El Poder Judicial salteño al servicio de los especuladores inmobiliarios

Repudiamos la probation a un patrón de la construcción tras la muerte de un obrero


La Sala 5 del Tribunal de Juicio, presidida por Mónica Faber e integrada por los jueces José Riera y Guillermo Daniel Pereyra, concedió el beneficio de la suspensión del Juicio a Prueba para los empresarios Mario Eduardo Nahum y Héctor Borjas, ambos imputados por la muerte en 2009 del obrero José Luis Llanes, durante la construcción de un edificio de altura.


Tras largos siete años de espera, la Justicia coronó su periplo de impunidad e inacción con una vergonzosa probation a favor de empresarios con sobradas pruebas en su contra, por construcciones que no respetan ni las más básicas normas de seguridad. En medio, hubo muchas dilaciones por parte de Nahum, quien se ausentó a declarar en seis oportunidades, facilitadas por una justicia que tardó cinco años en elevar la causa a juicio. Estas maniobras le permitieron al acusado presentarse “espontánea y voluntariamente” en sede judicial a días de la caducidad de la causa y ofrecer 300 mil pesos a la madre de la víctima y la reparación de una de las habitaciones de su vivienda.


La vergonzosa “oferta” de Nahum fue elogiada por el Tribunal en varios pasajes de su fallo: “no puede dejarse de lado el dolor que puede sufrir una madre por la muerte de su hijo (…) No obstante ello, por un imperativo legal, nos vemos obligados a pronunciarnos al respecto y decimos que la oferta realizada por los encartados está dentro del marco de razonabilidad requerida”


La justicia salteña hizo borrón y cuenta nueva de las innumerables pruebas en su contra: el edificio en que murió Llanes está denunciado por varios vecinos linderos por rajaduras y derrumbes en sus propiedades, incluso Nahum tuvo que retrasar en varias oportunidades su inauguración por medidas cautelares en su contra.


En ciudad de terremotos, edificios de cartón


La ONG “Red Sol” denunció la existencia de 800 edificios en la ciudad (el de Nahum entre ellos) que carecen de juntas sísmicas, pararrayos o que violan artículos fundamentales del Código de Edificación Municipal. Todas las construcciones son posteriores al año 2003 y forman parte de un boom especulativo que corrió paralelo al ingreso de dólares por la soja y el blanqueo de capitales.


Nada de esto podría ocurrir sin la complicidad de Romero, Urtubey e Isa, pues no sólo no controlaron sino que archivaron centenares de denuncias realizadas por los vecinos, organizaciones y el Partido Obrero en las secretarías de Control, Obras Públicas, Concejo Deliberante y Legislatura. Incluso el romerismo y el oficialismo votaron numerosos blanqueos y hasta una reforma del Código de Edificación y de Planeamiento para elevar en altura (densificar) varias zonas de la ciudad. En estas semanas el romerismo y Urtubey pactaron aprobar una modificación en el Código de Planeamiento que permitirá la construcción de edificios de altura en la zona del Hospital Materno-infantil.


Obreros en peligro


El 2 de octubre de 2009, José Luis Llanes despertó gravemente desmejorado: luego de meses de estresante trabajo para la empresa Luxem, de Mario Nahum, había sufrido en carne propia varios accidentes durante la construcción de un edificio: el derrumbe de dos paredes, una columna y la lesión en su ojo izquierdo por no contar con gafas protectoras. A pesar del pedido en contrario de su esposa, Llanes partió para su trabajo ese viernes prometiendo que volvería temprano, a las 18. Un par de horas después yacía muerto bajo los escombros de una pared recién construida. 


Con esta probation, siete años después, se crea un antecedente terriblemente peligroso. Desde el año pasado este organismo no responde a los pedidos de informes de la senadora Gabriela Cerrano sobre heridas y muertes en la construcción.


Desde el primer momento, el Partido Obrero acompañó la causa en el entendimiento de que se trataba de un crimen de los empresarios y el Estado contra la seguridad de los trabajadores y vecinos de la ciudad. Una muerte causada por la violación de las normas de seguridad para abaratar costos debe ser fuertemente condenada.


Todo nuestro repudio al fallo, a los jueces y al poder político sostenedor de los negocios más podridos del capitalismo.