Eduardo Aliverti descarga su ataque contra la izquierda porque, frente a la llamada ley de servicios de comunicación audiovisual, no comprendería “como tácticamente imprescindible el consolidar un campo de acción mucho mejor que el actual”, para seguir recluida “en divagues retóricos a la espera de la revolución proletaria universal” y en mantener una “vocación de poder” limitada a las “tribus de centros de estudiantes de la facultad” (Página/12, 23/03).

Desde la banca que ocupó en el Teatro Argentino junto con su mecenas, Carlos Heller, anticipa un llamamiento a “no ser funcional a los intereses del sistema” para pasar a ser funcional al matrimonio presidencial.

Y nos interpela a gritos: “¿Qué carajo puede cuestionársele, con honestidad ideológica, a que dos tercios del espectro de radio y televisión puedan quedar en manos del sector público, de organizaciones sociales, de universidades, de cooperativas, de sindicatos?”

Todo, Aliverti, todo.

En primer lugar, porque la suma de dos tercios oculta -con poca honestidad intelectual- que uno se lo asigna el Estado. “A la espera de la revolución proletaria” debemos entender que se trata del Estado burgués, que por todos los medios se esfuerza por someter ideológica y políticamente a los trabajadores. Este mismo Estado ha sostenido una política de comunicación que no sólo continuó la ley de la dictadura sino que la profundizó en sus aspectos más privatizadores y concentrados. ¿O para no ser funcional a los intereses del sistema es necesario apoyar al gobierno que extendió las licencias en una noche de 2005, autorizó -hasta ahora- la fusión monopólica de Multicanal y Cablevisión en manos del -también hasta ahora- enemigo público Clarín y negoció en España con el pulpo Telefónica la entrada del triple servicio?

En segundo lugar, porque el tercio restante es una entelequia. O peor aún, un encubrimiento con todas las letras. Porque ¿qué entiende el gobierno por cooperativas: las que arman los trabajadores obligados porque el Estado no expropia las fábricas vaciadas por sus dueños o el Credicoop y las telefónicas del interior? ¿Y qué entiende por sindicatos? ¿Alguien cree con honestidad de alguna índole que el gobierno le otorgaría una frecuencia a la comisión de delegados del Subte, al que no reconoce y le manda la patota, en lugar de regalarla a la burocracia de la UTA y de la CGT?

Y, además, ¿cómo se financia ese tercio restante? ¿Con fondos públicos, con auspicios de empresarios nacionales y populares, con publicidad oficial? Porque, si uno se toma el trabajo de leer las 149 páginas del anteproyecto, descubrirá, por ejemplo, que “las Universidades Nacionales podrán ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión” (artículo 130), para luego plantear que se financiarán con recursos provenientes de “asignaciones presupuestarias atribuidas en las Leyes de Presupuesto Nacional y en el presupuesto univesitario propios”, “venta de publicidad”, “recursos provenientes del Consejo Interuniversitario Nacional”, “donaciones”, “venta de contenidos de producción propia”, “auspicios o patrocinios” (artículo 131).

Para seguir con la vena intempestiva: ¿a “quién carajo” se le ocurre que se financiarán estos medios en un cuadro de asfixia presupuestaria de las universidades nacionales que ejecuta este gobierno; cuando más del 90% de ese presupuesto apenas alcanza a cubrir el pago de salarios a docentes y no docentes, que están muy por debajo de la canasta familiar; cuando los edificios están colapsados o, como recientemente en la Facultad de Medicina, se incendian por el precario sistema eléctrico?

Aliverti se lanza con todo a defender el anteproyecto del gobierno. Supera incluso a Horacio Verbitsky, quien el día anterior había confesado que un “punto polémico es la posibilidad de que los prestadores de servicios públicos, como las dos grandes telefónicas” desembarquen en el negocio del cable (Página/12, 22/3), y se preguntaba si no “debería mantenerse la prohibición”, Cierto que termina cerrando filas: que “cada uno decida si es más merecedor de su voto el gobierno que propone esta reforma o la oposición, que anuncia su alianza con los grupos económicos para resistirla, o que tiene intereses creados en la situación preexistente”. Es lo que hay, nos dice el otro crítico de la “paleoizquierda”, para sumarse al coro kirchnerista.

¿Debería sorprendernos la intervención de Aliverti? Ya no. Pero no podemos dejar de señalar que es lamentable.

Santiago Gándara