Hace una semana incendiaban el auto de la compañera Adela Gómez, periodista de Radio XXI de Caleta Olivia, y las únicas pistas sobre el atentado se disuelven en el aire. El encubrimiento y la impunidad del régimen K funcionan a pleno en Santa Cruz.

Hace un mes que están presos, en Los Antiguos, los compañeros Blanco, García y Hernández, quienes estuvieron al frente de un movimiento de desocupados de Las Heras en 2009 ante el Concejo Deliberante local, en el que pernoctaron varios días autorizados por los concejales, y luego en el predio de Repsol-YPF. Sobre ellos pesa la increíble acusación de coacción agravada, delito que por su potencial condena priva a los acusados del beneficio de la excarcelación. Todos interpretan en la región que se trata de una medida para intimidar a los potenciales movimientos de desocupados que puedan surgir, dado que la crisis petrolera continúa, a pesar de los discursos oficiales.

La semana pasada, en medio de este clima de intimidación, se han seguido recibiendo telegramas de citación de diversos juzgados contra trabajadores de la pesca, de la construcción, del Polo Obrero y de otros movimientos que participaron de movilizaciones en las rutas de Caleta Olivia en 2009.

Por si fuera poco, la doctora Rasuri y el dirigente de Adosac filial Las Heras han sido citados a la comisaría por “proferir cánticos ofensivos hacia el Juez Quelín” en una marcha completamente pacífica que se realizó en el marco del Congreso de la Adosac, el viernes 26 de marzo. Según la policía, la marcha constituyó un “desorden en la vía pública y está encuadrada en los edictos policiales en vigencia”.

La decisión del juez Quelín de acabar con la protesta social en Las Heras es el extremo judicial de esta ofensiva represiva.

La movilización de cerca de mil personas en Caleta Olivia, el lunes 29, para repudiar el atentado contra Adela, así como la marcha multisectorial del martes 30 en Río Gallegos, donde hablaron familiares y la abogada de los presos, y la marcha en Los Antiguos muestran el inicio de una lucha de gran importancia para defender el más elemental de los derechos, que es el derecho a reclamar por los derechos.

El Partido Obrero está al frente de este combate democrático y vamos a nacionalizar una campaña de movilizaciones y denuncias hasta lograr el esclarecimiento del atentado contra Adela, la libertad de los detenidos de Las Heras y el desprocesamiento de todos los compañeros.