El reclamo colectivo presentado por el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, con la firma de 7.000 jubilados, para que el gobierno respete la movilidad anulada por el decretazo que redujo los haberes de 2,7 millones de beneficiarios, fue elevado ayer a la Corte Suprema luego de que fuera rechazado por una jueza de primera instancia con argumentos (rechazo a la demanda colectiva, cada uno de los demandantes debe realizar juicio por separado) que la colocan en el terreno del gobierno y de bloqueo a los derechos de los jubilados, por la virtual imposibilidad material de llevar a cabo de esa manera los juicios.

Es que, además de las dificultades que se les presentan a la masa de jubilados para llevar adelante un juicio que puede demorar años, en este caso los montos individuales resultan menores para una demanda judicial aunque muy importante para quien no llega a fines de mes.

El marco en el que se da la decisión de la jueza es toda una demostración del papel que juega la Justicia al servicio de los designios e intereses de clase. El planteo de que millones de jubilados realicen juicios individuales se da cuando, al decir de los abogados que representan a los perjudicados, el edificio donde funcionan las salas de apelación "está abarrotado de expedientes en los pasillos, en los descansos de las escaleras y en las puertas de los baños" (La Nación, 9/3). 

La presentación directa a la máxima instancia judicial fue tomada, además, ante la falta de jueces -por jubilación-, de la Cámara de la Seguridad Social ante la cual debía realizarse la apelación, lo que supone un nuevo bloqueo al reclamo urgente de millones de perjudicados.

Pero la elevación a la Corte, que se propone acelerar los plazos para que haya una definición judicial urgente sobre el reclamo, no supone necesariamente que el tratamiento sea breve, ya que aquella no tiene plazos para hacerlo e incluso previamente define si lo acepta o no.    

La totalidad de los jubilados perdió el año pasado casi el 20% del poder de compra contra la inflación y el gobierno decidió que a todos aquellos que ganen desde la miseria de $16.195 en adelante se les recorte una parte creciente del actualización del 11,56% que les correspondía, en nombre de una particular “solidaridad” –que el gobierno no le pide a los banqueros que se “la llevan en pala”, a las mineras, las petroleras, ni a la oligarquía-, por la cual estos jubilados, que no llegan a cubrir la mitad del costo de la canasta del adulto mayor, ven recortados sus haberes con la excusa de “darle más” a los que ganan la mínima. 

El gobierno quiere hacer caja con la plata de los jubilados  empujándolos aún más a la miseria, con la mira puesta en el pago al FMI y a los bonistas. Es parte del ajuste que quiere hacer recaer sobre las espaldas del conjunto de los trabajadores y los demás sectores populares.

Esta presentación ante la Corte debe ser tomada como parte de la campaña por la defensa de la movilidad de los haberes en el camino de la reconquista del 82% móvil para todos los jubilados.

Mañana, miércoles 11, es la próxima cita en las calles de esta campaña. Allí es donde conquistaremos nuestros derechos.