La renuncia de Mujica y su reemplazo por el vicegobernador Lobo fue el resultado de una negociación que trascendió las fronteras de Santiago. En esa negociación ofrecieron “sus servicios figuras como Raúl Alfonsín y Mario Losada, trascendiendo que también se utilizaron los buenos oficios del ex Ministro del Interior, Enrique Nosiglia, de tal suerte que ayer Ruckauf y Eduardo Menem, por un lado, y Figueroa-Zavalía, por el otro, habrían acordado como única solución, la sucesión institucional” (El Liberal, 27/10).

El pacto para rescatar al gobierno del PJ de Santiago fue el preámbulo del acuerdo que días más tarde tejerían en el mayor sigilo Menem y Alfonsín, para pactar la reforma constitucional.

En el marco de ese acuerdo comenzaron las piruetas de Zavalía, que había ganado por más del 50% de los votos las últimas elecciones, y que pasa a contar, a partir del 10/12, con 22 legisladores contra los 23 de los varios bloques enfrentados del PJ. Zavalía se ha ofrecido como árbitro de la estabilidad del gobierno de Lobo. “Si Zavalía cumple con lo pactado no va a haber ningún problema”, sostuvo Ruckauf (Clarín, 27/10). El hombre que llamó el año pasado a derrocar a Menem con un levantamiento armado, se ha sumado ahora al plan de Menem. No por casualidad, Zavalía, angelocista, apareció días después en los primeros cargos de la lista alfonsinista que pasó a dirigir la UCR.

 

Ultimo recurso

 

Antes de operarse el recambio del gobernador, cuando las luchas de las masas amenazaban con provocar un levantamiento popular, todos salieron a gestionar la Intervención Federal. Zavalía reconoció que “hablamos con el ministro Ruckauf de una intervención consensuada, por un plazo de 5 ó 6 meses, incluso se barajó la fecha de mayo o junio para el llamado a elecciones” (El Liberal, 31/10).

El mismo reclamo intervencionista lo plantearon el MODIN, diversas cámaras empresarias y sectores claves de la burocracia sindical, como Roberto Díaz de AEySIA (Docentes).

La Intervención Federal fue dejada de lado momentáneamente, a la espera de los resultados de la gestión de Lobo.

Obedeciendo las exigencias del gobierno nacional, Lobo ya envió un proyecto de “ley Omnibus”, que plantea, entre otras cosas, eliminar todos los contratos desde enero del ‘93; eliminar todo aumento salarial desde febrero del ‘93 (entre ellos un aumento del 60% que había otorgado Mujica); transferir el sistema jubilatorio a la nación y delegar atribuciones al Poder Ejecutivo para privatizar las empresas provinciales, cuyo bocado principal es el Banco Provincia.

El solo anuncio del contenido del plan llevó al reinicio de los paros y movilizaciones, que habían sido levantados en una muestra de “buena voluntad” de la dirigencia al nuevo gobierno.

Una tras otras las reparticiones y gremios se fueron declarando en paro por tiempo indefinido, obligando a la burocracia a reaparecer, “poniéndose a la cabeza”. Así apareció la CGT llamando a un paro general y la formación por parte de 10 gremios de un “Frente de Gremios en Lucha”, que convocaron a varias manifestaciones frente a la Legislatura de hasta 5.000 trabajadores. Estas concentraciones, paros y cortes de ruta se multiplicaron en todos los pueblos del interior, y también la violencia policial, que salió a garantizar a sangre y fuego el ajuste hambreador.

A medida que fue creciendo la protesta popular, Zavalía buscó delimitarse de Lobo, pero poniendo el cuidado de facilitarle el quorúm (las bancadas adictas a Mujica y Juárez boicotearon las sesiones) para aprobar la ley ómnibus.

 

Huelga general

 

El alcance de las medidas aprobadas son brutales, porque significan dejar a decenas de miles de trabajadores en la calle, reducir en un tercio los salarios de por sí miserables. El gobierno quiere sanear a costa de los trabajadores la quiebra del Estado y la banca provincial. Hay deudas exigibles por 150 millones de dólares, como parte de una deuda mayor que supera los 350 millones de dólares. El deficit mensual del estado es de 14 millones de dólares y el rojo del Banco es superior a los 30 millones, siendo su mayor deudor el gobierno provincial. En los meses previos desaparecieron 60 millones de dólares enviados por la Nación, los cuales, según El Liberal (23/10), “se habrían transferido, así se cree, al sector privado”.

Mientras las grandes cámaras empresarias, el obispo y la mayoría de los políticos patronales apoyan el paquetazo, crece y se extiende la resistencia popular, sumándose sectores de clérigos y monjas, que con comunicados anónimos han salido a denunciar la represión y los ataques al pueblo. Lo mismo ha ocurrido con las cámaras comerciales de los pueblos, que han apoyado las movilizaciones de los trabajadores. Estos alineamientos reflejan la polarización social e inclusive política. Los trabajadores todavía carecen de una política, han salido a la lucha por desesperación. Los bloques burocráticos coinciden en lo fundamental: tanto la llamada CGT “auténtica”, como el “Frente de gremios en Lucha”, reclaman una“reforma estatal con consenso”, un camino que no lleva a ninguna parte, es decir, a la derrota.

La única vía para imponer los reclamos es extender la huelga a toda la provincia, sumando a todos los trabajadores. En las últimas manifestaciones, varios de los dirigentes de la CGT y del Frente de Gremios, entre ellos Roberto Díaz de AEySIA, fueron corridos y apedreados por los trabajadores. Está  el sentimiento y el odio a la burocracia, es hora de pasar a elegir delegados desde abajo y así forjar una nueva dirección para la lucha.