El nuevo “plan de seguridad”

A la medida del delito

Urgido por la campaña electoral, el gobierno anunció el enésimo plan “de seguridad” que se presenta en los últimos diez años. Éste, como los anteriores, no puede ni empezar a resolver el problema, pero, además, lo agravará hasta extremos impredecibles. Por ejemplo, se propone reincorporar a la Bonaerense a 4.000 efectivos entre retirados y exonerados; o sea, bajo sospecha de múltiples y diversos vínculos con el delito.

Además, con la asignación de 1.500 gendarmes a la tarea policial, se intenta abordar el asunto “a la mexicana”, por medio de la militarización. En ese sentido, al anunciar de apuro su “plan de seguridad ciudadana”, Cristina Fernández cometió un lapsus notable: dijo que se reincorporarán “no sólo policías retirados, sino también miembros de las Fuerzas Armadas…”. Después aclararon que esa alusión a los militares fue “un error”.

Además de la provincia de Buenos Aires, el “plan” se aplicará en Mendoza, donde el gobernador kirchnerista Celso Jaque se las ve muy mal y se encuentra en riesgo de perder las elecciones frente a los partidarios de Julio Cobos. Allí, además de reincorporar retirados, se reforzará con dinero y equipos a una de las policías más denunciadas de Latinoamérica por su bestialidad y por el nivel de criminalidad en sus filas.

En su discurso, la Presidenta recordó que “sin trabajo, con gente mal paga, con trabajo informal, no hay plan de seguridad ni GPS ni patrullero que alcance” (Clarín, 28/3). En esa frase hay una falsedad por palabra, porque el gobierno es el primer promotor del trabajo “informal” (el Estado, además, emplea en negro masivamente). Pero, por otra parte, está visto que los patrulleros son muy a menudo instrumentos para asegurar “zonas liberadas”, y los GPS y las cámaras sirven ante todo para espiar a los vecinos y, en muchos casos, para proveer información a los delincuentes. La señora Fernández presenta la cuestión como si la policía fuera parte de la solución, no del problema.

De punteros, intendentes y policías

Más peligrosa aún puede resultar la organización de una llamada “red de alerta vecinal”, sustentada en “ciertos vecinos” llamados “asistentes territoriales” (ídem). Como no dicen quién elegirá a tales “asistentes”, es seguro que serán designados por otro organismo que el nuevo “plan” se propone crear: los “centros municipales de operaciones”, de los cuales no se dan más detalles, de modo que caen sobre ellos las peores sospechas.

Esto es: de ahí saldrá una red de punteros organizados en coordinación con la policía y los intendentes, las tres grandes patas de lo peor del delito. Con semejante “red” estarán de parabienes los vendedores de paco y otras porquerías, y delincuentes de pelajes diversos.
Por otra parte, mezclar gendarmes con policías y prefectos es otro peligro mayor, sobre todo cuando carteles de narcotraficantes han trasladado parte de sus guerras a territorio bonaerense. Y, como bien dice el periodista Ricardo Ragendorfer, en el caso del narcotráfico los delincuentes no trabajan para la policía sino al revés: la policía trabaja para los carteles. Y no todos lo hacen para el mismo, de manera que el asunto promete ponerse castaño oscuro.

Norberto Quantín (ex jefe de “Los Centauros”, una logia derechista que actúa en el Poder Judicial), otrora secretario de Seguridad de Néstor Kirchner, socio de Gustavo Béliz y autor del primer “plan de seguridad” del kirchnerismo, después de recordar que “a mí me echaron” declaró: “En ese momento se hizo el anuncio con bombos y platillos y se gastaron fortunas en poner avisos en los diarios, pero todo se perdió” (Crítica, 28/3). Aquel “plan” de Quantín era más reaccionario que éste, pero sus declaraciones develan el destino habitual de esa clase de esquemas.

De todos modos, el peor peligro del nuevo “plan” no es que se pierda sino que se aplique, siquiera en parte. Nada habría peor para aumentar la inseguridad. Además, la militarización no servirá contra la delincuencia pero puede ser eficaz contra las movilizaciones populares, cuando lo más duro de la crisis está por llegar.

El problema de la inseguridad deja a la vista la necesidad urgente de reconstituir las asambleas populares, para que los trabajadores y los vecinos organizados tomen la cuestión en sus manos.

Alejandro Guerrero