En una semana, ¿”todo cambió”? (Clarín, 14/11).

De a uno en uno los gobernadores justicialistas están firmando el mismo pacto que rechazaron quince días atrás y que lejos de constituir un “techo” es apenas una escala intermedia en el robo de los fondos de coparticipación a las provincias. En el acuerdo se establece el canje de los casi 10.000 millones de dólares que las provincias adeudan a los bancos locales por préstamos garantizados con la recaudación de impuestos que devengarán intereses del 7% anual como máximo, contra los que devenga la deuda actual, en promedio un 11-12% y en algunos casos el 30%.

Por este canje, presentado como una recomposición de la deuda en desmedro de la “patria financiera”, los gobernadores aceptan el pago de las deudas atrasadas con un título sin interés del estado nacional (Lecop), y mucho más que la rebaja en un 13% de los fondos de coparticipación. Cavallo ha decretado por sí y ante sí la liquidación del régimen histórico que establece el reparto de los impuestos nacionales indirectos con las provincias. “No hay deudas con las provincias”, acaba de plantear, “lo que hay es una diferencia entre un piso garantizado y lo que realmente obtienen de coparticipación (diferencia que dependía) de un crédito que la Nación tenía que conseguir y que, obviamente, desde el 1º de julio no ha estado disponible” (Clarín, ídem). El régimen de golpe de estado que preside la agonía del gobierno ha disuelto la coparticipación federal, sin advertírselo al Congreso. Días antes había dispuesto garantizar el pago de la deuda externa con la recaudación de impuestos, pasando por encima de la expresa negativa del Parlamento seis meses atrás, que tildó de “traidores a la patria” a quienes “osaran” colocar los recursos tributarios en una virtual caja de seguridad con la llave en mano de los banqueros, que es lo que se ha hecho.

El peronismo huye del poder

Uno de los funcionarios parientes del presidente, se atrevió a plantear en La Nación que “el gobierno está mas fuerte que nunca porque carece de toda oposición política” (11/11), un aserto que caracterizó de manera demoledora la conducta del peronismo y la burocracia sindical. En la misma frontera del poder, cuando, según un comentarista, el vuelo de una mariposa podía demoler al gobierno de De la Rúa, el peronismo se desintegró en horas. Luego de amenazar con ocupar la presidencia del Senado y hacerse cargo de la línea sucesoria del Presidente; luego de hacer votar en diputados y amenazar con convertir en ley la obligación de “coparticipar” el llamado impuesto al cheque, afectado a la garantía del pago de la deuda externa en la operación de canje; luego de anunciar una Marcha Federal (y colocar detrás suyo al 95% de la burocracia sindical), luego de todo esto, la ofensiva del peronismo se disolvió por dos razones: la orden de los banqueros e industriales y el temor a una explosión popular. Esta se encuentra a la orden del día en las provincias y en particular en Buenos Aires, donde se están multiplicando las “autoconvocatorias” de docentes, trabajadores de los hospitales, municipales y estatales y en el conurbano y en el interior (frente a las inundaciones), han sido convocadas las primeras “asambleas populares”.

Ignacio de Mendiguren, titular de la UIA, articulador del Grupo Productivo y promocionado ministro de economía en un hipotético gobierno Duhalde, adelantó la rendición de los gobernadores delimitándose tajantemente de éstos por no haber firmado el acuerdo Nación provincias antes del viaje de De la Rúa a Estados Unidos. Y fue aún mas lejos planteando abiertamente la continuidad de Cavallo: “No soy objetivo en juzgar a Cavallo porque padecí esto y no me puedo olvidar. Pero creo que en esta situación en que hay que tomar medidas de mucho coraje (él) coraje ha tenido siempre”… “Pensar que Cavallo algún dia iba a decir que hay que reestructurar una deuda era muy difícil” (ídem).

En el torneo de demagogia previo a la rendición, Carlos Ruckauf llegó a plantear la denuncia del Pacto de San José de Flores (1859) para impulsar la aplicación de un pacto de coparticipación inverso, por el cual las provincias cobrasen los impuestos y luego remitieran los fondos que correspondan a la nación. Cierto que no les propuso esto a las comunas bonaerenses, que son víctimas de la política de robo de la coparticipación, a imagen y semejanza de lo que hace la Nación con las provincias.

La bancarrota ha dejado al desnudo la subordinación absoluta del peronismo a la línea dominante de los acreedores y el desgarramiento en su interior *Duhalde fracasó en el intento de desplazar al menemismo de la conducción del PJ, De la Sota quebró tempranamente el frente de los gobernadores en búsqueda de fondos nacionales frente a la cesación de pagos en su provincia. De paso, ha probado nuestra caracterización. “El peronismo ingresa al período de derrumbe del gobierno aliancista, debilitado por los resultados electorales y por su división interna (derrumbe de sus administraciones provinciales). Duhalde habría necesitado tiempo para convertir al peronismo en un factor de reestructuración política del Estado, pero tiempo es lo que menos tiene. Es a partir de aquí que emerge la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones e incluso de la Asamblea Constituyente” (Altamira, PO Nº 726).

Pero la rendición de los gobernadores y el peronismo es un esfuerzo inútil. Nada puede salvar la “convertibilidad” y, a término, a Cavallo y De la Rúa.

Si hay acuerdo y “todo va mejor”, ¿por qué no baja el riesgo país?

Hace casi un mes atrás los bancos rechazaron la propuesta de una “reestructuración voluntaria” de la deuda de las provincias, que era colocada como condición insoslayable para una “reprogramación” general de la deuda externa. Se negaron a aceptar una quita de intereses sobre los créditos usurarios que tienen contra los Estados provinciales, pidiendo su capitalización para más adelante.

