Una vez más el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, ya en campaña electoral, resuelve unilateralmente, puesto que no existen las paritarias en la provincia, otorgar un aumento salarial al que denomina “Saálariazo”.

Luego de anunciar un bono de $9.000 a pagar en cinco cuotas a lo largo del año, se retracta y lo reemplaza por un aumento del 21% activando la cláusula gatillo prometida a principio de año. Como siempre, no se aclara cuál será la forma en que se realizará la liquidación; lo único que queda en claro es que dicho aumento rondará los $2.000 –esto es lo que anuncia con bombos y platillos el mandatario.

El acto demagógico del gobernador esconde a su vez que los estatales que se jubilaron, retiraron o fallecieron fueron reemplazados por trabajadores del llamado Plan de Inclusión Social, pero no en las mismas condiciones. Para que estos pudieran ser considerados empleados del Estado se creó una categoría inexistente, la “F“, con un salario de $10.000. Se trata de 5.000 trabajadores que quedaron seleccionados entre 40.000 inscriptos, para sobrevivir con este salario cercano al de indigencia mientras prestan servicio con los mismos horarios y tareas que los de categorías superiores y con la figura de contratados. En ningún caso los salarios alcanzan el costo de la canasta familiar básica, de $24.000.

Respecto al sector docente, cabe destacar que un maestro de grado, jornada simple, sin antigüedad, percibe como salario básico la suma de $7.828, es decir que el aumento no llegará siquiera a los $2.000. En tanto los trabajadores que reciben planes y becas, percibiendo actualmente $7.200 por los múltiples servicios que prestan, recibirán un aumento de $800 en noviembre y de $1.000 en diciembre; por lo que deberán subsistir con de $ 9.000. En tanto, para jubilados no hay anuncio alguno.

Esta gravísima situación que afecta a un alto porcentaje de trabajadores puntanos está enmarcada en la política de ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI. Los porcentajes que se barajan, altos en apariencia, quedan al descubierto cuando se conoce la  insignificante cifra del aumento -que no contempla las devaluaciones, los tarifazos, los impuestazos del presente año.

Alberto Rodríguez Sáa es aliado de Cristina Fernández. Al igual que Alicia Kirchner en Santa Cruz, sigue una política de miseria salarial y represión contra los trabajadores de sus provincias. Nada que envidiarles al resto de los gobernadores del pejota o Cambiemos.

Desde el PO llamamos a los trabajadores a organizarse y exigir a sus respectivos sindicatos convoquen asambleas donde se resuelva un plan de lucha que eche por tierra la precarización laboral, la desocupación en aumento, el brutal ajuste a la clase trabajadora que paga la crisis del capital.

Luchemos por:

Salarios equivalentes al costo de la canasta familiar y en blanco

Estabilidad laboral, pase a planta permanente de todos los contratados y personal con planes

Cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo.

Igual salario por igual trabajo.

¡Basta de ajuste al pueblo trabajador!