El senado de la provincia de Buenos Aires acaba de aprobar, con el voto unánime del PJ y la Alianza, una ley de seguridad que coloca el “Estado de derecho” en manos de la Bonaerense. La reforma al Código de Procedimiento Penal de la provincia, de eso se trata, ha sido pactada en todos sus puntos por Ruckauf y De la Rúa. Por un lado, dispone que los jueces no pueden otorgar la excarcelación a los imputados por robo, no ya sólo con armas de fuego sino también con “palos, jeringas, cuchillos y navajas”, o a quienes hayan ocasionado “lesiones graves en accidentes de tránsito”. Como hace un año otra ley había dispuesto impedir la excarcelación a delincuentes con causas anteriores y procesados que cometieran cualquier delito, por leve que fuera, la “excarcelación” ha dejado de existir en la provincia. “Llegaron al punto de retrotraerse a lo que sancionó por decreto ley la dictadura en 1978, una norma tan terrible que en el ‘82 el gobierno dictatorial la sustituyó, considerándola demasiado dura” (camarista Schiffrin, Página 12,12/2).

El otro gran componente de la reforma es el poder dado a “la Bonaerense”. Esta podrá consumar operativos de “prevención” y secuestrar elementos que considere de delito, todo esto sin autorización de juez o fiscal alguno. Es decir, la vuelta a los ‘cerrojos’ propios de la dictadura.

En lo que constituye uno de los centros de la reforma, la ‘maldita policía’ recupera la facultad de interrogar al detenido, facultad que había sido dada a los fiscales con la ‘reforma’ de Duhalde. Este era un reclamo estratégico del conjunto de ‘porongas’ (comisarías que controlan la Bonaerense), pues ofrece la posibilidad de ‘truchar’ testimonios en base al apriete, ‘fabricar’ procedimientos o encubrir asesinatos y robos. Una facultad que la Bonaerense tuvo vedada, en los hechos, por muy poco tiempo, pues “a los dos meses de iniciada la reforma (de Duhalde), la instrucción, que tenía que ser de los fiscales, quedó nuevamente en manos de la policía”. Esto llevó, a su vez, a “declarar nulas (las causas) porque aparecieron las denuncias por apremios ilegales, como suele ocurrir cuando interviene la policía” (juez Maroto, Página 12, 13/2).

Los representantes de la Alianza se han desgarrado las vestiduras planteando que no hay ‘vuelta atrás’, porque la posibilidad del interrogatorio policial debe limitarse al momento de la detención y no podrá incorporarse a los expedientes. ¿Por qué entonces la Bonaerense se ha declarado conforme? Porque lo que antes se presentaba como respuesta formal al interrogatorio policial ahora se lo puede presentar como declaración ‘espontánea’ del reo, y si éste no la confirma ante el juez, es devuelto al penal y molido a golpes hasta ‘convencerse’ sobre el modo de actuar.

 

¿Qué quedó del “Estado garantista”?

Este inmenso ataque a las garantías ciudadanas, hay que repetirlo, ha contado con el voto de los representantes de la UCR y el Frepaso. La liquidación de las excarcelaciones caracteriza por sí sola a un régimen fundado en la arbitrariedad y el despotismo. El juez disponía hasta ahora de un margen relativamente amplio para disponer la libertad de un imputado bajo proceso, teniendo en cuenta el carácter del delito, la participación del acusado y sus antecedentes (no es lo mismo, en principio, un reincidente que alguien que jamás cometió un delito o un adolescente que un mayor). Ahora la acusación original es prácticamente inamovible, no existe un margen para actuar en función de los atenuantes del caso y el juez queda limitado casi a la función de un títere. Por la misma razón, la diferencia entre un imputado y un condenado prácticamente desaparece, porque aquél ya no tiene el beneficio de la excarcelación y es derivado al horror de las cárceles como cualquier otro.

¿Pero, a su vez, quién arma la acusación? la Bonaerense, el aparato responsable de las muertes del estudiante Bru, el obrero Nuñez y el periodista Cabezas y del atentado a la Amia. Un aparato cuya plana mayor en el último tiempo fue puesta en acuerdo con “los grandes y pequeños caudillos de la Bonaerense” (Página 12, 17/8/99). Y cuyo último censo, difundido por el frepasista Binner, reveló que 5.000 policías sobre 45.000 registrados “no se sabe donde cumplen funciones” y tendrían armas en su poder (Clarín, 8/4/98).

Tenemos así un círculo perfecto. Los hombres de la Bonaerense pueden torturar, ‘plantar’ un arma o droga, y aun matar, para luego declarar la ‘historia oficial’ y recabar la firma de los jueces, todo “sujeto a derecho”. La ‘maldita policía’ se ha convertido de este modo en la clave de la seguridad del Estado, y ha sido puesta en esta función por quienes se presentaron como adalides de las libertades públicas. La UCR y el Frepaso le han dado ‘su’ ley al aparato terrorista que está detrás de Ruckauf. Sin ninguna exageración, a la pregunta clásica del Derecho: “¿quién, en la república, custodia a los custodios?”, la respuesta es simple: la Bonaerense.

 

Pacto Ruckauf–De la Rúa: no sólo por los robos

Los ataques a las libertades públicas han sido planteados de modo deliberadamente ambiguo, porque de este modo corren para el movimiento de lucha de las masas y sus impulsores. La negativa a excarcelar corre también para aquellos que han ejercido “violencia sobre las personas”, las detenciones e interrogatorios, ídem. Es por eso coherente que Carlos Ruckauf haya declarado: “No importa si el costo político lo pagan De la Rúa, este gobernador o el intendente: no hay que permitir más cortes de ruta” (La Capital, Mar del Plata, 6/1).

 

Pacto Ruckauf–De la Rúa: no sólo seguridad

La provincia de Buenos Aires se ha integrado después de mucho tiempo al Consejo Federal de Seguridad, una decisión que La Nación considera estratégica. Por esta vía se canaliza la penetración norteamericana interesada en dominar el negocio de la droga y la acción de las fuerzas armadas sobre el narcotráfico y los movimientos de lucha latinoamericanos.

El pacto entre el gobernador y el presidente revela un régimen de colaboración entre el gobierno centroizquierdista de la Alianza, rabiosamente capitalista y semicolonial y el gobierno derechista, clerical y de los ‘servicios’ que actúa en la provincia. Un pacto que actúa como un reaseguro de la burguesía y el imperialismo ante un eventual fracaso de la Alianza, y que por esa misma razón excede los términos de un acuerdo en materia de seguridad.

El pacto ha reemplazado el “juego normal de las instituciones”, por un acuerdo de cúpulas en el que Ruckauf marca la orientación, como quedó reflejado en la ley de seguridad y quedará plasmado en la reforma laboral. Por esta razón Ruckauf ahora ‘va por más’: “en marzo pedirá a los legisladores una nueva ley de seguridad para reincorporar la figura del jefe de policía” (ídem, 17/2)

El pacto ha disuelto de este modo, en los hechos, el dominio de la Alianza sobre las cámaras de diputados en la nación y en la provincia. Los votos populares para meter un hombre de la ‘izquierda progresista’ en el Congreso o la Legislatura han servido para lo que se ve: votar la entrega de la Justicia a manos de la Bonaerense.

En función de este acuerdo, se han acallado temporariamente las voces que reclamaban, desde el Banco Central, el desmantelamiento del holding armado en torno al Banco Provincia y la privatización del propio Banco. Este tema provocó, bajo Duhalde, el desplazamiento del cavallista Sánchez (condescendiente con la privatización) y su reemplazo por Frigeri. Pero como lo revela el caso del Banco Nación (sociedad anónima en poco tiempo) o la privatización del Banco Córdoba, Ruckauf no podrá eludir este horizonte por mucho tiempo, porque así lo quiere la banca internacional. Este solo hecho permite pronosticar que el pacto de hoy entre el gobernador y el presidente no tiene futuro y que sobrevendrá, a plazo fijo, la peor de las guerras.

 

La batalla planteada

El fracaso de la ‘política progresista’ encarnada en el Frepaso ha quedado demostrado hasta el asco. Resignó formalmente la lucha por la anulación de las leyes indultadoras de la ‘democracia’ y acaba de cooptar a la Bonaerense, todo en nombre de la defensa del régimen ‘democrático’ que debutó en 1983.

El brutal ataque a las garantías ciudadanas plantea una batalla en regla, que debe convocar a la movilización de todas las organizaciones obreras, de derechos humanos y de la juventud. Por el cese de la persecución policial y judicial a los luchadores; por la libertad de todos los presos políticos y gremiales del campo popular; juicio y castigo a los asesinos de Bulacio, Bru, Nuñez, Carrasco y demás caídos bajo la ‘democracia’; desmantelamiento de la Bonaerense; piquetes de vecinos y jóvenes en las barriadas para defender la vida y la propiedad de los trabajadores.