El ‘modelo productivo’ del saqueo del petróleo
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La huelga de los petroleros de Santa Cruz enfrenta en los hechos mucho más que una negativa patronal a otorgar un aumento de salarios o el pago de días caídos. La política histórica de gobiernos y empresas ha sido vaciar los recursos naturales. Una salida real a la crisis petrolera provincial, incluidos la recuperación del salario, la estabilidad laboral y el desarrollo integral del sector, sólo puede pasar por una nacionalización sin pago de los hidrocarburos santacruceños y su gestión por parte de sus trabajadores.
En 1992, la liberalización del sector petrolero –provincialización del dominio del recurso, precio internacional, reservas a manos de las empresas, libre disponibilidad del crudo– y la privatización de YPF fueron la señal de largada para un saqueo de las reservas en toda la línea. La producción de hidrocarburos durante los gobiernos de Menem, De la Rúa y Duhalde se aceleró hasta alcanzar niveles récord. Pero la exploración, que es la parte más costosa y arriesgada de esta actividad y la única que permite reponer lo que se extrae, apenas se llevó el 10% de la inversión petrolera nacional (Clarín, 2/8).
El ‘modelo productivo’ kirchnerista acentuó esta política y las inversiones en exploración cayeron a la mitad o al 20% del escaso presupuesto de los años anteriores. “En 1999 había un 25% más de petróleo y casi un 100% más de gas en reserva que hoy. Eso quiere decir que se extrajo más de lo que se repuso, incluso a pesar de que la producción de petróleo viene cayendo desde 1999 y la de gas se mantiene más o menos estable desde 2004. El año pasado, por caso, la cantidad de petróleo extraído duplicó al repuesto en las reservas, aunque la producción cayó un 5% frente a 2007” (ídem).
Según el ex secretario de Energía de Alfonsín, Jorge Lapeña, “Desde fines de los 90 las empresas petroleras pudieron destinar inversiones a extraer las reservas de petróleo y el gas sin hacer lo propio con la exploración para encontrar nuevas. Nadie les indicó lo contrario” (ídem).
Después de vaciar las reservas, las petroleras pretenden ahora sacarse de encima el costo de reponerlas. La salida que proponen Lapeña y otros ex secretarios de Energía, ubicados en la oposición burguesa y lobbistas de la patronal energética, pasa por favorecer ampliamente a estos verdaderos saboteadores del desarrollo nacional por medio de “precios y tarifas previsibles y estables fundados en la necesidad de cubrir los costos eficientes de producción y asegurar la prestación de servicios” (documento de los ocho ex secretarios de Energía). Su horizonte es llevar los precios internos de la energía al nivel de los internacionales.
Para estos ex funcionarios, el crecimiento de la producción local de petróleo y gas se debería lograr por medio de “seguridad a los inversores” y la “estabilidad tributaria” (ídem), que son el eje de la entreguista política minera desde Menem en adelante. Ello se proponen como los garantes del mantenimiento de la súper renta para las petroleras en momentos en que los Kirchner no logran dar esa seguridad.
La patronal petrolera ve en el conflicto salarial una oportunidad para lograr sus objetivos y el lock-out que practica desde el año pasado en toda la Patagonia tiene ese sentido. Pero cuando creyó que había dado un paso concreto, al conseguir el compromiso del gobierno nacional de que le entregaría unos 600 millones de dólares repartidos en 10 años y le pagaría 50% más caro el gas, se cayó el tarifazo que iba a financiar el paquete. Fue un paso en falso que también dio el gobernador santacruceño Peralta, uno de los sonrientes firmantes de ese acuerdo que encabezó Cristina Kirchner el 28 de julio.
La intransigencia de las petroleras en el actual conflicto salarial ha sido denunciada hasta por el gobernador Peralta y está demostrada en los hechos: rechazo cerrado a las propuestas de la parte sindical, hostigamiento a cualquier alternativa al acta del jueves 20 –no incluye los días caídos–, operaciones de prensa, calumnias y rumores. Las petroleras están avivando el conflicto en Santa Cruz para forzar un nuevo compromiso del gobierno que reemplace al que entró en el limbo por falta de fondos.
Derrotar a las petroleras es ponerle un límite parcial a esta política vaciadora, que no lo van a poner ni el gobierno nacional ni el provincial, cuyas políticas energéticas supeditan el desarrollo petrolero a los beneficios de las empresas. Los Kirchner, Peralta y la patronal del petróleo proponen que la población trabajadora pague la inversión de recuperar las reservas, que serán explotadas en forma privada para beneficio de las petroleras.
Los trabajadores debemos imponer una salida que ponga los costos en otro lado: expropiar sin pago a la industria petrolera, nacionalizar el petróleo y el gas, financiar la inversión para recuperar las reservas con impuestos al gran capital, los fondos que hoy se destinan al pago de la deuda pública y los recursos monetarios en manos de la banca privada, e integrar las ganancias de la actividad petrolera al acervo nacional con el que se financiará el desarrollo económico del país.
