A los responsables de un hipotecamiento histórico de la provincia de Salta les ha venido un impulso “reformista”. Con el objetivo de modificar la Constitución provincial, han promovido reuniones entre las cabezas de los partidos patronales (incluyendo el kirchnerismo por supuesto) y parieron un documento en que se comprometen a una reforma constitucional amañada, pactada entre ellos: declararon que elaborarán un “paquete de coincidencias” que los constituyentes electos solamente podrán aceptar o rechazar a libro cerrado.

Estamos ante un ´Pacto de Olivos´ contra el pueblo salteño. A pesar de que los promotores de la iniciativa se muestren como preocupados en “ampliar los derechos de las mayorías”, en realidad son los defensores del cepo salarial, el tarifazo confiscatorio, de la reforma laboral y de la estafa a los jubilados; son los que, como Olmedo, reclaman un dólar a $30 para beneficio de terratenientes y exportadores aunque eso implique una hiperinflación y pulverización de los salarios.

Ninguna reforma progresiva puede venir de los que han hundido la provincia. Las imágenes, difundidas internacionalmente, de un helicóptero de Urtubey “arrojando” comida a comunidades aborígenes inundadas son un símbolo de esta crisis. Pero eso no es todo. Le siguen el cierre del Ingenio más antiguo de la provincia, los nuevos 200 despidos en El Tabacal, el colapso de los sistemas de abastecimiento de agua potable por falta de inversiones, la caída final del yacimiento Norte de petróleo y gas luego de un siglo de saqueo de las riquezas y parasitismo empresarial, las muertes por hambre, los 5.000 oranenses que viven del ´bagayeo´ y los niveles récord de trabajo en negro de la capital de la provincia, los más altos a nivel nacional.

Por otro lado, Romero, Urtubey y cía han sido violadores seriales de la Constitución, o la acomodaron como un guante conforme sus intereses. La reforma buscará perfeccionar la continuidad de un régimen descompuesto y agotado; los puntos nodales de la discusión son la duración de los mandatos y los mecanismos de elección de los jueces -tema que ha generado algunas escaramuzas entre el ejecutivo y las camarillas judiciales.

Además, es claro que a nuestros “reformistas” les viene bien poner al pueblo a discutir sobre amañadas cuestiones formales mientras se consuma el cierre del Ingenio San Isidro, con complicidad oficial; avanzan medidas de ajuste contra la educación pública y se jubila compulsivamente a 2.000 trabajadores, condenándolos a ingresos miserables.

La firma del pacto por parte de Leavy, en nombre del kirchnerismo, confirma que son una pieza del estado oligárquico que gobernó siempre esta provincia. No pueden ser alternativa de los trabajadores y sectores populares.

Cortina de humo

Una reforma de la Constitución que sirva al interés de las mayorías debería estar convocada por un gobierno de los trabajadores. Sólo así podría acometer los grandes problemas planteados.

Comenzando por declarar de interés público del conjunto de los recursos naturales provinciales, hoy saqueados por las grandes empresas. Esos recursos deberían aplicarse al desarrollo, la infraestructura, los servicios y la industrialización de la provincia.

La limitación de los mandatos debería comenzar por establecer el derecho de revocatoria por iniciativa popular. El voto debe dejar de ser un cheque en blanco: el que vota debe tener derecho de retirar el mandato cuando la estafa es manifiesta, como ocurre casi todo el tiempo. En esta línea hay que eliminar toda forma de privilegio para los electos por el pueblo con un salario que no supere el de un trabajador calificado.

El Partido Obrero llama al pueblo a pasar de largo de estas maniobras y movilizarse contra el ajuste capitalista y en defensa de los puestos de trabajo.

En esa dirección, exigimos la aprobación del proyecto de ley de expropiación del ingenio San Isidro, ante la inminente posibilidad de que este año no haya zafra; la reapertura inmediata de las paritarias ante el golpe inflacionario y la anulación del tarifazo.