El Partido Obrero realizará un acto el miércoles 11 al mediodía frente a la sede central del PAMI, en Av. Corrientes 665 contra el recorte del subsidio social a los jubilados que cobren más de $8.500 con lo que se cubre el 100% de los medicamentos.

 

Las justificaciones realizadas por el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, y otros funcionarios del gobierno tras el anuncio de este recorte que transfiere a 1.6 millones de jubilados la quiebra del sistema previsional aclararon aún más el panorama del ajustazo.

 

Siguiendo las recomendaciones del FMI, realizadas luego de las auditorias del mes de noviembre de 2016, el gobierno descargará sobre los jubilados el déficit de la Anses y el PAMI generado por el recorte de los aportes patronales iniciado bajo el gobierno de Menem-Cavallo y mantenido hasta el momento y por el uso de sus fondos para el pago de la deuda pública que propulsó el kirchnerismo y continuó el macrismo. Se trata de un recorte de $1.600 millones que se realiza sobre la salud de los jubilados.

 

Ahora, los jubilados que destinen más del 5% de su jubilación para las medicaciones y soliciten el subsidio serán valorados “a partir de la realización de un estudio socioambiental”, explicó el secretario general del PAMI, Rafael Zamora. Una parábola para presentar un examen de pobreza al que serán sometidos “cada uno” de los jubilados que deseen mantener la cobertura de sus medicamentos.

 

El Estado evaluará a 200 mil jubilados, quienes, según un puntaje obtenido en una serie de ítems, recibirán o no el descuento para los medicamentos. Esta evaluación implicará la visita de asistentes sociales a los domicilios de los jubilados. El puntaje se repartirá sobre la base de criterios absolutamente restrictivos, como la asistencia familiar, las condiciones de la zona en la que viven, su vivienda y el nivel de “vulnerabilidad y dependencia”.  Solo aprobarán la evaluación aquellos jubilados que demuestren ‘extrema pobreza’ e imposibilidad de subsistir sin la gratuidad de los medicamentos.

 

El resultado de todo esto es que decenas de miles de jubilados que no acrediten una situación lindante con la indigencia, a pesar de estar muy lejos de vivir en una situación de privilegio, podrán perder el acceso a su medicación.

 

La política jubilatoria del gobierno busca transformar a la jubilación en una limosna estatal, que deja de ser un salario diferido en relación al último ingreso y un derecho por el cual los trabajadores aportaron toda su vida laboral activa. Es un planteo que el gobierno ya ha explicitado y al que llama Plan Universal de Vejez. Bajo el subterfugio de que “todos los adultos mayores reciban una ayuda estatal” el gobierno destruye los ingresos y derechos de los jubilados, condenándolos a vivir en la pobreza.

 

El Partido Obrero convoca a movilizar contra esta política y por un aumento de emergencia de $6000 y el 82% móvil.