20/05/2020

El subsidio a los capitalistas (y sus CEO) lo pagan los jubilados

El pago a Rosario Altgelt (Latam) y Carlos Eduardo Bacher (Techint), la punta del iceberg de un nuevo robo a la Anses.

En los últimas días fueron varias las noticias de uso de fondos del Programa de Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) para el pago de parte de los salarios de CEO’s de grandes corporaciones. En la nómina se encuentran personajes como Rosario Altgelt, gerenta para Argentina de Latam y Carlos Eduardo Bacher, de Techint Construcciones (así como otros 11 directivos de la firma).


El escándalo es un buen botón de muestra de la naturaleza de este programa estatal, que constituye una gigantesca expropiación, en beneficio de los capitalistas, de los fondos de las Anses –es decir, de los jubilados, sometidos en estos días a un nuevo ajuste en sus haberes.


ATP: Apta para Toda Patronal


Acorde a los datos oficiales, ya han sido beneficiadas con el pago del ATP unas 247 mil empresas, con el pago de hasta el 50% de los salarios de 2,2 millones de asalariados. El gobierno presenta estas exacciones –estimadas por el momento en $50 mil millones mensuales- como una ayuda a los trabajadores, cuando se trata de un gigantesco subsidio a los capitalistas, que se ahorran así la retribución de la fuerza de trabajo. Como en este período han habido numerosos acuerdos salariales a la baja, en el marco del pacto CGT-UIA-Gobierno, ese 50% -que se calcula sobre sueldos de meses previos- resulta en muchos casos un porcentaje mucho mayor de lo que efectivamente pagan las empresas; en algunos rubros  en que se paga miserias (comercios, textiles, fast food) lo del ATP alcanza el total del salario del bolsillo (Iprofesional, 7/5).


Pero eso es solo hasta ahora, ya que muchas empresas no han presentado todavía la documentación solicitada. En total, las que solicitaron el ATP son 500 mil, la enorme mayoría de las 600 mil que operan en el país. El gobierno viene ampliando sistemáticamente el universo de posibles beneficiarias, sumando a empresas alimenticias, del transporte y de la salud y educación privada, entre otras.


La titular del AFIP, Mercedes Marcó del Pont, señalaba días atrás que para el otorgamiento “vamos a tomar como referencia lo que ocurrió con la facturación en abril, que debe ser de las peores de las que se tenga memoria”. Es decir que el beneficio se dispone para la clase capitalista en bloque, sin importar el tamaño de las mismas, las fortunas acumuladas en períodos previos o el hecho de que continúen distribuyendo dividendos entre sus accionistas (como Latam o Clarín). Los propios datos oficiales reconocen que el 15,9% de lo expedido se dirige a grandes empresas, de más de 800 empleados –a las que ahora se le aliviarán aún más los requisitos.


En el movimiento obrero, se multiplican las denuncias sobre empresas que no pagan salarios a la espera de que llegue lo de la ATP, o que lisa y llanamente se hacen de estos subsidios mientras continúan despidiendo (Techint) y recortando sueldos (desde la poda del 50% en Latam, con “ofertas” de retiros voluntarios, hasta los descuentos en los fast food y en la industria de la carne).


En vistas de todo esto, los anuncios oficiales sobre mayores controles y las invitaciones a las empresas “a darse de baja” se revelan como pura demagogia. El gobierno pone plata en el chanchito de los capitalistas sin mirar que hay adentro.



El vaciamiento sin fin


El programa ATP supone un ataque adicional a la Anses, ya que beneficia a las patronales con la exención de los aportes previsionales. Los nac&pop realizan así el sueño de todos los gobiernos de las últimas décadas: desde la dictadura, que directamente los eliminó, a sus sucesores democráticos, que solo los repusieron en parte. El organismo, por lo demás, ya se ve privado de una enorme masa de aportes por el elevadísimo nivel de informalidad laboral.


Se trata de un nuevo capítulo del largo vaciamiento del organismo en beneficio de las patronales y el capital financiero, donde se enmarcan también el empapelamiento del mismo con bonos del Estado y su refinanciación compulsiva (en desmedro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad), y los recientes créditos al 24% para empresarios -157 mil millones de pesos que fueron a parar en masa a la especulación con los dólares, pese a lo cual se prevé destinar 43 mil millones más.


“Recuperar lo perdido”


Mientras se destinan sus fondos a estos menesteres, los jubilados acaban de sufrir un nuevo zarpazo en sus haberes. El gobierno ha vuelto a utilizar el mecanismo del decreto para suspender la movilidad jubilatoria y definir el ajuste del monto, que es ahora de 6,12% para todas las categorías. El número supone en todos los casos pérdidas en relación a lo que hubiese correspondido por la fórmula de movilidad de 2017, que ya era de por sí –como tuvo claro la población que se movilizó en masa contra aquella ley- un ajuste en regla, que llevó a los jubilados a perder el 19,5% de su poder adquisitivo durante 2018 y 2019.


Para presentarlo como una “recuperación” para los jubilados que cobran la mínima (la mayor parte), los funcionarios eligen contrastar la inflación de este semestre con la suma de ese aumento del 6,12% y los dos bonos otorgados, a sabiendas de que estos son no remunerativos. Así las cosas, la mínima queda en $16.864, contra una canasta básica de la tercera edad estimada en 45 mil pesos para marzo. Hacia estos montos de miseria se pretenden también llevar los llamados regímenes especiales (y los gobiernos provinciales hacen lo propio en sus terruños, con la “armonización” de sus cajas a la Anses). Avanza firme la política, demandada por el FMI, de que las jubilaciones pasen de ser salarios diferidos a ser subsidios a la vejez, y ya ni eso.


Los trabajadores en actividad y los jubilados no podemos tolerar que el peso de la crisis se descargue sobre nuestras espaldas. Contra el saqueo de la Anses y por una jubilación del 82% móvil, reclamemos que esté bajo nuestro control el organismo, la reposición de los aportes patronales, la puesta en blanco de todos los trabajadores, el cese de los subsidios a las grandes empresas y de la toma de deuda estatal. Contra los despidos, la precarización y el desmantelamiento industrial, luchemos por un programa de recomposición productiva bajo control de los trabajadores, que tenga como punto de partida el no pago de la deuda externa.



 

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