Un acuerdo muy confuso entre el menemismo y los diputados de la democracia progresista le permitió al oficialismo obtener el esquivo quorum que necesitaba para comenzar a tratar la privatización de las jubilaciones.

La base del acuerdo habría consistido en la promesa del oficialismo de modificar el carácter obligatorio de la “jubilación privada”, contemplada en su proyecto de ley, para convertirlo en optativo, aunque mantendría esa obligatoriedad para los que se incorporen de aquí en más a la vida laboral. Este “entendimiento” no fue suficiente, sin embargo, para dar lugar al tratamiento parlamentario inmediato del proyecto, que solo será considerado el próximo 28. Según el demoprogresista, Raymonda, que, sin embargo, no firmó el acuerdo, el motivo para dilatar dos semanas más el asunto era la necesidad de asegurarse de que los menemistas no les estuvieran metiendo el perro, y que una vez obtenido el quorum no volvieran al proyecto obligatorio. Así negocian los buitres.

Pero el perro está metido de cualquier manera ya que el proyecto “optativo” no dejará nada para optar, empezando por el hecho de que no se prevé un refuerzo de las Cajas del Estado, que las capaciten para mejorar las miserables prestaciones que otorgan en el presente.

Es evidente que si el propio Estado capitalista es partidario de la “jubilación privada”, su política será reventar aun más la jubilación estatal, para hacer realmente viable a la “privada”. No es casual que tanto el proyecto “obligatorio” como el “optativo” deroguen el beneficio del 70/82% móvil y que modifiquen el cálculo del salario al cese, para reducir el importe sobre el que se determina la jubilación.

De todos modos, todos los proyectos de jubilación “optativa” que han estado en danza en el último año contemplan gravar impositivamente a quienes elijan el sistema público, de manera de forzar al trabajador a elegir el “privado”. El Secretario de Ingresos Públicos, Carlos Tacchi, elaboró una propuesta para que todos los trabajadores comiencen a pagar el impuesto a las ganancias, al que será descontado del sueldo en forma obligatoria por la patronal, del cual quedarían eximidos los trabajadores que opten por el “sistema privado” de jubilacion (“voluntariamente”).

Es ésta precisamente la condición que imponen los bancos. “Sólo consideran viable un sistema optativo como el que ahora se discute en el Parlamento si se otorgan incentivos fiscales a quienes adhieren al privado”, manifestaron a “Clarín” (16/4) los hombres de la Bolsa. “En caso contrario, la ley será letra muerta”, agregaron. Conclusión: la “jubilación privada” solo puede entrar por la fuerza.

Es lo que hizo Pinochet en Chile y lo que acaba de imponer Fujimori en Perú. Cuando la prensa capitalista dice que los trabajadores chilenos optaron por el régimen privado oculta, precisamente, que quien se mantenía en el régimen actual sufría un descuento jubilatorio mayor, es decir, que cobraba un sueldo menor. En Perú, por la misma razón, quedarse en el sistema público causa un perjuicio salarial del 13%.

En resumen, el proyecto privatista sigue siendo el mismo especialmente cuando tratan de cambiarlo.

Adelante radicales

Pero, ¡oh!, la iniciativa que culminó con el acuerdo menemo-demoprogresita, no fue del menemismo ni de la democracia progresista sino … del radicalismo. Fue el “simpático” de Raul Baglini el que le planteó al gobierno un acuerdo posible de 10 puntos, el último de los cuales tenía que ver con la “optatividad”, aunque en el sentido de complementaria, es decir,queda la opción de adherir al régimen  “privado” además del estatal.

Cavallo aceptó los nueve primeros puntos enseguida, porque establecían elevar la edad jubilatoria a 65 años, derogar el 70/82%, modificar en perjuicio del jubilado la fórmula de cálculo del salario que se toma como referencia para determinar la jubilación, establecer un régimen discrecional de pensión de invalidez, etc., etc.

Este acercamiento entre menemistas y radicales impulsó a un amplio sector de la UCR a “afinar” su proyecto “alternativo”, para autorizar que las Administradoras privadas de jubilación y pensión puedan recaudar los aportes jubilatorios de los trabajadores, en reemplazo del Estado, ya no como complemento del sistema público. La banda de los banqueros radicales impulsa esta alternativa, encabezada por Machinea, Brodherson, del grupo Alfonsín, y por López Murphy, de Angeloz. Esta es la base social del acuerdo Alfonsín-Angeloz en las internas radicales.

Pero no sólo los banqueros radicales están haciendo “lobby” por el proyecto optativo; Naldo Brunelli también se incorporó a la  caravana. El primer proyecto de la CGT, de octubre de 1992, que incluía la version optativa, había sido luego retirado. De todos modos, aun está por verse si la burocracia ya obtuvo algo a cambio de este giro, por ejemplo en obras sociales, lo cual es muy improbable. Está claro de cualquier manera que la burocracia de la CGT tiene la pretensión de quedar adentro de un acuerdo radical menemista, de ninguna manera combatirlo.

¿Fin?

¿Todo está “cocinado”, entonces? Pero aunque algunos lo vean “jugoso”, el asunto probablemente se encuentre todavía“crudo”.

Es indudable que la variante “optativa” ofrece varias soluciones para los banqueros, en especial al problema representado por la posibilidad que el proyecto anterior ofrecía a una jubilación doblemente garantizada  del Banco Nación. Sin embargo, para el consultor de empresas, Eduardo Curia (Cronista, 19/4), con el nuevo proyecto “el sistema de  capitalización (jubilación privada) podría desvirtuarse fuertemente”. Además, “se corre el riesgo de que se reduzca notoriamente la escala” del negocio. Curia llega al extremo de preferir que quede intacta “la sustancia de la reforma” antes que “la seguridad jurídica que aporta una ley formal”. Es decir que prefiere el decreto de un proyecto “obligatorio” a una ley de un proyecto “optativo”.

Las contradicciones que aún afectan a la privatización de las jubilaciones son agudas e incluso violentas, y no contribuirá a atenuarlas la entrega en bloquede YPF, que ya ha colocado en la oposición a los petroleros “nacionales”, o los enfrentamientos entre los “capitanes de la industria” y el gobierno en torno a los Bocones que deberían ser entregados por pérdidas impositivas, o la imparable extensión de las investigaciones de la “tangente” en la Argentina. El FMI sigue criticando, en el proyecto jubilatorio, el reconocimiento de las prestaciones universales y complementarias a cargo del Estado, a las que responsabiliza por el enorme déficit fiscal que generará la privatización de la previsión social. Esta crítica se hace más pesada ahora que el gobierno ve disminuir drásticamente el llamado superávit de Tesorería.

Finalmente queda el tema de si el bloque radical se va a romper como consecuencia de la presión de los banqueros de la UCR. Baglini ha dicho que la “opción” que plantea Cavallo en nada se diferencia del anterior proyecto obligatorio. Aunque todas estas contradicciones están preñadas de consecuencias, esto de ninguna manera significa que de algunos de los bloques parlamentarios se plantee una salida para los trabajadores — como lo demuestran precisamente los nueve puntos de la UCR aceptados por Cavallo-Tacchi.

Esto es lo que tiene que tener claro el movimiento de oposición popular a la liquidación de la previsión social, para poder proseguir y profundizar esta lucha, cuyo alcance político puede ser enorme, ya que ningún proyecto en danza podrá satisfacer la reivindicación más elemental: los $ 500 para la jubilación mínima.