30/05/2003 | 756

El programa de la banca nacional

Quieren confiscar 23.000 millones de dólares

El frenapista y banquero Carlos Heller y el frepasista y banquero Roberto Felleti firmaron el sábado pasado, en el Ministerio de Economía, un documento en nombre de Abappra, la asociación que nuclea a los bancos nacionales públicos y privados, donde volvieron a reiterar «el apoyo al plan que impulsa el ministro Roberto Lavagna». Lo hicieron «con la firma de un documento en el cual se destaca la necesidad de recomponer el sistema bancario y financiero mediante ‘un reparto justo y equitativo de las pérdidas que la crisis nos impone’ y cuidando los intereses de los ahorristas atrapados en el corralito» (La Nación, 26/5).


Tanto Heller como Felleti dejaron claro que ese apoyo a Duhalde-Lavagna no significa que dejen de reclamar una compensación del Estado a la banca, algo ocioso por cuanto entre las medidas que prepara Lavagna hay una fuerte compensación y hasta un seguro de cambio a favor de la banca.


Justamente, el mismo día que Heller y Felleti estampaban su firma, en Clarín *bajo el título «Una ayuda a los bancos»* se señalaba que «el proyecto de decreto para resolver el corralito que Economía ya tiene terminado también contempla el mecanismo para compensar a los bancos por los efectos de la conversión a pesos de las deudas en moneda extranjera». La información agrega que el Estado compensará a los bancos de tal manera que cada entidad vuelva a contar con el mismo patrimonio que tenía antes de la devaluación, «incluyendo los activos y pasivos de filiales y subsidiarias en el exterior en forma consolidada». Clarín aclara que con esa disposición «el Estado no sólo compensaría a los bancos por lo sucedido en el mercado local sino que también se haría cargo de las pérdidas de sus filiales en el exterior. Así, según comentó un director del Banco Central, «si una sucursal de un banco argentino tuvo problemas en, por ejemplo, Uruguay, la Argentina será la que se haga cargo de esos problemas y no el país donde está radicada y donde se le aplican las leyes y garantías locales» (Clarín, 25/5).


Al margen de este subsidio a la banca *que se calcula sería de 23.000 millones de dólares*, el plan Lavagna lo que menos hace es «cuidar los intereses de los ahorristas atrapados en el «corralito», como afirman con total cinismo los banqueros «nacionales».


Lo que efectivamente hace Lavagna es que los ahorristas pierdan sus ahorros mediante tres variantes:


1) Mantener el plazo fijo reprogramado y pesificado a 1,40 pesos. El ahorrista de entrada tiene una pérdida del 70% y, aún así, ese dinero licuado sería recuperado por el ahorrista entre el 2003 y 2005, siempre y cuando el banco donde está depositado el dinero siga en funcionamiento para esa fecha y cuente con liquidez.


2) Comprar un auto o una casa con el ahorro pesificado. También aquí el ahorrista tiene una pérdida del 70% como mínimo, a lo que se agrega el mayor precio que deberá pagar por la casa o el auto al hacer la operación a través del endoso del plazo fijo. Esta alternativa es un suculento negocio para constructoras, inmobiliarias y automotrices. Por eso el apoyo de la patronal automotriz y de la Cámara patronal de la Construcción.


3) Recibir un bono en dólares a 10 años: también aquí la pérdida es del 70 al 80%, porque ese bono tendrá un valor de 20 ó 30 por ciento de su valor nominal. El ahorrista que se desprenda del bono perderá casi todo el ahorro y ese bono será comprado por los bancos, que harán la diferencia. El ahorrista que espere cobrar ese bono tendrá su ahorro congelado y correrá el riesgo de no cobrarlo a su vencimiento.


Como se ve, «el reparto justo y equitativo de las pérdidas que la crisis nos impone» es una total y completa expropiación de los ahorristas en beneficio de la banca.


Entonces, ¿por qué el rechazo de este plan por parte de la otra asociación de banqueros (ABA) que reúne a los bancos extranjeros?


Porque ABA plantea transformar compulsivamente todos los plazos fijos en un bono, de manera de liquidar de un plumazo a los ahorristas, sin otras alternativas que beneficien a la patronal automotriz o de la construcción. Ese bono compulsivo les permitiría a los bancos descargar de un saque, al 100% de su valor, los desvalorizados títulos de la deuda que están en su poder, algo que en el plan Lavagna-Heller-Felleti se haría parcialmente. Mientras en el plan Lavagna-Heller-Felleti el subsidio a la banca es de unos 25.000 millones de dólares, en el de ABA sería de 30.000 millones. De todos modos, Heller y Felleti dijeron que ellos seguirán bregando para que el subsidio del Estado llegue a la suma calculada por ABA.


Es sabido que tanto Felleti como Heller fueron de los primeros en defender el corralito de Cavallo.


El mismo día que Cavallo puso el corralito, «el gerente general del Banco Credicoop, Carlos Heller, calificó como ‘un duro golpe a la economía en negro’ la decisión del gobierno de restringir el retiro de dinero efectivo de los bancos, pero remarcó que tal decisión, si bien es un proceso de bancarización forzada, no significa congelamiento ni confiscación de depósitos» (La Nación, 1/12/01). Y en una frase de antología, Heller agregó: «Yo no comparto la idea de que se trate de un congelamiento sino que se trata de lograr que no haya fuga del sistema».


También Abappra apoyó la sanción de la ley tapón contra los recursos de amparo y Heller ordenó a los empleados del Credicoop que enfrentaran físicamente y no le devolvieran la plata a los ahorristas que, con recursos de amparo favorables, fueron al Credicoop a retirar sus depósitos. Finalmente, la semana pasada, en declaraciones televisivas, Felleti rechazó cualquier nacionalización del sistema bancario.

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