El martes 22, un conjunto de organizaciones sindicales combativas y de organizaciones sociales marcharemos a Plaza de Mayo (desde Belgrano y 9 de Julio), para reclamar un bono de fin de año o doble aguinaldo para trabajadores activos y jubilados, para efectivos y precarizados.

La convocatoria lleva el reclamo -generalizado en innumerables fábricas y gremios- de las palabras a los hechos. Se trata de la primera movilización obrera importante con un reclamo conjunto frente al nuevo gobierno. Un día antes marcharán los obreros de Cresta Roja pero por la continuidad de los puestos de trabajo, otra cara de la moneda del ajuste.

La marcha del 22 es un frente único de lucha, constituido en horas, donde se destacan la CTA Autónoma, la Federación Aceitera, la Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero (CSC-PO), la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria y distintas organizaciones sociales que agrupan a los trabajadores precarizados de cooperativas del plan Argentina Trabaja y otras, como CTEP, Polo Obrero, Teresa Vive, Frente Darío Santillán y Barrios de Pie.

La CSC-PO impulsa esta acción de lucha contra el enorme ajuste que ha puesto en marcha el gobierno de Macri mediante la devaluación monetaria, la reducción de impuestos al capital y la convalidación de deudas con el capital financiero que serán pagadas por el contribuyente. A ello hay que sumarle la declaración de una “emergencia energética”, que no prevé mejora alguna en los servicios colapsados pero habilita el aumento directo de tarifas.

Mientras las medidas de ajuste se ponen en marcha con decretazos inmediatos -y un Congreso cerrado- el debate por el impuesto a las ganancias en los salarios ha sido postergado hasta el inicio de las sesiones ordinarias, en marzo. La exención al impuesto en el medio aguinaldo es todavía inferior a la de 2014.

En el parlamento nacional y en las legislaturas provinciales, el Partido Obrero ha reclamado la convocatoria a sesiones extraordinarias, denunciando además que en los presupuestos aprobados no se contemplan los ajustes en salarios o gastos sociales a partir de este verdadero Rodrigazo en marcha. No se trata sólo de la designación a dedo de dos jueces de la Corte: es todo un paquete de decretazos para hacer avanzar una convocatoria de acreedores de la Argentina entera, donde los monopolios cerealeros y el capital financiero se han colocado en el primer lugar de la fila. El grueso de las fuerzas políticas de oposición acompañan esta orientación. Por eso han evitado una acción político-parlamentaria para autoconvocar el Congreso.

En el movimiento obrero la campaña es aún más oportuna. En contraste con la orientación paralizante de la CGT “unificada” y la vaciada CGT oficial, ex kirchnerista, centrada en negociar posiciones de poder en el gobierno de Macri, impulsamos asambleas fabriles y congresos sindicales con mandato de bases por un programa concreto.

Junto al bono de fin de año, exigimos en primer lugar un aumento de emergencia a activos y jubilados de 4.000 pesos, para compensar la carestía de las últimas semanas. Adelanto de paritarias absolutamente libres al 1º de enero, que incluya cláusula de actualización mensual por inflación, contra todo pacto social condicionante. Abolición del impuesto a las ganancias sobre los salarios convencionales, de carrera estatal, judicial o docente y sobre jubilaciones.

Luego, prohibición de despidos y suspensiones por un año. El cierre de Cresta Roja y los momentáneamente revertidos despidos masivos en Siderca, constituyen un aviso de alarma. Ningún despido.