Aunque el nuevo Código de contravenciones porteño terminó de aprobarse en la madrugada del viernes 24, el camino de su sanción ya había sido larga­mente abonado por Macri, Ibarra y Kirchner. Durante meses, estos últi­mos presentaron al Código como una “escalada del macrismo”. Pero el 80% de sus artículos fueron "consensua­dos* con transversales y progres. Pa­ra la última sesión, quedaron los ar­tículos “controvertidos", donde estos últimos se reservaron la posibilidad de “votar en minoría", pero habili­tando la sesión. “Lo importante es que tenemos un nuevo Código", fes­tejó Aníbal Ibarra. El macrismo hizo el trabajo sucio de fogonear el esta­tuto reaccionario que aplicarán los “progresistas" de la dudad, bajo la batuta de la Federal.

La Federal al poder

Uno de los méritos que se atribuyen los diputados del progresismo es ha­ber introducido, en las nuevas figuras contravendonale8, términos dirigidos a “atenuar* su alcance. Así, será puni­do quien “ofrezca o demande sexo" en la calle, pero si lo hace “de manera os­tensible". O castiga la venta ambu­lante con características “lucrativas", aunque no aquella que asegure “la me­ra subsistencia” de quien la ejerce. ¿Quién determinará los límites de la ostensibilidad del sexo, o de la lucratividad de la venta callejera? “La ma­yor parte de las actuaciones quedarán a cargo de la Policía Federal, lo que le otorga un formidable poder a esa fuer­za" (Página/12, 25/9). Sólo en el caso de la prostitución actuarán previa­mente los fiscales, aunque las “denuncias de vecinos”, de todos modos, se realizarán -o se fabricarán previa­mente- en las comisarías. Como se ve, la creación de un Estado policial en la dudad comienza con un reforzamien­to sustancial de sus “recursos propios”.

¿Espacio público?

Para la Legislatura y el gobierno el nuevo Código preserva el “espacio pú­blico". En realidad, la persecución a vendedores ambulantes y meretrices callejeras entrega ese mismo espacio a los capitalistas que procuran su aca­paramiento. Los vendedores “autori­zados” serán aquellos “arreglados” con la burocracia del “sindicato de vende­dores”, en acuerdo con los inspectores de habilitaciones y los monopolios de la industria frigorífica (embutidos). Por su parte, la persecución a las me­retrices callejeras apunta en dos sen­tidos: en primer lugar, a favorecer la prostitución de “puertas adentro” o las casas de masajes, los cabarets o de­partamentos profusamente anunciados en nuestros dignos “diarios de negocios”. La norma sancionada prevé, por otra parte, la creación de “espacios públicos autorizados”, esto es, una “zo­na roja”. La creación de la misma es­tará precedida, seguramente, por una feroz pelea entre zonas “liberadas” o no para la “oferta de sexo”. Pero si se ponen de acuerdo, la “zona” estará re­genteada… por la Policía. Es que el Código habilita, para los azules, el “gerenciamiento” de este futuro mega-cabaret callejero.

Permiso para luchar

Finalmente, el nuevo Código incor­poró las sanciones para las marchas, movilizaciones o piquetes, que debe­rán anunciarse “con razonable ante­lación” y someterse a las indicaciones del gobierno, es decir, convertirse en desfiles. La Policía o los fiscales de­terminarán cuándo se está ejercien­do-o no- este “derecho a peticionar”. De todos modos, la reglamentación de la lucha popular por medio del “de­recho” entraña la restricción. La re­glamentación para ganar las calles habilita también el monopolio de su propio espacio a los dueños del sue­lo, del espectáculo o de la salud. La confiscación del derecho a manifes­tar sólo puede enfrentarse ejercien­do, sin cortapisas, la acción directa.

Contra el Argentinazo

El nuevo Código está redactado con­tra las asambleas populares -que no podrán ocupar recintos ociosos-, los piqueteros -que no podrán obstruir el tránsito-, los ahorristas -que se­rán penados por “merodear ante los bancos”-, los deudores hipotecarios -que no podrán “bloquear subastas”- y el pueblo en general -que deberá “pedir permiso” para movilizarse-.

La crisis de poder que estalló en diciembre de 2001 se tradujo, en la Capital, en una gran lucha por la ocupación de las calles y del espacio público. El Argentinazo les dio un ca­rácter verdaderamente “público” a muchos de los espacios de la ciudad. Los Ibarra y los Macri pretenden re­solver esa inmensa crisis de poder con contravenciones y multas. Pero la lucha por el derecho a las calles de la ciudad continuará, en especial cuando está en curso liberar a todos los presos y el desprocesamiento de los luchadores.

Hace casi una década, el progre­sismo porteño levantó la perspecti­va de la “autonomía de la Ciudad” como el equivalente a la “autoges­tión”. Le ha servido para convertir a la ciudad en el más represivo de los estados del país.