Políticas

12/6/2003|804

El ingreso de otra videlista a la Legislatura

La incorporación de Elena Cruz a la Legislatura en reemplazo de Aníbal Fernández, que ha pasado a ocupar el puesto de jefe de Gabinete de Kirchner, viene desatando polémicas y controversias. Cruz, que integró la lista Cavallo-Beliz en la última elección de la Ciudad, ha declarado en varias ocasiones su apoyo a la represión de la dictadura militar, sin hacer excepción con las torturas ni los asesinatos. Algunos legisladores de la UCR, de centroizquierda e IU, y hasta varios que ingresaron a la Legislatura en la misma lista de Cruz, impugnan que, con esos antecedentes, pueda ocupar una banca de diputada. Para reforzar el planteo, el ex candidato a vicepresidente por IU, Marcelo Parrilli, la ha acusado formalmente ante la justicia por “apología del delito”.


Cruz no es, de todos modos, una mosca en la sopa; varios legisladores que han ingresado por la lista Cavallo-Beliz han respaldado con sus opiniones a la dictadura y alguno de ellos integró sus filas como ministro – es el caso de Santiago de Estrada, que fue secretario de Seguridad Social del “proceso” y hoy funge como jefe del bloque justicialista. Si se rasca un poco en cualquier régimen democrático de países que hayan pasado por el fascismo o dictaduras militares, se encuentra que la mayoría de sus figurones han sido colaboradores o funcionarios de ellas. Si se trata de opiniones y declaraciones exclusivamente, en el caso argentino no se salvan los Borges, Sábato o Ruiz Guiñazú, que dieron su apoyo a Videla en los primeros días de la dictadura; ni el ex candidato de IU, Vicente, que justificó el accionar de la dictadura cuando se trataba de combatir a lo que llamó la subversión; o el apoyo oficial brindado por dirigentes del PC al régimen mil itar; o el caso más reciente de varios progresistas que apoyaron la represión de Alfonsín y los carapintadas al asalto al cuartel de La Tablada, en 1989. Lo que se concluye de todo esto es que “se tienen que ir todos”, no sólo Cruz.


El problema con Cruz es que para vetarle el acceso a la Legislatura hay que valerse del arsenal represivo del Estado capitalista. Habría que aplicarle el “delito de opinión”, algo que el régimen constitucional afirma no admitir pero que existe en la legislación corriente bajo la forma del desacato, la injuria o la apología del delito. Por estos medios, el Estado castiga la propaganda socialista o revolucionaria, tipificándola como subversiva o apologética de la violencia. En Santiago del Estero, por ejemplo, se pretendió impedir el acceso a la Legislatura a una activista de ATE debido a su participación en las importantísimas luchas que precedieron al santiagueñazo. Altamira tiene pedida una cuestión de privilegio por la legisladora Marta Oyhanarte con motivo de haber expresado, en un intercambio de opiniones con otro diputado, que “no me importa la Constitución”.


El problema, entonces, de las opiniones o declaraciones de Elena Cruz es que puedan servir como pretexto o razón para reforzar el arsenal de los recursos represivos y por lo tanto el despotismo del Estado capitalista. La cuestión del momento no es la defensa de la democracia contra una amenaza real del fascismo, sino la lucha contra la propia democracia de contenido explotador, que impone en Argentina el hambre, la miseria, la entrega y la propia represión. Que la Legislatura es parte del Estado capitalista se pone de manifiesto cotidianamente cuando defiende y protege las relaciones sociales y políticas capitalistas y los derechos de los capitalistas. Una proscripción dictada por la Legislatura en función de opiniones o declaraciones es un reforzamiento del despotismo estatal. Es un refuerzo de la capacidad represiva de la clase patronal contra la clase obrera.


Una lucha contra el fascismo real, contra las dictaduras reales y contra sus representantes prácticos, tampoco se libra con el Código Penal en la mano sino con la organización de las masas y con las armas. Una disposición legislativa que ilegalice a un partido realmente fascista quedaría reducida a un pedazo de papel si los obreros no destruyeran efectivamente a esa organización fascista; apoyaríamos esa declaración de ilegalidad como parte de una lucha revolucionaria contra el fascismo pero de ningún modo para encubrir las relaciones cómplices de los demócratas burgueses con los fascistas. El enemigo del momento no es Cruz sino el Estado capitalista opresor (que mató a Kosteki y Santillán, desalojó a tiros a Brukman y Sasetru, absolvió al asesino del piquetero Barrionuevo). Con una condena a Cruz de la mano del Código penal, este Estado reforzaría, por un lado, su arsenal de represión y, por el otro, disimularía aún más su carácter capitalista y opresor con un falso manto de defensa de los principios democráticos.


En 1985, el Partido Obrero fue el único que se opuso a la declaración del estado de sitio por decreto presidencial (inconstitucional), que había sido emitido para reprimir una supuesta conspiración derechista. Denunciamos que servía para reforzar la capacidad represiva del Estado y para nada para desarticular el complot que se denunciaba. Advertimos que este ataque a las libertades disimulado como un enfrentamiento contra la derecha acabaría siendo efectivamente aplicado contra la izquierda. Fue lo que ocurrió en 1989, cuando Alfonsín volvió a sacar un decreto (inconstitucional) de estado de sitio, pero esta vez para reprimir las ocupaciones de supermercados y detener a la totalidad del Comité Nacional del Partido Obrero.


En la Argentina “democrática” Domingo Bussi fue parlamentario y gobernador, no porque lo hubiera elegido el pueblo sino porque, antes, los “demócratas” lo habían blanqueado por sus crímenes prácticos con el punto final y la obediencia debida. No es que Bussi no debía estar en el Congreso o en la Casa de Gobierno de Tucumán; es que Bussi debería estar purgando perpetua en alguna de las cárceles habilitadas.


A nadie se le puede escapar que una punición contra Cruz formaría parte del folklore democrático que ha instaurado Kirchner en los primeros días de gobierno, sin siquiera esconder que tiene por finalidad asentar políticamente a su gobierno para mejor llegar a un acuerdo con el FMI o reestructurar las relaciones capitalistas quebradas por la bancarrota económica. El presidente con Corte adicta en su provincia quiere estrenar credenciales democráticas con un embate limitado a Nazareno, en la Corte, o a dos pollos de Barrionuevo, en el Pami, mientras se hace una escapada a Formosa para apoyar la re-re del gobernador Insfrán. El pseudo drama que se quiere escenificar desde la Rosada, algunos quieren transformarlo en sainete en la Legislatura.