Políticas

19/5/2005|900

El juicio de Puente Pueyrredón: Duhalde y Solá tienen que pagar

La leyenda, inscripta en los veinte metros de un cartel del Polo Obrero frente a los tribunales, reafirmó una línea profunda de los familiares de Kosteki y Santillán en el marco de la Comisión Independiente de Lucha por el Juicio y Castigo de la masacre de Avellaneda.


La potente columna encabezada por el Frente Darío Santillán y el Polo Obrero, con Alberto Santillán, Vanina Kosteki y demás familiares, y el resto de las agrupaciones, marcó la continuidad histórica del movimiento por el que perdieron la vida Maxi y Darío.


El documento leído en el acto denuncia a la clase social que “mandó a restaurar el régimen golpeado” por el Argentinazo. Denuncia que “así se lo habían exigido públicamente el FMI; Crotto, de la Sociedad Rural; Escasany, de los grupos financieros con el apoyo de los grupos económicos más favorecidos por la devaluación como Pérez Companc y Techint; varios gobernadores —Romero, De la Sota, Marín, entre otros—, y también los voceros del poder, los grandes medios de comunicación”.


A partir de esta caracterización, el documento añade: “Este manto de impunidad no sólo está garantizado por la Justicia; también tiene como garante al actual presidente Néstor Kirchner, surgido de un acuerdo político con Duhalde”. Por eso, reclama “la apertura de los archivos de la Side que el Presidente negó”.


La Comisión nació del rechazo a la política de cooptación de los familiares, y ha quebrado el intento de Kirchner de bajar al movimiento piquetero del escenario político nacional.


El MTD Aníbal Verón y la CCC (integrante del Consejo Consultivo de Duhalde en el momento de la masacre) se movilizaron sin participar del acto ni suscribir el documento por disentir con su contenido. Una conducta similar adoptaron el MTR Martino, los grupos peronistas y el PC, del Encuentro de Rosario.


La actitud frente al gobierno de Kirchner dividió al movimiento en el que militaron Santillán y Kosteki. El ala más crítica, junto al Polo Obrero en la Comisión del Puente, retomó el camino de la unidad del movimiento piquetero para luchar contra el gobierno de Kirchner por las reivindicaciones obreras por las que murieron los compañeros.


El alegato de Claudia Bracamonte, integrante de Apel, defensora de las tres hermanas Kosteki, chocó con la exigencia del Tribunal que exigía “atenerse a los hechos”: “Fue una operación de Estado —dijo Claudia—, advertida con antelación; pedimos la imputación de los funcionarios políticos citados en el proceso” (Clarín, 18/5).


Con este planteo empezó un nuevo capítulo de la lucha por el juicio y castigo, que para nosotros no se agotará en la lucha por perpetua para Fanchiotti y Acosta: plantea la lucha política contra los Kirchner, los Duhalde y los Lavagna, contra los Vanossi y los Genoud de la UCR, contra el aparato represivo que capitanean los partidos capitalistas que hoy nos reprime, nos procesa y nos encarcela.


La movilización política para sentar junto a Fanchiotti a Duhalde y a Solá, y desenmascarar a Kirchner, es una bandera para todo el movimiento piquetero y popular. El próximo escenario será el 26 de junio, cuando se cumpla el tercer aniversario de los asesinatos del Puente Pueyrredón.