Distintos relevamientos indican que los precios de muchos artículos de consumo han pegado un salto de entre el 25 y el 30 por ciento desde que se realizaron las últimas Paso, es decir en algo más de 20 días. 

Pese a la situación desesperante que viven millones de jubilados cuyos ingresos no llegan a cubrir la tercera parte de la canasta que consumen (hoy ronda los 35.000 pesos), el gobierno decidió no aumentar un solo peso los haberes previsionales (jubilaciones y pensiones) con el cínico argumento de que las mismas tienen su propio cronograma de actualizaciones. 

Los 900 pesos que recibirán en octubre y noviembre los que cobran la mínima -siempre y cuando no hayan llegado a ella por medio de una moratoria-, surgen del aumento que tuvo el salario mínimo, ya que el haber mínimo previsional no podrá ser menor al 82% de aquel. 

Así, como las jubilaciones mínimas de setiembre a noviembre estarán en los 12.937 pesos y el 82% del salario mínimo alcanzará a los 13.837 pesos, esa franja de jubilados recibirá la diferencia de 900. Ahora, como el monto del salario mínimo también es de miseria, con el aumento en las jubilaciones programado para diciembre (8,74%) las mínimas llegarán a 14.067 pesos, es decir que quedarán por encima del 82% del salario mínimo fijado por el gobierno y desaparece el “plus”. 

Se trata de variaciones sobre cifras de hambre, que sólo cubren alrededor de la tercera parte del costo de la canasta de los jubilados. Es que la burocracia sindical acaba de aceptar pasivamente -aclarando, para que no queden dudas, que no va a tomar ninguna medida de lucha frente a la catástrofe social que golpea a la clase trabajadora- que el gobierno coloque el salario mínimo en 14.125 pesos a partir de agosto, en 15.625 a partir de setiembre y en 16.875 pesos desde octubre y, en principio, hasta mediados del año próximo.  

Es decir que la farsa montada en 2018 cuando se estableció la “garantía” de que la jubilación mínima no podría ser menor al 82% del salario mínimo, ya muestra el carácter mísero y efímero de esta “concesión” oficial, que llegó en una movida realizada en consenso con el PJ.

La decisión de hacer desaparecer al actual sistema jubilatorio, tal como lo pide el FMI y el conjunto de las patronales,  ya ha dado varios pasos en el camino de liquidar al haber previsional como un ingreso que permita cubrir las necesidades vitales de los jubilados. 

El haber se ha transformado de manera creciente en una mínima prestación básica, a tal punto que está muy por debajo del límite de pobreza, incluso si se suman los dos haberes de una pareja de jubilados que cobren la mínima.

Y el FMI y la burguesía van por más. La intención es aumentar de manera obligatoria la edad mínima para jubilarse (a 70 los hombres y a 65 las mujeres); reducir la jubilación inicial en un 20% y volver a modificar el índice de actualización de los haberes, para que esté aún más alejado que el actual respecto del aumento de los precios, de tal manera de licuar los ingresos de todos los jubilados. Y liquidar todos los regímenes especiales como los de los docentes y los petroleros, logrados por grandes luchas de los trabajadores.

Pese a la demagogia electoral, Alberto Fernández nada ha dicho de esta masacre social sobre el sector vulnerable de los trabajadores jubilados. El llamado a un “acuerdo social” que supone un virtual congelamiento de salarios también alcanzará, sin duda, a las jubilaciones.

Por esa razón, los jubilados y los trabajadores -futuros jubilados- tienen por delante una lucha común por la defensa de las conquistas previsionales alcanzadas y la pelea por los reclamos históricos: 82% móvil, jubilación mínima igual a la canasta del jubilado, no al aumento de la edad jubilatoria, defensa de los regímenes especiales alcanzados como resultado de grandes luchas de los trabajadores.