Un informe de la Auditoría, que denuncia el incremento de los intereses de la deuda externa por 56.275 millones de dólares, ha sido confirmado sin la menor sombra de dudas. Es que los auditores Fadel y Casabello, que le informaron a la prensa que aún no habían dictaminado acerca de la legalidad del mega-canje que hiciera Cavallo a mediados de año, confirmaron que eso sí se había hecho con la parte del informe que investigó los aumentos que el mega-canje produjo en el capital y los intereses. Por el primero, 2.800 millones de dólares, y por el segundo, la cifra ya mencionada. Todo esto está relatado en el “insospechable” La Nación (2/10).

El aumento del capital resulta de haber comprado los nuevos títulos a un precio superior al que fueron vendidos los canjeados. El aumento en los intereses resulta de haber acordado tasas que duplicaban las de los títulos intercambiados (del 8 al 16%). De este modo, un canje de 30.000 millones de dólares provocó la suba anual de los intereses de casi 2.500 millones a 5.000 millones. Como el plazo de pago de la deuda se extendió en 20 años, el incremento llega a los 50.000 millones señalados.

Un grupo de auditores, incluidos los del Frepaso, se niega a cuestionar la legalidad del canje, a pesar de que tuvo lugar sin la intervención del Congreso. Alega que, según la Ley de Administración Financiera, se cumplió con el requisito “de mejora de monto e intereses y/O (o mayúscula) de monto y plazo”. Precisamente, el empeoramiento de los intereses, multiplicado por la “mejora” del plazo (alargamiento) da como resultado la gigantesca estafa del mega-canje. Por eso, La Nación subraya que “las letras ‘y/o’ escritas en la ley resultarán claves al momento de discutir legalmente el asunto”. ¿Y los cincuenta mil millones? Pelito para la vieja.

Este desaforado incremento de la carga de la deuda externa contrasta con la propuesta que se hace ahora de re-programarla ¡para reducir los intereses! Para la nueva deuda re-programada, que estaría garantizada por el Banco Mundial y por la recaudación de impuestos y Aduana, Cavallo quiere una tasa del 8%; es decir, ¡la que llevó a la cesación de pagos y al canje! Naturalmente, la nueva propuesta no tiene destino. Antes que una tasa menor pactada con Cavallo, los acreedores prefieren que lo haga el “mercado”, o sea ellos, luego de que se declare la quiebra de Argentina. De paso, pretenden llevarse al Nación y al Provincia y la cartera de créditos agropecuarios en poder de éstos. Fue lo que hicieron hace dos años con Ecuador.

Ante todo esto, los radicales han propuesto “la creación de una comisión de seguimiento del mega-canje”. El Frepaso “evalúa la posibilidad de reflotar un pedido de informes al gobierno”. El ARI “exige la intervención de la Auditoría por no haber analizado a tiempo la legalidad del mega-canje”. Bla, bla, bla.