02/11/2000 | 686

El negocio de las ONG y los pulpos inmobiliarios

La Legislatura porteña (el oficialismo y Cía.) tiene prisa para ‘saludar’ la próxima regimentación de la Ley 448 de Salud Men­tal; y las ONG y los privados ya se relamen con el negocio que se avecina.


Esta ley no apunta a solucionar un dé­ficit social, al progreso terapéutico, al per­feccionamiento científico, o a una nueva concepción o un nuevo abordaje de la pro­blemática de la salud mental, sino que en­cubre la privatización de los servicios de sa­lud y la expropiación y usufructo del espa­cio público por los pulpos inmobiliarios.


La ley no viene a solucionar ni a preve­nir las causas generadoras y responsables de los padecimientos mentales; esto es, la miseria social, la desocupación, el desam­paro, la frustración, la drogadicción.


La ley es, por el contrario, la culmina­ción de una historia que se inició hace dos años con el decreto N° 1961/ 98 del Gobier­no de la Ciudad, que establecía un convenio marco entre el Gobierno y la Sociedad de Arquitectos (firmado el 24/09/98, Reg. N° 34/98, Subsecretaría Legal y Técnica) que determinaba diversas “áreas vacantes” pa­ra la ciudad (área Hospitales: Rawson, Bor­da, Muñiz y Moyano). Por eso la ley plantea la “desmanicomialízación” y da “prioridad a las acciones y servicios de carácter ambula­torio, destinados a la promoción, preven­ción, asistencia, rehabilitación y reinserción social de los pacientes…” Es decir, se desmantelan los centros hospitalarios, el gobierne se desentiende del tema y se privi­legia la intervención de las ONG.


A las ONG esta ley les viene como ani­llo al dedo. Les permite desarrollar el nego­cio vinculado a la salud mental, creando fundaciones, residencias, casas de medio camino, granjas terapéuticas, talleres y otros entes; obtener subsidios del Estado y créditos internacionales (que engrasan los intereses y el capital de la deuda externa), y acumular pingües beneficios.


Por otro lado, la creación de la privatista Corporación del Sur se sustenta en la ex­plotación de las denominadas áreas vacan­tes, en beneficio de la especulación inmobi­liaria, el encarecimiento del suelo urbano, la elevación de los impuestos y el desplaza­miento de los asentamientos, inquilinatos, barrios humildes y los habitantes de meno­res recursos.


Las estadísticas no mienten


En los hospitales de la ciudad de Bue­nos Aires se asiste anualmente, en el área de psicopatología, a 1.200.000 pacientes, hay 75.000 nuevas consultas por año y más de 3.000 pacientes internados, y la tenden­cia va en ascenso.


La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa en el mismo sentido que “los desórdenes mentales representan el 12% de las causas de enfermedad en todo el mundo, cinco de las diez principales causas de discapacidad corresponden a problemas mentales. La depresión severa ocupa el quinto lugar entre las diez primeras causas de enferme­dad y se estima que para el año 2020 habrá saltado al segundo lugar” {La Nación, 10/10).


Para el director de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad, Roberto Lo Valvo, la realidad es muy distinta, y según sus pro­pias palabras el aumento de las consultas en los servicios de psicopatología de los hos­pitales porteños es muy leve (ídem).


Con el mismo criterio, el mencionado funcionario viene denegando desde hace tres años el giro de las partidas presupues­tarias aprobadas para el mantenimiento de la estructura del único centro monovalente (de asistencia ambulatoria) con que cuenta la ciudad de Buenos Aires: el Centro de Sa­lud Mental N° 3 “Doctor Arturo Ameghino”. Esta actitud viene siendo sistemáticamen­te denunciada por los profesionales de la institución (ver nota) motivo por el cual el bloque del Partido Obrero en la Legislatu­ra impulsa un proyecto de ley.


Sin reglamentar, se aplica


Donde se expresa acabadamente el pen­samiento oficial en cuanto a lo que debe ser la asistencia, es en las condiciones de haci­namiento a las que son sometidos los pa­cientes con trastornos mentales en los hos­pitales psiquiátricos de la ciudad, situación que no se soluciona con el cierre de los mis­mos ni con la expulsión (“altas médicas”) que se viene implementando en el Borda, donde un centenar de pacientes han sido dejados prácticamente en la calle o se deri­van a geriátricos del Pami.


En el mismo sentido los trabajadores del Hospital Moyano denuncian que sobre una población de 1.600 pacientes distribui­das en 27 servicios; el déficit de personal es extremo, hay pabellones de 100 o más pa­cientes atendidas por tres enfermeros por tumo (o, lo que es más grave, 5 en el tumo mañana, 4 en la tarde y 2 en la noche) y si­tuaciones gravísimas, como la acontecida el 16 de octubre, cuando en un pabellón con 50 enfermas y sólo un enfermero una pa­ciente se intentó suicidar prendiéndose fue­go, por lo cual tuvo que ser derivada al Ins­tituto del Quemado mientras que en otro pabellón, con 60 pacientes y también sólo un enfermero, una paciente sufrió una broncoaspiración y como consecuencia de ello falleció.


El cuadro de situación y las denuncias emanadas de estos centros hospitalarios (Ameghino, Borda, Moyano) ponen de ma­nifiesto que después de llenarse la boca con el cuento del modernismo, a los ‘pro­gres’ de la alianza no les importa desarro­llar política alguna de prevención y asis­tencia en materia de salud mental.


Comprender esta situación es crucial; hay que desenmascarar el contenido reac­cionario de la ley y los negocios que a par­tir de ella se generan, y tomar conciencia de que este gobierno y su Estado son los repre­sentantes del capital y los ejecutores del patrimonio social de la población.

También te puede interesar:

Fuerte intervención en la primera sesión de la legisladora del FIT-U.
También por el reconocimiento de quienes ya vienen realizando este trabajo.
Con las luchas de salud y educación; por la democratización y la independencia de los bloques de la Facultad y los gobiernos.
Una banca al servicio de las luchas y el pueblo trabajador.
La ministra de Salud afirmó públicamente que “todos vamos a tener problemas de salud mental”.