algo tan elemental como los insumos para su análisis de laboratorio en la provincia. No vale, entonces, que los ministros chubutenses se lamenten ahora por la “tragedia”. Lejos de un plan de contingencia, el gobierno se ha limitado a mover el aparato de seguridad, no obstante lo cual en Esquel 25 policías se han excusado o presentado carpeta médica para evitar viajar a Epuyén.

El gobierno tiene que garantizar la cobertura total de las necesidades de los enfermos y sus familias. Recién ahora, cuando el hantavirus lleva 10 muertos y cientos de personas en aislamiento, el gobierno habla de incorporación de más personal. Esta medida debería efectivizarse en forma urgente, garantizando el pase a planta de los contratados y respetando el convenio.

Para enfrentar el hantavirus necesitamos conformar comités de trabajadores que garanticen la aplicación de medidas de bioseguridad en todos los ámbitos laborales y supervisen el cumplimiento de las disposiciones. 

La crisis provincial

El brote viene a potenciar una crisis que ha llevado al gobierno a desmantelar el sistema de salud. Los trabajadores han salido en este último tiempo a la lucha contra ese vaciamiento de los hospitales, la degradación de los profesionales de la salud, la falta de personal e insumos médicos, y los intentos de precarización laboral bajo el ataque al convenio colectivo de trabajo.

El gobierno provincial, que tiene como meta el pago exorbitante de 11.000 millones de pesos de deuda pública, se muestra decidido a ajustar el salario real de docentes y estatales (que ya se redujo un 13,9%). Se prevén para este año recortes en jubilaciones y en asignaciones, mientras se producen los tarifazos de luz, agua, gas y transporte.

Sin embargo, al gobierno de Mariano Arcioni los números no le cuadran. Un tercio de los ingresos que estima el presupuesto provincial que corresponden a regalías hidrocarburíferas están cuestionados, porque el precio del barril está por debajo de lo esperado, lo que impacta también con más despidos en el sector, agravando la crisis de conjunto que ya tiene frenada a la obra pública.

Ni el radicalismo-Pro, Chubut Somos Todos o el PJ-kirchnerismo tienen un programa de salida a esta crisis, sino que han hecho uso de ella para perpetuar la escandalosa confrontación por el adelantamiento o no de las elecciones provinciales.

El único modo de luchar contra el ajuste es la movilización popular y una salida política independiente de los gobiernos ajustadores. La estrategia de “no hacer paros en año electoral” nos conduce a la derrota, va de la mano con los que llaman a “la más amplia unidad” con los ajustadores. Contraponemos a ello la necesidad de que el movimiento obrero impulse la convocatoria a un Congreso de delegados de base de todos los sindicatos de la provincia, de la CGT y las CTA, para votar un plan de lucha con los métodos de la huelga, los piquetes y la asamblea.