La permanencia de Videla en prisión ha generado una crisis política de alcances imprevisibles, ya que podría ser el primer capítulo de una serie de detenciones en el marco de una campaña internacional de condena a los genocidas más notorios. Se presume el pronto pedido de detención de Massera por el propio Marquevich o por el juez Bagnasco; un juez en Tucumán plantea el procesamiento de Bussi, también por apropiación de hijos de desaparecidos; y el fiscal de Bahía Blanca se pronunció por la anulación de los indultos dictados por Menem para ocho marinos.

Ante este panorama, los cuadros militares reclaman a Balza que se coloque a la cabeza del reclamo de libertad para Videla. El diario La Nación se ha convertido en portavoz de este sector y groseramente le dio media página al ex jefe de la dictadura, Ramón Genaro Díaz Bessone, para que fundamentara la política de exterminio ejecutada. La Nación está manejando las denuncias sobre el envío de armas a Ecuador y Croacia para presionar a Balza y a Menem.

Balza amagó con renunciar y no acompañar a Menem en la gira a Rusia, formalizando de este modo un “planteo militar”. De paso se encargó de colgarle la cucarda al gobierno cuando dijo a Clarín que el “Ejército no vende armas”, en una clara alusión a la responsabilidad del gobierno y del propio Menem en el tráfico. Balza se presentó ante el juez Urso para declarar, sin cubrir la ‘formalidad’ de avisar a su jefe político, el ministro de defensa, Domínguez, en una amenaza de ‘prender el ventilador’.

Un componente esencial en este juego de presiones es la Alianza, que se ha llamado a silencio frente al reclamo de libertad para Videla. La Alianza sigue repitiendo que los actuales mandos de las fuerzas armadas son democráticos y silencia el “planteo militar”. La Alianza paga así el ‘canon’ para ser admitida por el ‘establishment’.

A la primera reacción de la Alianza, cuando puso en tela de juicio a Marquevich, se sumó la presión de Arslanián para que se saque a Videla de la juridicción judicial provincial.

Pero la Alianza ha ido más lejos en este encubrimiento, al adjudicar la ‘inquietud militar’ al curso de las investigaciones por el tráfico de armas y no al encarcelamiento de Videla.

En consonancia con el anhelo de sacar a Videla de la cárcel, el gobierno impulsa la ‘ley de la verdad’ para, como recalca La Nación, “evitar la exposición pública y la condena social a los militares participantes en esos hechos”(20/6).

La Cámara Federal de San Martín ya dejó trascender a los diarios que liberará a Videla. Un juez de ésta, Aníbal Osvaldo Olivieri, está denunciado en un caso de sustracción de un menor por su ex esposa.

El grado de complicidad con el genocidio excede largamente a los militares. En el testimonio de parteras y enfermeras del Hospital Militar de Campo de Mayo se consigna que los bebés arrebatados a sus madres luego del parto eran atendidos por monjas de la Congregación de la Misericordia.

Esa cadena de complicidades llega al corazón del estado patronal. Es eso lo que pretenden poner a salvo los ‘demócratas’.

La dictadura no es una referencia del pasado, sobrevive en el actual aparato represivo. Luchar por el encarcelamiento y castigo a perpetua a todos los responsables hace a la causa por terminar con el régimen que hizo posible la dictadura.