El proceso contra Campagnoli se vuelve contra el gobierno
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Los alegatos en el proceso al fiscal José María Campagnoli debieron suspenderse por un extraño pedido de licencia por enfermedad hecho por uno de los jueces de un tribunal cuyo fallo venía cantado. ¿Ese tribunal se le ha partido al oficialismo? El caso ya tiene para el gobierno un costo político enorme, que no disminuiría (por el contrario, seguramente se hará mayor) aun en el caso de que lograran echar al acusado.
La ofensiva contra Campagnoli obedece al interés de blindar los negociados de Lázaro Báez, que involucran directamente a la familia presidencial. Pero lo que ha logrado es abroquelar a la defensa de Campagnoli y hasta movilizar, con ese mismo propósito, a los “caceroleros”.
José María Campagnoli fue miembro de una secta judicial derechista llamada “Los Centauros”, liderada por Norberto Quantín. En esa logia estaba también Alejandra Gils Carbó, la actual acusadora de Campagnoli (por eso Página/12, esa suerte de página Facebook del gobierno, no cita jamás ese antecedente). No se trata, como se ve, de una lucha ideológica entre los partidarios de una “Justicia independiente” y los que prefieren una “Justicia legítima”. Se trata de una lucha entre camarillas. Son los mismos que aplauden juntos el acuerdo con el Club de París y el acatamiento al fallo del juez buitre Thomas Griesa.
El Poder Judicial, tan afín al gobierno en el pasado reciente, cierra filas ahora en defensa de Campagnoli, aunque el fiscal acumula una veintena de denuncias en su contra, formuladas mayoritariamente por sus propios colegas o por empleados judiciales. Pero es un apoyo condicionado a que el gobierno no caiga en momentos en que la burguesía se junta al gobierno para evitar un defol ante la ofensiva de los fondos buitre.
Los fiscales K acusan a Campagnoli de haber cambiado el objeto procesal en la causa en la que investigaba al valijero Federico Elaskar, involucrado en maniobras de lavado de dinero por cuenta de Báez. Elaskar, acusado de administración fraudulenta de la financiera SGI (“la Rosadita” de Puerto Madero, ese bastión de la revolución nac&pop), fue considerado por Campagnoli, al mismo tiempo, víctima de una extorsión del propio Báez.
Ese proceder del fiscal fue defendido por la jueza de instrucción Gabriela Lanz, que tuvo a su cargo la primera causa vinculada con Báez, y por la también jueza de instrucción Wilma López.
