El negociado de la medicina privada y el descalabro de las obras sociales sindicales son dos caras de la misma moneda. Mientras las prepagas logran impedir que se les aplique algún tipo de regulación, las investigaciones sobre las burocracias sindicales revelan cómo las obras sociales se han transformado desde hace tiempo en un mecanismo de corrupción y regimentación del movimiento obrero.

Las prepagas se han negado históricamente a cualquier regulación, especialmente después de la desregulación de las obras sociales en 1997. Estas empresas parásitas han crecido con la captación de los aportes de asalariados que antes estaban en obras sociales, vaciándolas al obtener de ellas contratos de concesión y de gerenciamiento, al punto que el 60% de sus afiliados provienen del desvío de aportes de obras sociales (La Nación, 28/11). Sin controles en lo que hace a tarifas, prestaciones (de hecho, la única regulación actual es que deben prestar el Programa Médico Obligatorio, PMO) y cumplimiento de contratos con consumidores y proveedores, esto ha derivado en una fuerte concentración en la que las cinco primeras se llevan el 75% de la facturación.

La semana pasada, la Cámara de Senadores votó un proyecto de ley que tenía cajoneado desde agosto de 2008, el cual buscaba poner cierto límites a la actividad de las prepagas. Es notable que una regulación legal que no decía nada sobre el incremento de las tarifas (que quedaba para cuando se reglamentara la ley) o las prestaciones más allá del PMO haya sido combatida por las prepagas con el argumento de que “hará quebrar la actividad”. Según dice el sector, sus ganancias son del 2% o el 3% de la facturación. Se trataría, entonces, de un negocio inviable, que es rentable en tanto no se lo regule. “El esquema de negocio funciona sobre la base de una población sana que paga su cuota y subsidia a los que se enferman”, dice un experto (La Nación, ídem). Pero para que funcione ese “esquema” no hacen falta la salud privada ni sus negociados, porque ése es el mecanismo de funcionamiento de las obras sociales y de la salud pública. Es un principio elemental de solidaridad al que la ganancia empresaria distorsiona y lleva a incrementar la tarifa o cápita, de un lado, y a reducir prestaciones, del otro. De ahí que “las inversiones por habitante mensual van desde los 48 pesos para el sector estatal, que abarca a toda la población, pasando por los 116 pesos de las obras sociales provinciales y cifras mucho mayores en la medicina prepaga” (Ambito Financiero, 24/11). Algunos calculan que la tarifa promedio por persona de las prepagas en 2010 se ubica en 300 pesos (El Cronista, 25/11).

En este cuadro, las obras sociales se van transformando paulatinamente en comisionistas de las prepagas, a las que le cobran una cometa del 5 o del 10% por cada afiliado que derivan hacia ellas. Así, se acentúa el vaciamiento de las obras sociales -las que se quedan sin ingresos para sostener sus prestaciones- y se incentiva el paso de asalariados al negociado de la salud privada.

El proyecto que votó el Senado no dice nada de todo esto. Sólo se anima a plantear algunas pocas cosas que no pueden persistir más porque resultan intolerables para los afiliados. Así y todo, lo hizo con condicionalidades. Por ejemplo, las prepagas podrán cobrar cuotas diferenciales por edad o enfermedades preexistentes con autorización del Ministerio de Salud si logra “justificar” los costos. A lo que ahora los directivos de las prepagas le quieren agregar un subsidio estatal.

Incluso, el Senado eliminó un artículo que obligaba a las prepagas a “constituir una reserva técnica equivalente a la facturación mensual promedio. En el proyecto de Diputados se establecía que la mitad de esos recursos debían estar invertidos en herramientas financieras, como bonos públicos. En línea con la eliminación de este artículo sobre reservas, también se modificó un monto previsto de multas que estaba atado a esa variable” (La Nación, 26/11).

El otro cambio es que excluye del alcance de la ley a las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones, que son las que dirigen los hospitales de colectividades como el Italiano, Alemán y Británico, que aunque están constituidos como sociedades sin fines de lucro, han armado un esquema de ingresos fenomenal en base a planes prepagos. Curioso resulta que no está claro si en la redacción final, que llegará a Diputados para que refrende los cambios del Senado (lo que podría suceder esta semana), “se dejaría al margen de la regulación a las obras sociales sindicales (no a las de personal de dirección) por los afiliados que se adhieran en forma voluntaria; es decir, los que financian totalmente su cuota con fondos de su bolsillo y no con aportes salariales (en la versión original estaban incluidas)” (La Nación, 25/11). El ministro de Salud de la nación ofició de lobbista de la prepaga Osde, de los que un tercio de sus 1,3 millón de afiliados hacen aportes como una obra social y el resto paga la tarifa como aporte voluntario. Manzur quería dejar a más de 850.000 afiliados voluntarios a Osde a merced del apetito de la empresa, tal como están ahora.

La regulación de la medicina privada no avanza sobre las bases de este negocio completamente parasitario, que sobrevive a expensas del descalabro de las obras sociales y de la salud pública. E incluso, en los temas en los que sí avanza, lo hace de manera de afectar lo menos posible los ingresos privados. En ese sentido, los diputados y senadores se han mostrado como sometidos al poder de la billetera de los Osde, Swiss Medical y compañía.