Que la crisis la paguen los capitalistas y su gobierno

Con la llegada del invierno, el tarifazo del gas y la electricidad se muestra en toda su magnitud. Llegan facturas con hasta el 400% de aumento respecto del mismo bimestre del año anterior. La excusa del ministro De Vido, de que el consumo elevado de gas o electricidad es sinónimo de alto poder adquisitivo, es una vulgar pavada. De Vido hace que no sabe que por la política ultra capitalista del gobierno que integra, es muy común que varias familias de trabajadores convivan en una sola vivienda con un único medidor de electricidad y gas, por la falta de vivienda, por sus elevados precios, por la falta de trabajo y por los bajos salarios; que tampoco sabe que muchas de esas viviendas tienen problemas de humedad o están construidas con materiales precarios que no mantienen el calor. Es decir que el uso intensivo de la calefacción responde a esas necesidades. Y que, al revés, en todas las propiedades que la burguesía tiene para pasar sus vacaciones de verano e invierno casi no hay consumo; como tampoco en las propiedades que están en desuso por la especulación inmobiliaria.

De Vido quiere tapar el sol con la mano. El tarifazo afecta a toda la población, especialmente a los trabajadores y a la clase media, cuyos ingresos están por debajo de la inflación o directamente congelados o en negro.

En el gas, entre septiembre y noviembre de 2008 hubo dos aumentos del precio del metro cúbico para todas las categorías de usuarios, y se decretó que los consumos de más de 1.000 metros cúbicos anuales deberían hacerse cargo de la importación de gas.

Pero se importa gas por el fracaso de la ‘política energética’ del gobierno, que se basó en permitir a las petroleras la superexplotación de las reservas gasíferas sin obligarlas a invertir en nueva exploración, y en los fideicomisos tipo Skanska, obras que sin cambiar sustancialmente la infraestructura energética nacional encubrieron tremendos negociados. El gas importado no lo deben pagar los trabajadores, que no tomaron parte en estas decisiones nefastas, sino quienes las idearon, las promulgaron y las ejecutaron.

Y sobre este tarifazo del gas, el gobierno mantiene un programa de uso racional que multa al que consume más gas que… ¡en 2003! Pretender un consumo de gas menor al de seis años atrás cuando no se ha hecho nada para que sea producto del uso racional (mejores equipos, viviendas mejor construidas, menor hacinamiento, etc.) es una política retrógrada, que penaliza el progreso de la población en términos de mejor calidad de vida, por mínimo que sea. Esa multa es un insulto al esfuerzo de los trabajadores por mejorar su situación material. Para colmo, lo que recauda el Estado por estas multas van a parar a las arcas de las distribuidoras de gas y electricidad a cuenta de futuros aumentos de tarifa. Es una truchada.

Las acciones judiciales que están llevando adelante fiscales provinciales, como en Santa Cruz y Chubut, apuntan exclusivamente contra el cargo por importación de gas y dejan en pie los aumentos en el metro cúbico de gas y el kilowatt/hora, lo mismo que las multas. Pero estas presentaciones son producto de la movilización popular, como en Puerto Madryn o Cutral-Co, que obligan a los gobiernos provinciales a hacer algo ante el riesgo de quedar escrachados.

El tarifazo en toda su dimensión no debe pasar porque el gobierno prepara nuevos incrementos para mejorar los ingresos de las petroleras, las privatizadas y la caja del Estado, con vistas a pagar deuda y ayudar a la fuga de capitales. 

Paul Castañeda