05/12/2002 | 783

El «plan social» del imperialismo

El Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las Naciones Unidas han impuesto una auditoría propia sobre los 16 programas de asistencia social que se ejecutan en el país con créditos de los organismos financieros internacionales. Según el BM, se trata de la primera experiencia mundial a gran escala para asegurar la «transparencia» y «desterrar las irregularidades» en el manejo de los planes sociales. El control, a cargo de una «organización no gubernamental» (ONG) que tendrá «el apoyo técnico del British Council y de una corporación japonesa», ha sido aceptado e instrumentado por el gobierno y sólo falta definir su fecha de lanzamiento.


Esta auditoría será externa y autónoma de la que supuestamente realiza el Estado argentino a través de una frondosa burocracia –Auditoría General de la Nación, Sindicatura General de la Nación, órganos de control de cada ministerio–, pero tiene otro propósito. El «monitoreo» de los organismos internacionales viene a ejercer una virtual dictadura sobre el manejo de los planes sociales. Constituirá, según los propios funcionarios del BM, «un ejército de ojos que estará puesto en todos los planes sociales del país». Cada uno de los patrocinantes del «control» –BM, BID, Naciones Unidas– no sólo tendrá la prioridad en la recepción de informes sobre el seguimiento de los planes, sino un derecho de censura en cuanto a lo que se publica sobre el tema: «sólo cuando estos organismos hayan tenido acceso a la documentación ésta podrá distribuirse a los medios de comunicación».


Este control pretende ser extendido al conjunto de los planes sociales. El BM, aunque formalmente sujeto a la negociación con el FMI, tiene previsto destinar 600 millones de dólares al Plan Jefes y Jefas de Hogar que, de este modo, «también pasará a ser monitoreado con el nuevo esquema que tendrá el resto de los programas asistenciales» (citas de La Nación 11/11).


 


El Banco Mundial reflota los «consejos consultivos»


La decisión de poner en marcha esta verdadera operación de Estado sobre los «planes de ayuda a los pobres» surgió a partir de la Mesa de Diálogo, armada a instancias del gobierno y coordinada por la jerarquía del clero y representantes de las Naciones Unidas. Allí se expresó «preocupación» por el manejo de planes que totalizan un presupuesto de más de 3.000 millones de pesos y se acordó crear el «Consejo de Ejecución y Control del Salario de Inclusión Social» (integrado, entre otros, por representantes del gobierno, de la Sociedad Rural, de la UIA, de la Copal, de las asociaciones de banqueros –Aba y Abappra–, de la CGT, la CTA, la Iglesia Católica y «tres» ONG). Se resolvió reproducir este organismo en cada localidad con más de 25.000 habitantes y hacer pasar el conjunto de los planes sociales a través de estos «consejos consultivos»; una manera de sacar de las manos de las organizaciones piqueteras todo control sobre el manejo de los planes.


Esta política, dictada hace seis meses y puesta en la ley del Plan Jefes y Jefas, no terminó de implementarse jamás por la resistencia de las organizaciones piqueteras no colaboracionistas con el gobierno y la descomposición del peronismo. Pero ahora, el «monitoreo» impuesto por el BM, el BID y las Naciones Unidas exige como condición reafirmar la política de los «consejos consultivos»: «fuentes de la Iglesia, la Mesa de Diálogo Argentino y de las Naciones Unidas confirmaron a La Nación que ya se aprobó un proyecto para fortalecer el consejo consultivo en los niveles nacional, provincial y municipal» (ídem, 11/11).


 


Contraprestación laboral


El «control» de los organismos internacionales va de la mano de la «contraprestación laboral» de los Jefes y Jefas, uno de los centros de atención del «ejército de ojos» que controlará los planes sociales. El Banco Mundial determinó que un mínimo del 60% de los inscriptos en el plan debían comprometerse a trabajar. Según el Ministerio de Trabajo esta meta estaría superada desde el momento en que un «63% de los beneficiarios ya se inscribió para brindar las contraprestaciones laborales correspondientes a la ayuda de 150 pesos mensuales», aunque el objetivo es llegar al 90% (Ambito, 8/11).


Lo que se presenta en nombre de la «cultura del trabajo» es un plan de guerra contra la clase obrera, sancionando por la vía de los hechos un salario único y general de 40 dólares mensuales o cincuenta centavos por hora, «salario» que corresponde al desocupado que reemplaza a un trabajador municipal en las intendencias y a aquel otro que es ofrecido por el Estado a las patronales en un gigantesco desplazamiento de mano de obra permanente.


