Desde el año pasado, la suspensión de las Paso es un tema presente en las sucesivas reuniones que encabezó Alberto Fernández con los gobernadores. La maniobra para cambiar la agenda electoral es un retrato de la crisis del régimen político actual, al calor del fracaso sanitario y el crecimiento de la pobreza.

Es una paradoja, porque con motivos similares fueron instaladas en 2011. En aquel momento, pretendieron ordenar desde el Estado la crisis de los partidos patronales -que se agudizó luego del 2001- y, particularmente, después de la derrota del kirchnerismo en las elecciones de 2009 que ocasionó una tendencia centrífuga hacia fuera del Frente para la Victoria.

En este cuadro, el gobierno estaría cerrando un acuerdo con los gobernadores, quienes en su mayoría están a favor de la disposición. Así lo manifestaron en la última reunión con el presidente los diez mandatarios del Norte Grande, que reúne al NEA y al NOA, el jueves 21 de enero. Para estos, la eliminación de las Paso es un reaseguro para concentrar la confección de las listas, sin competencias internas, valiéndose del control de los recursos del Estado para imponer sus condiciones.

Desde la oposición lo rechazan, porque perjudicaría los intentos de utilizar las primarias para cerrar ciertos reagrupamientos, zanjar las disputas internas por el liderazgo y aglutinar a otros sectores opositores. De hecho, los chispazos al interior de Juntos por el Cambio se reavivaron en los últimos días a partir de las declaraciones de Martín Lousteau, en las que dijo que “Macri aporta desde el legado más que desde el presente o el futuro”. Un intento de despegarse del fracaso del expresidente, en línea con quienes iniciaron hace un tiempo el camino de la “renovación” encabezado por Larreta y María Eugenia Vidal junto a la UCR, contra el eje que comanda el PRO con Macri y Bullrich. Pero sin Paso también se limitan sus chances de sumar nuevos sectores opositores al frente, como el espacio que lidera Margarita Stolbizer.

Por eso, la perspectiva de eliminar las primarias obligatorias choca con serios límites. Está en duda que reúna los votos necesarios en Diputados, pero menos chance aún hay de que se apruebe en la Legislatura porteña y bonaerense, que definen sobre dos distritos que concentran la mitad del electorado de todo el país. Es probable entonces que la maniobra por aplazar hasta octubre el turno electoral, a la espera que se disipe algo la crisis rampante económica, sanitaria y social (cuando todavía no llegan ni las vacunas ni el acuerdo con el Fondo). La otra preocupación es la disputa por el control del PJ bonaerense, donde un sector de los intendentes resiste el desembarco de Máximo Kirchner.

Como se ve, aunque se quiso vender la idea de que las Paso implicaban una democratización de la vida política del país, lo cierto es la pulseada por su suspensión evidencia que el sistema político se rige por los enfrentamientos entre grupo de camarillas y aparatos aliados y rivales, que se disputan espacios de poder utilizando las primarias para cerrar acuerdos. Nada tiene que ver con un sistema democrático donde la población decide y tiene injerencia sobre los candidatos de sus partidos.

A su vez, las Paso implican una vulneración de la autonomía de los partidos ante el Estado, en tanto les quita a los partidos la capacidad de decidir soberanamente sobre la elección de sus propios candidatos y proscribe la presentación de los partidos a las elecciones en cuanto exige un piso arbitrario del 1,5% de los votos para ingresar a los comicios generales. Que hoy el tema vuelva a estar en debate pone de manifiesto lo endeble de ambas coaliciones mayoritarias en el país, y responde a las ansias de los mandatarios nacional y provinciales por convalidar el mecanismo de la selección de candidatos por medio de la lapicera del gobierno de turno. Finalmente, son una herramienta de la burguesía y los partidos patronales ante la crisis, y no una herramienta para democratizar las elecciones, para lo cual hacen falta congresos partidarios que elijan sus candidaturas sobre la base del debate.