El presidente de la Lotería de la provincia de Buenos Aires, Melitón Eugenio López, hombre de confianza de la gobernadora María Eugenia Vidal, renunció a su cargo en desacuerdo con el aumento de los gravámenes al juego que, dijo, provocará un golpe a la actividad (mayoritariamente en manos privadas) y “una caída de ingresos a las arcas de la provincia”.

El ahora ex funcionario se refiere al incremento de un par de puntos en Ingresos Brutos de la provincia, pero apunta por elevación a la posibilidad de que el Parlamento nacional apruebe impuestos al juego, compensatorios de una eventual rebaja del Impuesto a las Ganancias. La burocracia de los sindicatos del sector, que lanzó un paro general por tiempo indeterminado en apoyo a las patronales del juego, apunta en el mismo sentido.

El renunciante López –junto a otros lobistas de la actividad– jugó su papel para que el aumento de 7 puntos en el impuesto al juego para el 2017 que había anunciado Vidal, finalmente fuera reducido por la gobernadora a solamente 2 puntos.

La vocación de López por el “cuidado” de los ingresos del gobierno bonaerense tiene sus fundamentos. López es un empresario futbolístico que representó, entre otros, a jugadores como Angel Di María y Nicolás Otamendi, y está vinculado con Daniel Angelici, presidente de Boca y empresario del juego con intereses en la provincia de Buenos Aires. O sea, el zorro cuidando el gallinero.

Angelici, hombre del riñón de Macri, mantiene una relación societaria con Daniel Mautone, empresario binguero que figura en el podio de las firmas con más facturación en la Provincia, junto a la española Codere, según denunció un diputado del Frente Renovador. A ellos se le suma, claro, el K Cristóbal López, que tiene casinos y bingos diseminados por todo el país.

Mautone fue uno de los primeros en movilizar a los “patrones” del juego contra el aumento en el Impuesto a los Ingresos Brutos. Angelici tomó la posta y encabezó el lobby que hizo retroceder sustancialmente el porcentaje de aumento previsto en los Ingresos Brutos que se iba a aplicar en la provincia.

En el proyecto de Presupuesto presentado por Vidal, la suba en la carga tributaria para el año próximo fue reducida a esos 2 puntos en el impuesto al juego, a los cuales se les sumó una entrada de $20 en los bingos y salas de apuestas, que iría a las arcas provinciales. Como contracara, el impuesto inmobiliario, que afecta a millones de familias humildes de la provincia, fue incrementado en un 38 por ciento.

Según versiones periodísticas, el ministro de Economía de la provincia, Hernán Lacunza, habría dicho que los empresarios del juego “la juntan en pala”, aunque igual aceptó reducir el incremento.

Pero los timberos quieren seguir “llevándosela en pala”. De allí la presión, con renuncias incluidas. A ellos se les sumó la burocracia sindical del sector, que desvía la disposición a la lucha de los trabajadores que quieren pelear por sus fuentes de trabajo, para colocarse, una vez más, en la defensa de los intereses empresarios.    

El sindicato de los juegos de azar (Aleara), que boicoteó y envió patotas para reprimir y liquidar al histórico conflicto del 2007 en el Casino de Buenos Aires (propiedad de Cristobal López) y que deja pasar despidos y atropellos de las patronales, junto a los sindicatos de hipódromos y agencias de apuestas (Aphara) y turismo, hoteleros y gastronómicos (UTGHRA), decretaron un paro general en apoyo a las patronales en su reclamo de que no les aumenten los impuestos a la actividad.

No plantea una salida de los trabajadores  y la lucha contra los despidos y las condiciones de trabajo.  Hay que exigir que las empresas abran sus libros para se pueda ver cuál es el la verdadera situación del negocio y determinar también cuales fueron los montos de las suculentas ganancias que amasaron durante años y adonde fueron a parar.

El negocio del juego tiene dimensiones impresionantes y tuvo un fenomenal crecimiento en la “década ganada”: de las 230 salas de juego que había en 2003 saltaron a 502 a principios del 2015. Las máquinas tragamonedas pasaron de 1.340, en 2003, a 6.031 en 2014, solo en la Capital Federal. En la provincia de Buenos Aires, en 2003, había 6.488 máquinas tragamonedas y el número trepó a 21.870 en 2014.

Un grupo reducido de empresarios facturaron, en 2013, 105.600 millones de pesos entre bingos, casinos y tragamonedas. Se estima que en el 2016 facturarían aproximadamente el doble. Esa suculenta “torta” es la que defienden.

En este cuadro, el aumento de dos puntos de Vidal parece un chiste. Y los reclamos de los lobistas, un despropósito motorizado por el afán de lucro fácil. La gobernadora descarga el grueso de la presión tributaria sobre las masas trabajadoras y es indulgente con bingueros y terratenientes.

En el terreno nacional, habrá que ver cuál es el resultado final del debate sobre el Impuesto a las Ganancias y el resultado que logra en esa puja el poderoso lobby de los timberos.

El juego no debe quedar en manos de empresarios privados. Es una actividad que explota la desesperación popular provocada por las miserias del régimen social y genera una adicción que, en sectores humildes de la población, puede provocar estragos. La actividad debe pasar a manos del Estado garantizando todas las fuentes y condiciones de trabajo establecidas por los convenios. Y el Estado debe realizar fuertes campañas para desalentar el juego.

Se trata de una medida transicional hacia la abolición de la actividad, en el marco de un gobierno de los trabajadores, o sea de otro régimen social.