Políticas

4/8/2008|890

El Tribunal Superior rechazó el planteo del PO


El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad rechazó el planteo del Partido Obrero para que se declare nulo el plebiscito de Ibarra. Según el Tribunal, los actos de Ibarra “ podrán parecer inconsecuentes con los intereses que a aquél le tocaría defender; pero no afectan la marcha del trámite o, quizás, propenden a que desemboque en el máximo producto que puede provenir de él: la realización del comicio ”. Es decir que para el Tribunal los actos de Ibarra serían “dinamizadores de la voluntad popular”. En cambio, el escrito del PO demostraba que el Ejecutivo usurpó el derecho popular de revocatoria y lo convirtió en su contrario, es decir, en una maniobra plebiscitaria para seguir gobernando. La imagen del gobierno de Ibarra “colaborando” en el trámite de revocatoria es un engaño a la fe pública, que es la segunda imputación de nuestra denuncia ante el Tribunal. Al rechazar el planteo del PO con los argumentos del gobierno, el Tribunal se suma a esta manipulación política sobre el electorado de la ciudad.


 


La brutal injerencia del gobierno en el proceso de la revocatoria es reconocida por el Tribunal, y ya no puede ser desmentida ni por el propio gobierno. En una columna de opinión publicada en El Cronista , la diputada Laura Morresi admite que “Ibarra ha decidido someter su mandato al escrutinio público”, es decir que es el gobierno, y no el pueblo, el que está estableciendo los términos del referéndum. Pero como sabe que la revocatoria sólo puede ser impuesta por el electorado, plantea luego que “el Jefe de Gobierno es también elector de la Ciudad”, por lo que “se encuentra plenamente habilitado para poner en marcha la solicitud de revocatoria ”. Sin embargo, la Constitución de la Ciudad diferencia tajantemente entre las consultas que puede convocar el Ejecutivo (Art. 66) y la revocatoria que sólo pueden impulsar los electores (Art. 67). Morresi no puede alegar ignorancia: el desconocimiento de la Constitución delata que estamos ante un verdadero “golpe institucional”. El plebiscito quiere ser usado contra las otras instituciones del Estado y contra todo el pueblo de la ciudad. El pueblo lo percibe: por eso, las mesas de recolección de firmas de los punteros y empleados de Ibarra están siempre desiertas.


 


Semanas atrás, denunciamos de qué modo la Legislatura salía al salvataje de Ibarra al avalar sus “decretos de necesidad y urgencia” (nuevos negociados) en materia de seguridad. Ahora, es el máximo tribunal de Justicia el que concurre en socorro del jefe de Gobierno. Se pone de manifiesto que es todo un Estado el que se encuentra al servicio de los intereses capitalistas que condujeron a Cromañón. Por eso, se impone una asamblea de representantes electos que reorganice a la sociedad sobre nuevas bases, es decir una Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder.