El inminente descongelamiento de los alquileres y suba de servicios golpeará de lleno en la economía de las familias trabajadoras, en un cuadro en el que, según un estudio de la Asociación Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (Adcoin) de Córdoba, “la incidencia de los aumentos tarifarios y de los alquileres es del orden del 94,2% del sueldo de un trabajador que gane $ 50.000 por mes”.

El citado informe, publicado en Cba24, afirma que “sólo pagando los gastos básicos del importe mensual del alquiler y las tarifas básicas de servicios que son considerados por nuestra legislación como servicios públicos, casi la totalidad de los ingresos son destinados a solventar dichos importes”. De este modo, solo “el 6% del haber mensual quedaría en el bolsillo de un trabajador con un sueldo de $50.000 tras haber cancelado el pago de servicios e impuesto y el alquiler promedio de una casa o departamento”.

Es decir que un inquilino con “un ingreso básico mensual” pagando el alquiler y servicios “contaría con menos de $3.000 para destinarlos a alimentos, ahorro, movilidad, recreación y cualquier otro concepto fuera del alquiler y los servicios básicos”. Por eso viene creciendo el endeudamiento familiar con tarjetas de crédito como forma de afrontar los gastos, ya que todo sube menos los salarios.

El estudio se realizó tomando como parámetro el costo de un alquiler de un inmueble de dos habitaciones del orden de los $30.000, a lo que debe sumarse el pago de rentas, tasa inmobiliaria municipal, el costo de la energía eléctrica, agua, gas natural, telefonía fija y móvil, e internet.

Vale señalar que el salario inicial de una maestra está en $41.200, muy lejos de los $56.459 que costó la canasta básica en febrero. Como se ve, con “el aumento” salarial anualizado del 35 % la docencia seguirá corriendo muy por detrás de la actualización del costo de alquileres y servicios. En una situación similar se encuentra una enfermera que de acuerdo a la última paritaria firmada por el Sindicato de Empleados Públicos (Sep), que recibió un 17,5 % de “aumento” que implica un $5.440 dividido en cuotas. Es por esto que debe someterse al pluriempleo.

En este marco, el nuevo ordenamiento urbano que el gobierno municipal de Martin Llaryora quiere imponer esta hecho a la medida de empresarios y especuladores inmobiliarios, puesto que aumenta el costo de la tierra. Así las cosas, la familia de un trabajador que cobra un salario promedio va siendo progresivamente expulsado de la ciudad.

El cuadro de situación muestra que el problema de fondo es el empobrecimiento de amplias franjas de la población, como resultado de una confiscación de los ingresos populares. El ajuste de quienes gobiernan se paga con un deterioro en la calidad de vida.