La crisis de conjunto se ha agravado en la provincia. A Ortega le quedan tres meses de gobierno y desesperadamente está procurando llegar a octubre sin que se produzca algún estallido. Por eso está evitando aplicar una serie de medidas que está reclamando el bussismo para disminuir el déficit mensual, que llega a los 15 millones de pesos. Entre esas medidas está la transferencia de la Caja Provincial, una ley de jubilaciones anticipada, la prórroga del “bono” hasta 1999 (vence a fin de año), y una recolocación de los bonos Independencia por 200 millones de pesos. La tensión entre FR y el gobierno se ha alimentado también en relación a la disputa por el nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuenta, de los órganos de control de las empresas privatizadas, de los miembros faltantes en la Suprema Corte y en el Tribunal Constitucional (un organismo clave, pues es el que determina el carácter constitucional de las leyes, hasta la sanción de las mismas por vencimiento de tiempo).

Los medios han recogido la postura de un ala del bussismo que plantea no asumir la gobernación si no se establecen garantías políticas y financieras de gobernabilidad de la provincia. Uasuf, un dirigente bussista, reclamó una auditoría del Banco Mundial para establecer cuál es el real endeudamiento del Estado, haciendo trascender que superaría los 600 millones de dólares, cifras que superan largamente lo admitido hasta ahora por el gobierno.

La crisis de las finanzas públicas se combina con un derrumbe de los precios del azúcar ante una zafra excepcional (se estima que la producción nacional llegará a 1.500.000 tn.) y una caída de la demanda de la industria alimenticia. Esto ha potenciado los choques entre los ingenios, por un lado, y por la sanción de una ley promovida por el bussismo, por la cual se crea la Comisión Provincial del Azúcar y un modelo tipo para los contratos de maquila. Los dirigentes de la CART lograron el veto de Ortega para tener las manos libres para negociar con los cañeros la contratación de la caña, en condiciones más ventajosas.

Los empleados públicos están cobrando los sueldos con un mes de atraso. La tarifa del agua acaba de subir un 100%, el boleto un 15% y los despidos son imparables. Sólo en esta zafra, 15.000 zafreros fueron reemplazados por las cosechadoras integrales.

Durante julio, numerosas reparticiones estuvieron parando y hubo algunas movilizaciones por el atraso en los pagos, pero la dirigencia, tanto del CTA como del MTA, se niega a encarar la lucha de conjunto, e incluso una lucha de conjunto de sus propios gremios. En ese marco, tanto en la sanidad como en ATE y en otros gremios (municipales), sectores de activistas y delegados están motorizando por medio de asambleas la lucha y coordinaciones. Avanzar en este sentido es la tarea central.