Entre el 13 y el 17 de noviembre se realizarán nuevas audiencias públicas en todo el país por las tarifas de gas y electricidad.

 

En todos los casos, se tratará de una “rediscusión” de aumentos que ya han sido resueltos por el gobierno y las empresas tras las audiencias a las que fue obligado a convocar por la Justicia en septiembre de 2016. Estas audiencias no eran vinculantes y constituyeron una operación del Estado para consagrar la dolarización de las tarifas exigida por las empresas petroleras. A ese objetivo se disciplinó el kirchnerismo –cuyo gobierno había asumido el mismo compromiso con Chevron para la reprivatización de YPF– y colaboró el silencio de la burocracia sindical.

 

Cumplida la primera etapa del aumento del gas, en octubre debía comenzar a regir el segundo.

 

Si bien las empresas aún no han anunciado cuánto pedirán que sean las tarifas finales, periodistas especializados han informado que se planteará aumentar no ya de U$D 3,77 a U$D 4,19 el costo del millón de BTU (unidad de medida del gas), tal como se había previsto en 2016, sino que se “actualizará” a U$D 4,38, considerando la devaluación del peso. Se trata de un aumento del 15% en dólares hasta abril, para un servicio de extracción, transporte y distribución cuyos costos son, en su totalidad, en pesos. Es el precio que luego se utiliza como referencia para el resto de los costos de que comprenden la factura final que paga cada consumidor. A modo de referencia, en Estados Unidos el millón de BTU vale U$D 2,80.

 

En cuanto a la electricidad, el 17 de noviembre se realizará, en primera instancia, una audiencia pública donde se revisará el precio del mercado mayorista (MEM).

 

Es el precio de generación de electricidad se encuentra “enganchado” al precio dolarizado del gas, porque la matriz de generación de energía eléctrica del país tiene como base fundamental las usinas a gas.

 

Actualmente, el precio promedio del MWh hoy es de $640. El objetivo del gobierno es aumentarlo a $1.410 por MWh, más de un 100%  de incremento. Además está previsto que se discuta el precio por distribución de la energía, que representa el 50% del precio final de la factura que llega al consumidor. Además, el gobierno “compensará” a Edenor y Edesur con una refacturación por la posposición del aumento a diciembre y por la inflación acumulada, a pesar que las empresas habían sido premiadas con aumentos de hasta el 600%, mientras que se recortarán las tarifas sociales concedidas en 2016 como contraparte del tarifazo.

 

El mismo día, inmediatamente concluida esta audiencia, en el mismo lugar, el ENRE informará cómo estos aumentos "impactarán" en las facturas de consumo final que llegan a los hogares, evidenciando que lo que primará serán las exigencias de los empresarios.

 

Mientras que el gobierno quiere “pisar” las paritarias en un 10%, le reconoce a las empresas vaciadoras aumentos que impactarán más de diez veces esos porcentajes en las facturas que pagamos los trabajadores. En cambio, entre los beneficiarios de este nuevo tarifazo están los socios del gobierno: Mindlin (Pampa Energía) y Caputo (Ecogas).

 

Los dirigentes del Partido Obrero, diputados y legisladores del Frente de Izquierda y representantes sindicales clasistas participaremos de estas audiencias para denunciar este nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores en beneficio de empresas que no han abierto sus libros y que no han sido auditadas. Reclamaremos una auditoría integral de estas empresas a cargo de trabajadores y usuarios y planteamos una nacionalización integral de la industria energética, como parte de un programa de reorganización social bajo la dirección de los trabajadores.

 

Plantearemos la necesidad de la nacionalización integral del petróleo y gas, y de las redes monopólicas de transporte y distribución, bajo control de los trabajadores y usuarios.

 

 

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