En la sesión del 25 de noviembre los distintos bloques de la Legislatura porteña presentaron proyectos de distinta índole para fijar posición sobre el asesinato de Lucas González.

Desde el bloque del Frente de Izquierda – Unidad presentamos una declaración de repudio y un pedido de interpelación al ministro de Justicia y Seguridad porteño D’Alessandro, para que rinda cuentas del accionar de la Policía de la Ciudad, tanto en este hecho como en centenares de casos de gatillo fácil que cuenta en su haber a pesar de su corta historia.

Por su parte, los bloques de Vamos Juntos y del Frente de Todos consensuaron un texto de declaración que repudia exclusivamente el accionar de los agentes involucrados en el hecho. En los discursos, los legisladores del Frente de Todos centraron su denuncia en el accionar de los policías de civil. Sin embargo, sus críticas no se extienden más allá de la General Paz. Pero también dejaron sentado que su crítica es “constructiva”, reclamando un ámbito institucional en donde poder discutir el accionar de estos policías.

Por su parte, diputados de Vamos Juntos centraron su intervención en despegar la responsabilidad política del caso, celebrando que el ministro de Seguridad haya actuado en “tiempo y forma”, ya que “exigió” a la justicia que investigue. De esta manera, plantean blanquear al resto de la policía y del gobierno que la sostiene, destacando banalidades como que “las comisarías están abiertas para escuchar a los vecinos”.

Amanda Martín, la legisladora del Partido Obrero en el FIT-U, en su intervención fue a fondo en denunciar el accionar delictivo de estas “brigadas” de civil. Recaudan con extorsiones en las villas y barrios pobres, están detrás de negocios relacionados al narcotráfico, la trata y el robo organizado. Actúan al amparo del poder político, ya que cuando trasciende un homicidio por gatillo fácil, lo encubren responsabilizando únicamente a los policías involucrados.

Estas políticas no son patrimonio único de CABA, como se demostró con el caso de San Clemente del Tuyú, en la Provincia de Buenos Aires gobernada por Kicillof. O el caso del asesinato de un mapuche en Río Negro, por parte de dos hombres que se colaron armados a la comunidad Quemquemtrew sin que, aparentemente, el enorme operativo de cercamiento policial en los alrededores del predio siquiera lo advirtiera. En materia de represión no hay grieta que valga.

Estos casos son fomentados y avalados por declaraciones en favor de la mano dura de personeros de todos los bloques políticos patronales, como lo son Bullrich, Berni o Espert. Amanda Martin finalizó destacando que la inseguridad viene organizada desde el Estado, reclamando justicia por Lucas y el desmantelamiento de las fuerzas represivas.