17/03/2011 | 1168

«Sindicalista y empresario»: El procesamiento de Pedraza confirma el crimen político

La jueza Susana Wilma López procesó a José Pedraza y Juan Carlos Fernández por considerarlos instigadores penalmente responsables de los delitos de homicidio calificado en concurso real y homicidio calificado en grado de tentativa.

A la vez, procesó a Claudio Alcorcel por los mismo delitos, pero como partícipe necesario.

Tanto al partícipe necesario como a los autores intelectuales les corresponde la pena de prisión perpetua.

Los fundamentos del fallo refrendan lo que desde el principio caracterizó el Partido Obrero, a saber, que con el asesinato de Mariano se había perpetrado un crimen político; que ese crimen se ejecutó en defensa de un negociado capitalista y que su objetivo fue «aleccionar» a los tercerizados y a las fuerzas de izquierda que los apoyaban.

La jueza remarca que la Cámara del Crimen no sólo convalidó esta caracterización, sino que fue más allá.

«La agresión desarrollada habría tenido como real finalidad ‘aleccionar a los tercerizados’ para que, en el futuro, no intenten un nuevo corte de vías resultando relevante el análisis de la hipótesis acusatoria en relación con que los distintos eventos se desarrollaron de acuerdo a un plan determinado…».

La jueza concluye en que esa hipótesis es ya una certeza, así como también lo es la pretensión de perpetuar, a través del crimen, la dictadura de los burócratas al interior de la UF: «al impedir la incorporación de los trabajadores tercerizados se evitaba el ingreso de un número importante de obreros potencialmente contrarios a los intereses de la dirigencia de la ‘Unión Ferroviaria’, como así también la importante participación del gremio en las (…) empresas que tercerizan servicios como es la ‘Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur Limitada'». En el fallo se hace hincapié en que «Pedraza es secretario general de la ‘Unión Ferroviaria’ desde el año 1994 y ello le ha permitido echar raíces en la rama empresarial». «Es condición necesaria e indispensable, para mantener ese poder, conservar su cargo dentro del gremio».

«La conservación de ese cargo se encuentra asegurada mientras la ‘Unión Ferroviaria’ continúe determinando el ingreso de personal a las diferentes empresas ferroviarias. De esta forma, se asegura la fidelidad política de quienes ingresan y su afiliación a la lista Verde, que él encabeza. Ahora bien, el statu quo hasta aquí descripto se ve amenazado con la entrada de empleados ‘tercerizados’ a planta permanente. (…). El ingreso de personal de diferente filiación política brinda la posibilidad de constituir listas opositoras que desafíen su poder dentro de la ‘Unión Ferroviaria’ y de esta forma ponen en peligro el resto de las prerrogativas que tiene en su rol de dirigente sindical».

La defensa de los intereses económicos en juego de Pedraza queda también retratada en el fallo:

«Con relación a la ‘Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur Limitada’ debe destacarse que Pedraza tiene sobre esta firma una decisiva influencia. Ello surge no sólo de la circunstancia de que la hermana de su esposa, Silvia Coria, se desempeña como tesorera y su sobrino, Maximiliano Pedraza, es empleado, sino también en que una de las dependencias donde funciona la Cooperativa (San José 583, piso 6°, de esta ciudad) es propiedad de su esposa». En forma lapidaria, el fallo concluye en que «Pedraza no sólo se desempeña como un representante gremial, sino que en su figura convive el rol de empresario ferroviario. Ambas funciones, incompatibles entre sí, lo llevaron a que el día 20 de octubre del año 2010, determinara a un grupo de empleados ferroviarios (apoyados por una fuerza de choque externa) a «aleccionar a los tercerizados’ para de esta forma conservar su poder político».

«Es evidente la importancia de que los tercerizados no ingresen a la planta permanente de la ex línea Roca, pues si se concretara su incorporación, (…) estas personas podrían comenzar a militar en una lista opositora o quizá crear la suya propia y así disputar la dirección de la UF, que vale decir, no tiene oposición desde el año 2000, según el descargo del propio Pedraza.»

«Es por ello que ante el peligro latente de que esto ocurra, que los tercerizados ingresen a planta permanente alentaron y determinaron al resto de los procesados -a través de los delegados- para que agredan y expulsen a los manifestantes…».

El fallo no deja de señalar que «a Ugofe le ingresa mensualmente el monto dinerario aproximado de sesenta y seis millones de pesos (66.000.000 pesos), que proviene de una partida del Estado Nacional, para solventar los diversos gastos de la firma, la que en parte es entregada a las empresas tercerizadas con las cuales se contrataron ciertos servicios». Es claro, sin embargo, que los directivos de Ugofe aún no han sido procesados.

Por otra parte, el «rol» y la participación en el plan criminal del «compañero de ruta», como el propio Pedraza lo definió en la causa a Antonio Luna, subsecretario de Transporte, aún no ha sido alcanzado por la causa judicial.

Pero es constante la filtración de ambos actores en la investigación y los indicios que ya inducen a su responsabilidad criminal.

Los señalamientos y la denuncia del Partido Obrero sobre un crimen político y un plan criminal, que desde el oficialismo fue permanentemente desafiada, ha quedado confirmada de un modo contundente en el procesamiento de Pedraza.

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