Políticas

21/10/2010|1151

El sentido de clase del veto

A partir del veto, los voceros y “pensadores” del kirchnerismo han dejado entrever que están tramando una nueva “reforma previsional”. Un estudio del ¡Conicet! -un organismo estatal supuestamente dedicado a la investigación científica- señala que la ley vetada “aumenta en un 15% la desigualdad dentro de la clase pasiva”. El tamaño de la estupidez asombra, si con ello se quiere insinuar que el 82% sobre el salario mínimo perjudicaría al 75% de los jubilados al que va destinado el beneficio -que, en lo inmediato, sería un aumento del 35%. Para achatar la pirámide con los que cobrarán un aumento mayor, el remedio está a disposición: aumentar el salario mínimo para que el importe de la jubilación mínima crezca todavía más. Cuando un ‘investigador’ se convierte en instrumento de falacias como la que describe el Conicet, deviene en mercenario. Los jubilados que se beneficiarían con el ajuste que derivaría de la inconstitucionalidad del congelamiento de las jubilaciones desde 1994, simplemente pasarían a cobrar lo que les corresponde, luego de cumplido su período de vida laboral. Es lo que dispone, por otra parte, un fallo de la Corte Suprema. A medida que los K incumplen con este fallo, la deuda pública con los litigantes crece en forma de espiral -con sus respectivos intereses. Si el Conicet recomienda acumular semejante deuda, la cesantía de sus jefes se impone de inmediato, incluso para socialistas como nosotros. El Conicet multiplica sus afanes de alcahuetería cuando recomienda nivelar hacia abajo.

Universalización de la miseria

Lo que quieren borrar los “investigadores” K es la relación de la jubilación con el salario. Es lo que propone también el Cippec, un centro de investigaciones que dirige un asesor del FMI y del Banco Mundial, Eduardo Levy Yeraty. El frente único entre el oficialismo y el fondomonetarismo es, en este punto, completo. El Centro saluda la moratoria previsional kirchnerista, pero no porque incorpore a quienes no han podido aportar debido a la desocupación o al trabajo en negro. No se le ocurre que la financiación de la moratoria deberían pagarla las patronales que despiden o explotan el trabajo ilegal. Lo que lo cautiva es que la moratoria ofrece una jubilación asistencial, inferior a la mínima, que no recibiría el beneficio del 82% móvil, que reclama se convierta en “derecho laboral permanente”. El Cippec elabora la filosofía de la miseria. En otras palabras: dejemos intacto el “derecho permanente” de la clase capitalista a emplear en negro e instituyamos, para sus víctimas, una pensión permanente de indigencia. Yeraty llama a este haber la “asignación universal de la tercera edad”, que debería sostenerse con “recursos de rentas generales”, lo cual consagra la desobligación de las patronales con las jubilaciones. Ese “haber” debería ser equivalente a la “canasta básica de consumo de un adulto”, o sea, lo que otros llaman la canasta de pobreza. El kirchnerismo, con sus 1.040 pesos de mínima, ya se ha arrimado bastante a la propuesta del Cippec. Este instituto no descarta “la postergación de la edad jubilatoria”, en consonancia con lo que Boudou disparó días atrás.

Cajas complementarias

Los oficialistas no se encuentran solos en la universalización de la jubilación mínima. Morales Solá o Alberto Fernández lamentaron que el gobierno no hubiera aplicado sólo un veto parcial, para dejar en pie el aumento de la mínima y mandar al archivo las otras actualizaciones, o sea desconocer los fallos de la Corte. La ley, en ese caso, habría establecido un rasero de pobreza para el 80% de los jubilados. El gobierno se ha reservado “para más adelante”, y por decreto, aplicar una variante disminuida de esta recomendación.

Detrás del empeño de nivelar las jubilaciones hacia abajo, emerge el jugoso negocio de las cajas complementarias, para aspirar a más que una jubilación mínima. Al mercado que hoy se limita a las compañías privadas de seguros de retiro, se agregarían los bancos públicos y hasta los sindicatos -claro que sólo al principio, para ir midiendo la temperatura del agua. Estas cajas se constituyen con un aporte compulsivo del 3 ó 4 por ciento del sueldo, sin aportes patronales o estatales. Es lo que está fogoneando el sindicato de la Afip, pero -según informa Página/12- podrían prenderse en cualquier momento los camioneros de Moyano. La burocracia volvería al negocio de la jubilación privada, como lo hizo durante Cavallo. Los trabajadores de esos gremios seguirán aportando el 11% de sus salarios a la Anses, pero no percibirán más que un haber mínimo, equivalente al 15 ó 20% de sus actuales salarios. La Anses quedaría liberada para convertirse en proveedora de fondos para un Banco de Desarrollo, como el que los nacionalistas militares, luego progresistas y, al final, izquierdistas. Todo para reconstruir a la burguesía nacional.
Como se ve, el cóctel jubilatorio oficial tiene varias patas: jubilación mínima asistencial para el 75% de los trabajadores, sostenida con “rentas generales” (impuestos); para quien quiera un haber mayor, “cajas complementarias” manejadas por la burocracia sindical. En la gatera queda todavía el aumento de la edad jubilatoria, que también suena en las oficinas oficiales.

Las propuestas del Plan Fénix, que criticamos en números anteriores de Prensa Obrera, no eran tiros al aire. Responden a este plan oficial, que también tiene el beneplácito de los asesores del Banco Mundial y el FMI.