El retorno de la Fragata Libertad a la Argentina se enmarca en la decisión de la Corte de Nueva York, que posterga la aplicación del fallo del juez Griesa en favor del reclamo de los fondos buitres para el 27 de febrero próximo. A su turno, esa decisión de la Corte es el resultado de la presentación de Argentina que promete reabrir el canje de deuda para los que se quedaron afuera de él en 2010 y obtener del Congreso la derogación de la ley cerrojo. No se trata, por tanto, de un acto de autonomía nacional, sino la consecuencia de otra inclinación vasallática ante el señor.

El litigio con los fondos buitres, los que pretenden el cobro integral de la deuda de Argentina, sin ninguna clase de quitas y con el reconocimiento de los intereses que se han ido acumulando desde 2003, no pinta bien para la gestión del asunto por parte de los K. La mayoría de los observadores coincide en que el fallo de Griesa será ratificado; la controversia se ha trasladado hacia la decisión de que el Banco de Nueva York reserve para ese pago a los buitres una parte del dinero que Argentina deposita allí para el pago regular de la deuda externa. Incluso el FMI y el gobierno de Obama se han presentado ante la Corte para señalar que tal cosa llevaría a Argentina a un defol técnico con los acreedores que entraron en el canje de 2005 y 2010, lo cual sería una amenaza para el sistema internacional de pagos. El asunto es que la orden al Banco de Nueva York sería la única manera de forzar a Argentina a cumplir con el fallo que obliga a pagar a los buitres, ya que sin esa amenaza lo ignoraría por tiempo indefinido, aunque la fuerce a tomar medidas precautorias contra un embargo de bienes en el exterior, como se dice que habría ocurrido con el Tango 01 si CFK lo hubiera usado para la gira que está haciendo en estos momentos. La apertura del canje que Argentina promete para los buitres remisos incluye la emisión de nuevos cupones PBI -un instrumento especulativo que llevará a pagar 30 mil millones de dólares hasta su vencimiento.

Ante este panorama negativo, al gobierno argentino solamente le quedaría apelar, con resultado incierto, ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Por eso, algunos gestores que se han presentado para 'defender' a la Argentina aparecen negociando una reducción de la compensación a los buitres -como, por ejemplo, dejar de lado los intereses acumulados (intereses sobre intereses). Sea como fuere, con esta propuesta o cualquier otra, el gobierno que ‘rescató’ la Fragata se ha comprometido a incrementar la factura de la deuda usuraria, en momentos en que los desequilibrios económicos del país están ocasionando enormes penurias a los trabajadores y anuncian una devaluación catastrófica del peso.