Frente a la elevación a juicio de la causa que tiene en el banquillo a Pedraza y su patota, las abogadas Claudia Ferrero y María del Carmen Verdú pidieron que se juzgue por homicidio agravado a los diez procesados, dando cuenta de un plan criminal donde cada uno cumplió una función necesaria para ejecutar a Mariano Ferreyra y herir a los otros compañeros. Al mismo tiempo, reclamaron que se llegue hasta el final en las responsabilidades policiales y empresariales. Con el transcurso de los días, son mayores las evidencias de esas responsabilidades y del plan criminal. Pero los Pedraza, y el gobierno que lo encubre, velan sus armas en pos de la impunidad.

El plan, el encubrimiento policial

Según se reveló en estos días, el ataque de la patota fue planificado con dos días de anticipación por la cúpula de la Unión Ferroviaria. En efecto, el 18 de octubre Favale se hizo presente en los talleres de Remedios de Escalada, para una supuesta entrevista laboral. Pero Favale se ocupó, ese día, de reclutar a cada uno de los miembros de la patota (Página/12, 29/4).

Mientras tanto, ha comenzado la indagatoria a los policías imputados por haber facilitado el accionar de la patota y por encubrir esos hechos a través de la eliminación de pruebas. La jueza Wilma López comprobó que en las filmaciones policiales del ataque existe un vacío de seis minutos, coincidentes con el momento en que se ejecutan los disparos y es asesinado Mariano. Si, a pesar de ello, se pudo identificar la hora y los responsables de la agresión, fue gracias a las cámaras y a la periodista de C5N presentes en el lugar. Hugo Lompizano, luego superintendente de Seguridad Metropolitana -recientemente desplazado por Garré-, está siendo indagado por ser el responsable de ese encubrimiento. Desde la Dirección de Operaciones de la Federal se emitieron directivas hacia los oficiales presentes en el operativo, para que se comunicaran por un sistema donde las llamadas no quedaban grabadas (BAE, 27/4). El encubrimiento de la patota, por lo tanto, se organizó desde arriba hacia abajo, aunque todavía no se sabe quién, a su vez, dio esas órdenes a los jefes policiales.

Encubrimiento del gobierno

Aunque las evidencias del accionar policial estuvieron presentes desde el primer momento del crimen, Nilda Garré no sólo mantuvo dentro de la fuerza a Lompizano. Además, lo “premió”, ascendiéndolo al cargo de superintendente de Seguridad Metropolitana. La “policía democrática” de Garré, por lo tanto, fue creada con los cómplices de los asesinos de Mariano.

El encubrimiento llegó también a la Side. Recordemos que el gobierno sostuvo en el cargo a Riquelme, ex agente de la Side, estando ya sospechado por ser intermediario en los intentos de coimas a la Cámara de Casación. Al igual que con Lompizano, el gobierno sólo lo removió cuando sus acciones tomaron estado público.

Los recursos políticos y económicos para estas conspiraciones de la patota siguen recolectándose adentro del ferrocarril. El gobierno mantiene al frente de las líneas a los cómplices activos de Pedraza. Es el caso de Angel Stafforini, vicepresidente del Belgrano Cargas y contador de la Unión Ferroviaria, sobre el cual la Justicia tiene pruebas de ser el “proveedor” de los 50 mil dólares para la compra de voluntades en la Cámara de Casación. En el expediente que se abrió por esta tentativa de soborno, ya está imputado uno de los secretarios de la Cámara de Casación que se ocupa de los sorteos informáticos, los cuales son manipulados con un simple cálculo matemático. Pedraza acaba de interponer un recurso por su excarcelación, precisamente, ante esa Cámara.

El ingeniero Antonio Maltana, ex socio de Taselli y actual interventor de Ferrobaires, es también un hombre de estrechos vínculos con la burocracia pedrazista. El otorgamiento de este espacio de poder y otros negociados a la burocracia, no sólo significa un aval a la Unión Ferroviaria, sino que constituye un punto de apoyo para seguir presionando por la vuelta de los dirigentes presos.

Juicio y castigo a todos los culpables. Cárcel a la policía encubridora del crimen de Mariano. Indagatoria ya a los directivos de la Ugofe y a los funcionarios de la Secretaría de Transporte. Indagatoria a Garré, Alak y Aníbal Fernández. Fuera la burocracia y sus socios empresarios del Ferrocarril.