La municipalidad de San Miguel está absolutamente quebrada. Tiene un endeudamiento estimado en no menos de 50 millones de dólares y una recaudación impositiva de no más del 18 por ciento. La responsabilidad directa es de Rico, que endeudó al distrito para financiar los negociados con las empresas “contratistas”.

Para salvar el negocio de sus compañías asociadas, Rico hizo aprobar en tiempo récord la privatización de los impuestos a manos de una empresa yanqui *Recovery SA- , la misma que prestó sus servicios a De la Sota y al intendente peronista de Pilar.

De acuerdo a lo “votado” por el Deliberante, la empresa tendrá este negocio por el período de siete años, con opción a tres más, y embolsará un suculento porcentaje a partir de superar lo cobrado en el ejercicio 2.001 o un mínimo de 350.000 pesos.

Existe además un negocio anexo. Para poner en funcionamiento el sistema, el erario municipal gastará 3.500.000 pesos, para montar un equipo de abogados, adquirir un programa de computación integral y actualizar el equipo informático. Recovery fue la única oferente, ya que el plazo de licitación no fue postergado ni a pedido del escarchado Aleman, patrocinante de la competidora Serve America.

El currículum de los integrantes de la empresa tipifica también al “nacionalismo municipal” de Rico. Algunos de ellos son Douglas Lee Albrecht (EUA), economista del Banco Mundial; y Jeffrey Scott Hoberman (EUA), consultor del Banco Mundial en relación con el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y a cargo, en pleno menemismo, de la reestructuración del Banco Hipotecario Nacional. FUERA RICO.

La Asamblea Popular de San Miguel ha tomado este tema como prioritario. Está planteada la apertura de los libros de la comuna al control de los trabajadores y vecinos, el cobro compulsivo a los grandes evasores y control de los recursos en manos de los trabajadores y de la asamblea popular, eximición de las deudas y del pago de impuestos a los trabajadores, desocupados y pequeños comerciantes y talleristas arruinados por la crisis; destinar los recursos obtenidos al sostenimiento del hospital Larcade, de las escuelas, urbanización de los barrios obreros, ofreciendo trabajo genuino a los trabajadores desocupados con cobertura legal y un mínimo de 600 pesos por ocho horas.