Finalmente, el juez Luis Carzoglio rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal Sebastián Scalera contra Pablo Moyano. El fiscal podrá ahora apelar la decisión a la Cámara.

El episodio deja mucha tela para cortar. La burocracia sindical de la CGT respondió con la velocidad de un rayo el pedido formulado por el fiscal Scalera. La CGT oficial, de la cual el moyanismo salió hace dos meses, había amenazado con un paro general –al cual comprometieron su apoyo las CTA– si se concretaba la detención del dirigente camionero. Esto contrasta inevitablemente con la actitud pasiva que adoptaron las centrales sindicales –la CGT en primer lugar– ante la detención de varias decenas de luchadores –entre ellos, nuestros compañeros César Arakaki y Dimas Ponce, quienes aún se encuentran procesados– en las jornadas del 18 diciembre, cuando el gobierno consumó en el Congreso el afano de $80 mil millones de las jubilaciones. La CGT tampoco anunció una huelga para derrotar el presupuesto 2019, redactado a cuatro manos por el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. La precipitada amenaza de la burocracia de un paro general tiene el innegable tufillo de una medida en defensa propia.   

La causa que impulsa el fiscal Scalera vincula a Pablo Moyano con operaciones de lavado de dinero del club Independiente, del cual es vicepresidente, en sociedad con la barra brava. Esto vuelve a echar luz sobre las relaciones espurias de la burocracia sindical con estas bandas, que actúan a su servicio como fuerza de choque contra los trabajadores. A pocos días de conmemorarse otro aniversario del crimen de Mariano Ferreyra, basta recordar la participación de Cristian Favale, barrabrava de Defensa y Justicia, entre los tiradores reclutados por la burocracia de Pedraza para balear a los tercerizados. Días antes del asesinato de Mariano, Favale participó con la delegación de la Unión Ferroviaria del acto que realizó Hugo Moyano en River, donde tuvo una participación estelar la entonces presidenta, Cristina Fernández.

Pablo Moyano está acusado de integrar una “asociación ilícita”. La Nación se ocupa de recordar que Daniel Angelici, presidente de Boca Jrs y lobista judicial del gobierno, “zafó de una causa similar, en la que el juez Manuel de Campos investigaba una asociación ilícita de la cúpula de la barra brava de Boca que creció amparada por la dirigencia del club” (16/10). A Cristian Ritondo, secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, las balas también le pican cerca, dado que integraba la comisión directiva de Independiente mientras se llevaban a cabo estos enjuagues. El jefe de la barra, “Bebote” Álvarez, actualmente detenido, se refirió a él como “el cadete de Moyano”. Cabe agregar, además, que Ritondo desarrolló su carrera política en la Ciudad de Buenos Aires con el “aguante” de la barra brava de Chicago. El poder de las barras se asienta en sus vínculos con el poder político, la policía y, por supuesto, la dirigencia de los clubes.

Manipulación

A nadie se le escapa la discrecionalidad con la que los operadores judiciales del gobierno apelan al instituto de las prisiones preventivas. Por caso, la causa que involucra a la gobernadora Vidal por el lavado de guita negra para el financiamiento de su campaña electoral mediante la inscripción de cuatro mil “aportistas” truchos no tiene un solo detenido. Tampoco hay fiscales interesados en iniciar investigaciones de oficio sobre el monumental patrimonio de los burócratas más cercanos al oficialismo o sobre la malversación de los fondos de las obras sociales, constituidos con el aporte de los trabajadores. La ofensiva contra Moyano, en cambio, fue seleccionada cuidadosamente entre otras causas judiciales que involucran al gremio. 

La manipulación del caso que involucra a Moyano es más o menos evidente. El recurso a la extorsión judicial ha sido característico del gobierno de Cambiemos, desde el encarcelamiento del “Caballo” Suárez en adelante. Ha servido para comprometer a la burocracia en sus políticas de ajuste –perpetuación del impuesto al salario, paritarias a la baja, etc.– y disipar la posibilidad de un plan de lucha, que la CGT apenas intenta disimular detrás del llamado a paros generales aislados, sin movilización, para “descomprimir la bronca”. Esto incluye al moyanismo, que desde la concentración del 21 de febrero, cuando llamó a ´votar bien´ en 2019, no ha producido nada.

En vísperas del retorno de Pablo Moyano desde Singapur, donde se encuentra participando de una reunión de la OIT, la cúpula del gobierno discutió un paquete de medidas para abaratar los costos de logística y habilitar el empleo de camiones de doble acoplado, resistido por el sindicato.

Rechazamos la amenaza de la prisión preventiva de Pablo Moyano como una extorsión para arrancarle al gremio camionero concesiones de fondo que afectan al convenio colectivo. Al mismo tiempo, no podemos dejar de señalar que un paro convocado para defensa personal de una camarilla no abre ninguna perspectiva para el movimiento obrero. Mucho menos, la convocatoria del moyanismo a peregrinar a Luján junto al clero, enemigo de las demandas de las mujeres y la juventud y pivote del operativo de contención de las luchas obreras. Moyano ha pasado de ser un aliado de Macri a convertirse en su adversario. En esa disputa se dirimen negocios a expensas de los trabajadores.  

Lo que necesitamos es un plan de lucha en regla para demoler el plan antiobrero de Macri y el FMI.