Son 350 imputados, entre burócratas sindicales de primer rango, funcionarios, ex funcionarios, empresarios de la salud, amigos y parientes. El juez Oyarbide los imputa por el desvío de parte de un crédito de 285 millones de dólares del Banco Mundial para la reconversión de las obras sociales entre 1996 y 2000. En la estafa a los trabajadores está involucrada la flor y nata de la burocracia sindical: toda la cúpula de la obra social de Obras Sanitarias, incluido Luis Lingeri (actual directivo de AySA y adjunto de la CGT), Cavallieri (mercantiles), Zanola (bancarios), Gerardo Martínez (construcción), Cassia (petroleros), Vicente Mastrocola (plásticos), Gerónimo Venegas (rurales). Su ruta…

El fiscal Carlos Stornelli dice que “miles de dólares que debían destinarse a mejorar el sistema de salud de los trabajadores terminaron en los bolsillos de los sindicalistas y sus socios con la ‘connivencia’ de funcionarios que debían controlar ese préstamo internacional”. Están imputados los responsables del Programa de Reconversión de las Obras Sociales (PROS) durante el menemismo y la Alianza y todos los secretarios de Salud: Jaime Saiegh, Luis Ceriani, Saúl Rossi, Jorge Becerra, entre otros.

En 23 obras sociales el dinero se usó “para pagar deudas que no existían a la fecha de la firma del préstamo” y cursos de capacitación que no se hicieron “a empresas creadas al efecto e integradas por conocidos de los sindicalistas”. Como buena parte de la deuda con el Banco Mundial fue absorbida por el Estado, la causa incluye la imputación de defraudación a la administración pública.

La investigación parte de una denuncia anónima que describía cómo el empresario Gustavo Aondi hizo en 1997 extracciones millonarias de las cuentas de las obras sociales de Telefónicos y Obras Sanitarias. Aondi, directivo de las prestadoras médicas Seldom y Equipo de Salud S.A, es socio de Lingeri en una empresa de automovilismo.

Obras Sanitarias recibió más de 3 millones de dólares del Banco Mundial para pagar deudas, comprar equipamiento, reducir personal y capacitar directivos. Parte del dinero se usó para pagarle a Seldom deudas dibujadas con facturas truchas. Además, los 500 mil dólares para “desarrollo institucional” los cobró una abogada que, mientras firmaba las certificaciones de deuda de la obra social, era la representante legal de la empresa acreedora.

Stornelli informó que Ostel (telefónicos) recibió casi 6,5 millones de dólares. En el peritaje surgió que Equipos de Salud facturaba el 10% de los servicios de Ostel antes del crédito, y que en 1997 aparece facturando el 50% de los servicios. En el '98, “cuando se agotó ese recurso, no facturó ni un peso”. La Obra Social del Seguro (Ramón Valle) recibió un préstamo de 16 millones de dólares pero “de un total de 304 facturas canceladas como pasivos preexistentes, 207 estaban fechadas con posterioridad a la firma del convenio”. De los 18 millones que recibió la Uocra, por lo menos 8 fueron desviados.

“Muchos de los funcionarios que debían auditar los préstamos tenían vinculación, formaban parte o aparecen como contratados por otras obras sociales", dijo Stornelli (Clarín, 20/4). El préstamo del Banco Mundial acompañó la desregulación de las obras sociales, una maniobra para concentrar los aportes en las más poderosas y quebrar las chicas, que se convirtieron en pantallas de empresas de medicina privada. O sea, el PROS fue una transferencia de recursos espectacular de los aportes de los trabajadores hacia las prepagas. Además, como se ve, fue un subsidio millonario a los burócratas sindicales que motorizaron la desregulación.

Que son los mismos que hoy le garantizan a Kirchner el techo salarial del 16%.