El llamado «reingreso del trabajador al ciclo productivo» es un gigantesco subsidio al capital, que contrata un trabajador con un «costo laboral» inédito: 150 pesos pagados por el Estado y una cifra misérrima a cargo de la empresa, que sólo se hace cargo de la diferencia hasta completar un salario de convenio. Por lo demás, no crea empleo, desde el momento en que el industrial que no produce no toma mano de obra; simplemente alienta un gigantesco desplazamiento del trabajador convencionado por el desocupado subsidiado.


Detrás de la «contraprestación laboral» exigida a los desocupados está también el reemplazo, transitorio por definición, de los miles de despedidos planteados por el «ajuste» del FMI en provincias y municipios.


El intento de condicionar el Plan Jefes y Jefas a un trabajo en empresas privadas o áreas del Estado expresa una tendencia mundial de la burguesía, que liquida el concepto de seguridad social según el cual, en los papeles, el Estado debía velar por el trabajador indefenso. Plantea ahora, en nombre del combate contra el desempleo, una caída aún más pronunciada de los salarios y una precarización del trabajo aún más profunda.


Para la clase obrera, la diferencia entre el seguro al parado y el pago a cambio de una «contraprestación» no es menor. En el primer caso se pone un freno a la competencia entre los obreros por un empleo y al hundimiento de salarios que esto conlleva; en el segundo, se exacerba esa competencia y se entrega a las patronales mano de obra prácticamente gratuita.


 


La depuración de los padrones


En función de esta política dictada por el Banco Mundial, la Iglesia y la Mesa del Diálogo, se ha puesto en marcha la depuración de los padrones. Todos aquellos que supuestamente no cumplen las condiciones de Jefes y Jefas, que «no tienen carga familiar», están siendo borrados de a miles de los padrones. Luego vendrá el caso de todos aquellos que no cumplen con la «contraprestación laboral».


La perfidia de esta conducta no tiene límites si se advierte que, a pesar de la ley que consagra el «derecho universal» al plan Jefes y Jefas a todo aquel «padre o madre desocupado con carga familiar…», la inscripción, que debería actualizarse mes a mes en un país que ha tenido medio millón de cesantías en menos de un año, se ha cerrado en el mes de mayo.


El plan del clero y las organizaciones de la burguesía imperialista apunta, sin embargo, mucho más alto: ceder los planes de asistencia social a las ONG, privatizar de este modo la asistencia social y borrar toda injerencia del movimiento piquetero.


Las «organizaciones no gubernamentales» (ONG) han surgido frente a la incapacidad de los regímenes políticos para hacer frente a las tendencias a la disolución que provoca la gigantesca bancarrota capitalista a escala mundial. Un vínculo directo con ellas le permite al imperialismo pasar por encima de los gobiernos, ejercer un contrapeso y condicionar aún más su desempeño. Pero jamás se debe perder de vista que las ONG son organizaciones privadas que responden a los intereses de los capitalistas y empresas privadas que las financian (que por esta vía evaden impuestos, blanquean dinero negro y, tanto o más importante que esto, inficionan el movimiento popular).


 


Destruir al movimiento piquetero


Detrás del propósito de entregar la asistencia social a las ONG no existe ningún objetivo altruísta o de eficiencia («toda la asistencia social en Tucumán se canaliza a través de las ONG» ha dicho en su defensa el ministro de seguridad social de la provincia, luego de la muerte de los niños por desnutrición) sino el negocio capitalista y el abandono de toda responsabilidad del Estado frente a la catástrofe social. La ley 1420 de educación pública planteaba la obligación del Estado de asegurar la «oferta» en este terreno e incluso la mensuraba: una escuela cada veinte manzanas (un precepto que el Estado capitalista jamás cumplió). Lo mismo debería ocurrir, por caso, con los comedores populares, estableciendo taxativamente la responsabilidad del Estado en instalarlos frente a la hambruna creada por el régimen.


Con las ONG y en particular en la Argentina, la burguesía tiene otro objetivo estratégico: fragmentar y domesticar al movimiento piquetero, a través de la cooptación de dirigentes piqueteros sobre la base de prebendas. Las cabezas pensantes de este mismo gobierno pusieron en su momento en escena las «manzaneras» frente al agotamiento de los punteros tradicionales y el desarrollo impetuoso de las organizaciones piqueteras; ahora está planteado el intento de erigir una burocracia piquetera asociada al accionar de las ONG.


Esta ofensiva expone de una manera brutal los límites insalvables de una lucha que se limite al reclamo de los planes de empleo y pone al rojo vivo la necesidad de una acción política de conjunto para expulsar al gobierno hambreador y barrer con la acción imperialista cuyo fin es privatizar la asistencia social y disolver el movimiento piquetero.

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