03/12/2020

El presupuesto 2021 de Córdoba capital, una cruzada contra municipales y vecinos

Incremento en el gasto de personal del 9%, aumentos de hasta el 25% en el inmobiliario urbano, más beneficios para acreedores y especuladores.
Concejala electa del FIT

El ejecutivo municipal presentó el proyecto de presupuesto 2021 para la ciudad; el mismo ya recibió despacho favorable en comisiones con sólo las firmas de los ediles del PJ y será llevado a la sesión del Concejo Deliberante el próximo viernes 4 de diciembre para su aprobación en primera lectura. Se trata de un presupuesto que grafica de cuerpo entero la orientación ajustadora de la gestión del intendente Martín Llaryora. El solo hecho de que la partida salarial prevea un 9% de incremento contra una inflación proyectada del 47,5% para el año que viene revela su carácter profundamente antiobrero.

El ataque a las y los trabajadores ha sido el corazón de la política del PJ en la ciudad. Vale recordar que Llaryora inició su gestión con una fuerte campaña que hacía responsable a los «abultados salarios municipales» de la deuda impagable que arrastra la ciudad. Según el intendente, el rubro «personal» afectaría entre un 60% y 70% del presupuesto 2020.

Sobre este argumento se montó una política de ataques a las principales conquistas obreras, con una reducción de la jornada laboral que implicó el recorte del 15% en los salarios, la eliminación de prolongación de jornadas y horas extras, despidos a trabajadores precarios y un plan de pasividad anticipada que afectó a 800 trabajadores. El 11% de incremento salarial otorgado en noviembre fue la última parada. Este acuerdo implicó una pérdida de alrededor de 30 puntos del salario y un ataque en toda la línea a las jubilaciones.

Con estos antecedentes, no sorprende que el incremento para «personal» previsto para el 2021 apenas alcance el 9%, mientras que el presupuesto global aumentará un 27%. Así las cosas, la partida salarial pasaría de representar un 60% en 2020 a un 42% en 2021. Esta reducción oculta, sin embargo, los millones que el ejecutivo prevé gastar en los 1.700 monotributistas, que se sumarían a los 2.800 «servidores urbanos». Este dato da por tierra la idea de que existe una planta municipal excesiva. Se busca suplantar a las y los trabajadores de planta por otros en condiciones de precarización laboral.

Nuevos tarifazos

En su cruzada contra las y los municipales, Llaryora apeló al enfrentamiento entre municipales y la población. Sin embargo, el ajuste salarial no implicó un redireccionamiento de fondos para financiar servicios esenciales para la ciudad. Por el contrario, a tres meses de iniciada su gestión se despachó con aumentos que rondaron en un 72% para el inmobiliario urbano y el 77% en el automotor, superando ampliamente el 53% previsto como tope en su propia ordenanza de «Emergencia Municipal».

El presupuesto 2021 retoma esta orientación fijando un aumento del 25% para el impuesto inmobiliario urbano. Se trata de uno de los impuestos más regresivos en tanto establece diferencias irrisorias entre aquellas familias trabajadoras que poseen una pequeña vivienda y las grandes inmobiliarias, en muchos casos exentas de impuestos. En la misma línea, el conflicto judicial abierto entre Aguas Cordobesas y la provincia deja planteados nuevos tarizafos en el agua que deberán ser resueltos por la municipalidad luego del traspaso de este servicio a la ciudad.

En materia de transporte, se prevé mantener los subsidios municipales a las empresas prestatarias, liberando nuevos aumentos en el boleto. El presupuesto de Llaryora implica una confiscación en toda la línea de manera directa mediante un recorte salarial e indirecta por la vía de los tarifazos.

Los grandes beneficiarios

El «ahorro fiscal» de la gestión pejotista no irá a la salud o educación municipal, mucho menos a resolver el problema habitacional en una ciudad con más de 150.000 familias sin vivienda. Los grandes beneficiarios serán especuladores inmobiliarios y acreedores.

Una de las partidas que más aumentos recibe es la inversión en capital, que crece un 59%, mientras que el gasto en obras públicas será de $5.755 millones. Según informan funcionarios municipales, los recursos serán destinados mayoritariamente a la refuncionalización de espacios verdes y la construcción de nuevas obras viales. Se trata de obras para poner en valor las zonas de la ciudad más codiciadas por los desarrollistas urbanos, lo que dispara el precio de la tierra y alquileres agravando el problema habitacional.

Asimismo, se habilitan nuevas fuentes de negociados con contratistas y constructoras, con obras faraónicas ajenas a las necesidades de la población. El presupuesto 2021 destinaría el mismo gasto para el mantenimiento y refacción de los más de 100 dispensarios en toda la ciudad (destruidos por años de vaciamiento) para la construcción de la nueva sede del Concejo Deliberante.

El cuadro se completa con $1.700 millones destinados a la amortización de la deuda financiera, lo que incluye vencimientos de las Letras del tesoro y parte de la deuda en dólares, recientemente reestructurada.

Desde el Frente de Izquierda y el Partido Obrero rechazamos el presupuesto de ajuste y vaciamiento presentado por la gestión de Martín Llaryora. La crisis económica y social por la que atraviesa la ciudad no debe ser financiada con el hambre, la miseria y la precarización de municipales y vecinos. Rechazamos el pago de una deuda usuraria y planteamos la creación de un impuesto extraordinario a los grandes emprendimientos inmobiliarios y las grandes superficies comerciales para el desarrollo de planes de viviendas populares, y la inversión en servicios esenciales como la salud y educación en la ciudad.

 

 

 

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