De entonces ahora, ¿los banqueros han variado su conducta “en defensa de la patria” y reconocido, como le planteó Bush a De la Rúa, que “los bancos han ganado mucho”? Según Clarín “todas las fichas (del gobierno) están puestas a lo que pueda hacerse a nivel local donde sí parece que tanto los bancos como las AFJP irán masivamente a la operación (de canje)” (14/11). ¿Se habrá equivocado PO?

El gobierno nacional, en función de este acuerdo con los banqueros locales, se ha superado a sí mismo en entreguismo. Los acreedores dispondrán de una caja propia que “les asegura el cobro automático de estas acreencias, ya que el dinero de la recaudación nacional que va a las provincias, pasa primero por una cuenta en el Banco Nación. Y en ese momento, los bancos toman su parte diariamente” (Clarín, ídem). Por si esto fuera poco, la renta de la nueva deuda está exenta del pago de todo impuesto nacional y el 7% de interés que se les ofrece a los banqueros es tres veces la tasa internacional.

¿Pero aún así, la operación “cierra”? Los diarios informan que se han acelerado las reuniones con el gobierno para discutir la “instrumentación” del canje, lo que equivale a decir que no hay acuerdo y que todos los esfuerzos pueden ser en vano por el propio desenvolvimiento de la crisis. En medio de una huida de depósitos que ha significado 2.600 millones de fuga de depósitos de un mes a esta parte, los bancos están obligados a ofrecer tasas de interés altas a sus depositantes para retener el dinero en sus cuentas pero a la vez, si reciben un 7% por sus préstamos a las provincias, deberían bajarle la tasa a los depositantes que quieren retener. Naturalmente, “es ahí donde se juega el match decisivo” (ídem).

Default

El default está en curso, lo que es noticia cotidiana en la prensa internacional y en los informes de las calificadoras de riesgo. No se trata solo de la huida de depósitos. “En paralelo, fuentes empresarias comentaron el corte en las operatorias crediticias de algunos bancos. En especial, pero no solamente, en el descuento de valores” (ídem, anterior). El corte en la cadena de pagos ha llegado al corazón de los bancos, en un escenario caracterizado por el aumento en las tasas de interés y el desarrollo feroz de la “bicicleta financiera”.

Por estas razones el gobierno asiste a un desmoronamiento implacable que acaba de cobrarse a Patricia Bullrich y puede liquidar a Cavallo y, a término a De la Rúa. Por lo mismo, Michael Mussa, ex economista jefe del FMI acaba de plantear un cuadro de catástrofe para la Argentina, señalando el fin total de la “convertibilidad”, la existencia de un déficit fiscal real que ronda los 20.000 dólares y la necesidad de una “salida” sustentada en el control de los depósitos y la desdolarización de las deudas (El Cronista, 13/11). El derrumbe de la convertibilidad se puede apreciar en el festival de moneda “basura”. La emisión de los diez bonos provinciales suma casi un cuarto del total de la circulación monetaria en el país. Deberían reemplazarse por un bono nacional (Lecop) que ha llegado tarde. La desvalorización de unos y otros ya está en marcha. “Los que cobran en Lecop necesitan pesos para viajar o pagar deudas por lo que en el ‘mercado secundario’ han comenzado a depreciarse” (Clarín, 11/11). Pero a la vez “surgen las primeras cotizaciones paralelas: un Lecop (el mas valorizado junto con el Patacón) vale 2 Cecacor (bono correntino)” (Ambito Financiero, 14/11).

Default (II)

Los banqueros siguen abundando en gestos pero ninguno de ellos está comprometido a nada.

“Nadie parece dispuesto a ser señalado como el responsable del empujón final”, señala La Nación (7/11)

De conjunto, todos los reclamos están puestos en el cumplimiento del Déficit Cero, hoy mas inalcanzable que nunca por las exenciones de impuestos que supone el canje, por el salvataje de las empresas en mora a través del pago en títulos o acciones desvalorizados, que afectará la deuda en impuestos, por la extensión de los “planes de competividad”, por la rebaja del aporte jubilatorio del 11 al 5%. El gobierno está obligado, como mínimo, a un ajuste adicional de 6.000 millones de pesos, que supone un plan de guerra contra las masas del cual se conoce sólo una parte, pero que inexorablemente irá al despido en masa de trabajadores estatales, a la liquidación del incentivo docente, la destrucción del Pami, la “centralización” de los planes sociales, es decir su eliminación parcial, y aún el arancelamiento universitario.

Un gobierno en demolición

El derrumbe de este intento final planteará la caída de Cavallo e incluso del gobierno en pleno. Si éste se sostiene es por la política de apoyo a la “reestructuración voluntaria” de la deuda, la bandera de la “oposición” que tomó en sus manos el ministro de Economía y que hoy envuelve prácticamente al conjunto de la burocracia sindical. La(s) CGT (s) no van mas allá de una movilización (sin paro hasta el momento) en defensa del Pami y “contra el paquete económico”, preservando a rajatablas la “gobernabilidad”. Es también la política de la CTA centrada en la “consulta popular” sobre el subsidio de empleo y formación para mediados de diciembre.

La crisis de gobierno y de régimen plantea una situación nueva a la lucha de las masas. No es suficiente un planteo reivindicativo, ni mucho menos confinar estas reivindicaciones a demandas locales. Una crisis de poder exige un planteo político porque ese poder se ha convertido en una marioneta de la propia crisis y no tiene capacidad para responder a las reivindicaciones. En esta situación, el punto vertebral de la intervención en la crisis es desenvolver en todos los escenarios posibles el planteo de la Asamblea Popular Constituyente.

FUERA DE LA RUA-CAVALLO

Asambleas populares constituyentes