La burocracia de Uatre firmó un convenio que establece, para el peón, un sueldo de 1.405 pesos a partir del 1º de agosto (un 44% del costo de la canasta familiar). Esto, a pesar de la magnitud sin precedentes de los beneficios obtenidos por los patrones de la soja.

El trabajador rural tiene un régimen laboral que está fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. Por ejemplo, carece de la indemnización clásica de un mes por año trabajado, porque en cualquier caso “no podrá exceder de tres veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones fijadas por la Comisión Nacional del Trabajo Agrario (CNTA)” (artículo 76 del Régimen Nacional de Trabajo Agrario).

La CNTA -que es el organismo tripartito constituido por el Estado, las organizaciones rurales (SRA, CRA, FAA y Coninagro) y el sindicato, Uatre- ha vuelto a confirmar este tope, por lo que el despido del trabajador rural sigue siendo el más barato de la Argentina: tres salarios, es decir 4.646,5 pesos. El “acuerdo” tampoco innova en otro punto en debate: el trabajador rural sigue sin derecho a recibir el (limitadísimo) subsidio por desempleo, del que quedó expresamente afuera cuando se aprobó la “Ley de empleo”.

Esto no es todo. El “acuerdo” fija estas condiciones para “todo el país”… pero sólo para 18 categorías enumeradas en él. Por eso, el acta plantea que “las Comisiones Asesoras Regionales negociarán las remuneraciones que se desarrollen en sus respectivas jurisdicciones, atendiendo y tomando en consideración las características propias de cada tarea” (artículo 4º).

Este es un viejísimo y tenaz planteo de las patronales del agro que pueden, de este modo, fijar salarios y condiciones de trabajo aún más negreras en distintas zonas del país. “Desde CRA defendemos las Comisiones Asesoras Regionales… que negocian salarios y condiciones de trabajo de acuerdo con las peculiaridades de cada zona. No es lo mismo tener una hectárea en Pergamino que una en Anta, porque esta última tiene un flete que le saca al producto una porción importante del valor del producto” ejemplificó un dirigente de CRA hace tiempo (La Nación, 30/4/04). El “proletariado invisible” es la variante de ajuste de la ecuación patronal.

El último “acuerdo” de la CNTA no dice una palabra acerca del trabajo en negro, que constituye hasta el 75% de la masa laboral “en unidades productivas declaradas como agropecuarias”. Tampoco habla de los trabajadores por agencia que forman el grueso de los planteles de las contratistas de servicios, quienes hoy se hacen cargo en gran medida de las tareas en el campo y que, como se sabe, no tiene derecho a indemnización alguna, ni de las “cooperativas de trabajo” formadas al solo efecto de evadir el pago de las cargas sociales.

El gran premio a la burocracia de Uatre

A “cambio” de su firma en el convenio infame, la burocracia de Uatre ha accedido al “podio” de las conducciones premiadas a costa de los trabajadores. “Los empleadores -dice el artículo 5º del acta- actuarán como agentes de retención de la cuota aporte de solidaridad acordada, fijadas en el 2% sobre las remuneraciones mensuales del personal, que deberán descontar a todos los trabajadores”, con excepción de los afiliados. Antes del 15 de cada mes, la burocracia de Uatre recibe contante y sonante el gran premio por su entrega: 28 pesos aproximados por cada trabajador (2% sobre 1.400).

Un programa de rescate del trabajador rural exige derogar la ley de la dictadura que impuso el régimen laboral de la CNTA, disolver las agencias de empleo -impuestas por otra dictadura militar-, arrancar paritarias libres y dar paso a la organización masiva de los trabajadores rurales en las explotaciones y las contratistas.