Políticas

30/7/2017

El reclamo de justicia por Once es incompatible con el macrismo

Escribe Marcelo Ramal.


A medida que pasan los días, resultan cada vez más claros los propósitos reaccionarios de la maniobra política montada por el macrismo en el Congreso, en torno de la supuesta expulsión del kirchnerista De Vido. El mismo gobierno que amparó y pactó con los jueces que vienen asegurando la impunidad del ex ministro quiso arrogarse la condición de juez moral del Congreso, para avanzar en la expulsión sumaria de un diputado. Pero el objetivo de esa expulsión no era terminar con un corrupto sino avanzar en un régimen de excepción, contrario a las libertades políticas y a las propias garantías constitucionales. Otorgarle esas facultades excepcionales al gobierno del ajuste, los tarifazos y el hiperendeudamiento nacional hubiera constituido, de parte del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, un crimen político. Por eso, rechazamos la maniobra del macrismo.


 


Pero la operación oficial tiene otro flanco deleznable –la explotación política de una de las principales masacres sociales de la historia argentina. En efecto: el macrismo se ha servido de los 52 muertos de Once y del movimiento de familiares de las víctimas para sus propósitos. Apenas superada la votación del pasado miércoles, los voceros de “Cambiemos” salieron a afirmar que dependerá de su victoria electoral en octubre la posibilidad cierta de que las corruptelas de De Vido –y principalmente la cuestión de Once– encuentren justicia en un futuro.


 


Con independencia de que ello no ocurrió durante el año y medio de macrismo, donde el bloque PRO jamás amagó siquiera con el juicio político a los magistrados de la impunidad, la pretensión de que un gobierno y un Congreso “fuertemente macristas” harán justicia por las víctimas de Once es una verdadera estafa política y moral. En primer lugar, De Vido será juzgado por el mismo poder judicial vitalicio e inamovible que le ha asegurado una vejez tranquila a innumerables funcionarios; que absolvió a Stuzenegger –actual titular del BCRA– por el fraudulento megacanje de deuda que precedió a la quiebra de 2001, y al propio Mauricio Macri a lo largo de décadas –primero por el caso Sevel, después por administración fraudulenta en Boca Juniors y finalmente por las escuchas ilegales desde el gobierno de la Ciudad. El juicio a De Vido por la causa Once deberá pasar por ese mismo poder judicial. Pero más allá de las chicanas y argumentaciones que interponga el ex funcionario para zafar de la cárcel, los límites para encontrar justicia no serán solamente judiciales.


 


Patria contratista, kirchnerismo y macrismo


 


En una indagación a fondo de la causa de Once, debería salir a la superficie un entramado que hace al corazón del capitalismo, que lucra con los fondos públicos –cosechados en base a la exacción impositiva a la población- y a la explotación directa de “sus” trabajadores. Ahora bien, ¿no es el macrismo una expresión directa y `pura` de esa patria `contratista`? Lo es, como empresario y como gestor del Estado. En el primer caso (Macri empresario), los vínculos del macrismo con los Lázaro Báez, Cristobal y su gobierno son mucho más que vasos comunicantes. IECSA, la empresa que pertenecía hasta hace días a Angelo Calcaterra, primo y presumible testaferro de Mauricio Macri, era socia de Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento. Según la justicia americana que investiga el lavajato, altos gerentes de IECSA participaron del sistema de coimas para la adjudicación de la obra, ello, junto con los colegas de De Vido. Desde el gobierno macrista en CABA, el régimen de desfalco del patrimonio público a favor de capitalistas privados estuvo a la orden del día. Por un lado, Macri prolongó por decreto la ruinosa concesión del grupo Roggio en el subte. De ese modo, uno de los participantes del desfalco ferroviario que administraron De Vido-Schiavi-Jaime perpetró un vaciamiento similar sobre los trenes porteños que operan bajo tierra. Otro capitalista del riñón de Macri, el grupo Caputo, se ha quedado con el 70% del mantenimiento de los hospitales porteños, que se terceriza a costos altísimos y con pésimos resultados. Pero el mayor saqueo de la Ciudad también fue consumado en sociedad con el kirchnerismo: nos referimos a la venta y concesiones de tierras públicas, una corruptela votada en sociedad con los legisladores del FPV y, a veces, por medio de acuerdos directos entre Cristina y Macri. Una de estas concesiones, la de Costa Salguero, armó el negocio de las `raves` electrónicas, con dealers y zona liberada –o sea, el Cromañón macrista, que terminó con la vida de cinco jóvenes. ¿Qué autoridad o interés pueden tener los cómplices estatales de todas estas fechorías para hacer progresar –o siquiera invocar– la causa de los asesinados en la estación de Once? El reforzamiento de este gobierno –avalando por ejemplo lo que hubiera constituido un golpe de estado parlamentario– nunca puede conducir a la justicia, sino a la impunidad de los socios empresariales del kirchnerismo y del macrismo. De Vido fue la expresión más alta del rescate kirchnerista del régimen de privatizaciones y concesiones del menemismo, que venía saqueando el presupuesto público desde los 90 en beneficio de la burguesía nacional (Macri incluido).


 


Cooptación


 


En la voluntad de hacer avanzar sus maniobras, el macrismo y Carrió, supuestos abanderados de la moralidad y la transparencia, han emulado e incluso empeorado uno de los recursos más deleznables del kirchnerismo. Nos referimos a la cooptación de movimientos y luchadores que se levantaron contra el Estado, reclamando justicia por sus hijos o familiares asesinados. Hace una década atrás, vimos cómo una luchadora de toda la vida, Hebe Bonafini, terminaba entrelazada al gobierno de Schoklender, De Vido y el represor Milani. Los Carrió y Macri han reiterado ahora la historia, integrando a familiares de Once al apoyo al macrismo. En la “mesaza” de Mirta Legrand de este sábado, una luchadora como María Luján Rey era incorporada a un verdadero megaspot de campaña electoral, como partenaire de Carrió y de Esteban Bullrich –primeros candidatos del macrismo en la capital y la provincia– y el llamado desembozado de la anfitriona a votar por el gobierno. Cuando los luchadores contra el Estado pierden su independencia respecto de ese mismo Estado, le restan a su movimiento el recurso fundamental para sostener consecuentemente la lucha contra la impunidad.


 


Por una deliberación política


 


Este hilo conductor entre las masacres sociales y el Estado capitalista debería dar lugar a un debate político de fondo en el Congreso –es el que promoverán los diputados del Frente de Izquierda si la justicia pide el desafuero de De Vido; el cual, desde luego, votaremos favorablemente, pero exigiendo a la vez esta discusión de fondo, para colocar ante toda la opinión popular las raíces sociales de un régimen de saqueo e impunidad. Digamos, de paso, que la separación sumaria de De Vido hubiera apartado al Congreso de este debate, circunscribiendo a la masacre de Once a una cuestión de responsabilidades penales e individuales. Nosotros luchamos –y lucharemos para que esas responsabilidades personales se esclarezcan y castiguen con la cárcel: nos hemos movilizado por ello desde el primer día en que lo hicieron los familiares de sus víctimas, y cuando los Carrió o Macri callaban desde sus casas. Pero haremos de esa condena un peldaño para la lucha contra un régimen social, donde los crímenes de Estado son el último escalón en su tarea cotidiana de opresión a la mayoría trabajadora. Llamamos a todos los luchadores contra la impunidad a una reflexión y a un balance político. Hay que apartar a los cantos de sirena de los viejos socios de la corrupción capitalista, en la comprensión de que la justicia exige un camino de lucha independiente de quienes gobiernan o gobernaron el país a cuenta de esos corruptos.