Las reprivatizaciones se han convertido en la arena de una guerra impiadosa entre los grupos capitalistas.

El desplazamiento de Macri del Correo (aunque con el jubileo de no tener que poner un solo mango de la deuda acumulada por no pagar el canon correspondiente); el enfrentamiento del gobierno con el grupo Bulgheroni; la relicitación de los peajes; la crisis con algunas privatizadas de capitales europeos, son todas manifestaciones de una lucha despiadada por el nuevo reparto del patrimonio público.

Una de las patas de este nuevo reparto de negocios son los contratistas de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y otros grandes grupos nacionales, que encubren estas operaciones con el planteo de “una nueva redistribución del ingreso” sustentada en la “reconversión productiva, la inversión pública y el consumo interno” (El Cronista, 19/11).

La otra pata es el imperialismo norteamericano, cuyas empresas, “con el respaldo de Washington, quieren desembarcar en sectores estratégicos, como energía y telecomunicaciones, donde por ahora las europeas llevan la delantera” (Página/12, 18/10) El secretario de Comercio Adjunto de Estados Unidos y De Vido (el súper-ministro de Kirchner) acordaron, por ejemplo, la creación de “un grupo especial de trabajo para impulsar la participación de las empresas norteamericanas en aquellos sectores” (ídem); en este marco se busca darle “lugar a las firmas locales en la renegociación de los contratos con las privatizadas” (El Cronista, 19/11). Telecom se asoció para sus “nuevas inversiones” con el grupo capitalista nacional representado por el banquero Werthein; también Aguas Argentinas busca socio nacional, y en las privatizadas están aterrizando nuevos ejecutivos fogueados “en la tarea de negociar con funcionarios y legisladores” (Clarín, 23/11). Por todo esto, la cuestión de las tarifas “terminará descomprimiéndose con un ajuste que, inicialmente, no abarcará a los usuarios residenciales, pero sí a las empresas de mayor consumo” (La Nación, 30/10). Para otro sector del “establishment” la preocupación es que el gobierno “pueda ser objeto de presiones o componendas con grupos económicos aliados, que especularían con una retirada de los extranjeros y quedarse con los activos (de las privatizadas) a precios de remate” (ídem).

Los nacionales-populares “que suenan como posibles interesados en ingresar en posibles negocios por rescisiones de contratos o por retirada de accionistas serían Techint y Roggio” (Infobae, 23/10).

La reprivatización del contrato del Correo de Macri en 180 días – negocio en el que ya se ha anotado el pulpo yanqui Federal Express – , y la reprivatización de los peajes son dos botones de muestra de la política de “míster K”.

La nueva política económica

En el marco de la asociación Bush-Kirchner, la Argentina recibirá en los próximos cuatro años 9.500 millones de dólares de préstamos del BID y del Banco Mundial, el 75 por ciento por ciento de los cuales será utilizado para “inversiones en obras públicas”, que, hasta ahora, han beneficiado a los pulpos de “la minería, de las telecomunicaciones, hidrocarburos y metalúrgicas” (Clarín, 23/11). Esta “nueva economía” fue anunciada por Lavagna en la Convención anual de la Cámara de la Construcción, una “afirmación que le ganó el cerrado aplauso de los 1.500 empresarios presentes” (El Cronista, 19/11).

Además de profundizar el endeudamiento del Estado para rescatar a los capitalistas por medio de la “inversión pública”, la “nueva economía” de Kirchner se completa con la utilización de mano de obra desocupada, también a precio de remate.