Políticas

20/2/2003|790

Elecciones y crisis política

A 15 días de los comicios, el panorama electoral es de completa incertidumbre debido al fallo del juez electoral provincial que hizo lugar al pedido de algunas fuerzas que integran el Frente Cívico para la inhabilitación de Barrionuevo, candidato a gobernador del Frente Justicialista, por no tener residencia en la provincia en los últimos 4 años, condición impuesta en la propia Constitución local. Este fallo provocó la reacción de las huestes de Barrionuevo, que mediante una serie de cortes bloquearon los accesos a la capital y a varios municipios. Un urgente llamado desde el gobierno nacional reclamando no jugar con fuego, llevó al levantamiento de los cortes y a que el tema se resolviera por los carriles judiciales. Así se han producido un conjunto de pronunciamientos de distintas instancias del Poder Judicial de la provincia, convalidando el fallo de inhabilitación. Por su lado, Barrionuevo consiguió que un juez federal se declarara competente y lo declarara habilitado para intervenir en los comicios como candidato. Este pronunciamiento originó un conflicto de poderes que va a tener que ser resuelto por la Corte Suprema de la Nación. Los diarios locales informaron que el martes pasado, en su reunión plenaria, la Corte nacional estuvo a punto de fijar un fallo en contra de Barrionuevo, pero que gestiones de último momento suspendieron el tratamiento del asunto. Al día siguiente se conoció un pronunciamiento de Menem a favor de la habilitación de Barrionuevo, lo mismo que del obispado de Catamarca. Paralelamente, algunos partidos reclamaban la postergación de las elecciones para llevarlas al 27 abril.


Que en el pasado, por el mismo motivo que hoy se lo impugna a Barrionuevo, otros candidatos, entre ello Ramón Saadi, consiguieron fallos favorables de la Justicia provincial, lo único que pone en evidencia es que las decisiones judiciales en última instancia siempre están ligada a la situación política, o sea a la lucha de clases, entre explotados y explotadores y a la propia lucha intercapitalista. En el mismo sentido, la crisis actual es una expresión de la descomposición política del conjunto del régimen político, de la crisis terminal del Pj y la Ucr, y de la completa degeneración en bandas que pretenden sobrevivir a costa de enquistarse y usar el aparato del Estado de los municipios, las provincias y la nación. Algunos medios han señalado que entre bueyes no hay cornada, que la Corte fallaría a favor de Barrionuevo, y que toda la crisis ha servido para favorecer los intentos de polarizar al electorado, procurando bloquear que, por ejemplo, el Partido Obrero pueda emerger con un gran crecimiento electoral. Otros sectores, quizá más agudamente, han señalado que detrás de la decisión de impugnar a Barrionuevo se procuraría desestabilizar todo el proceso electoral catamarqueño, y con ello arrastrar a una crisis la convocatoria electoral nacional del 27 de abril. En este sentido, Barrionuevo ha declarado que si lo impugnan, el Fj se abstendría de participar de las elecciones, lo cual podría determinar la postergación de las mismas.


En cualquier caso, la crisis ha puesto de manifiesto agudamente el cuadro de desestabilización política en la provincia debido, por un lado, al fracaso del Fc en sus 12 años de gobierno en resolver los más mínimos problemas de la población. Y, por el otro lado, a que el Pj ha tenido que presentarse renovado de la mano de Barrionuevo aliado con Saadi, haciendo eje en una campaña de terrorismo social, amenazando que se van a dar de baja los planes sociales si no lo votan, todo esto en un cuadro de crisis social, donde estallan a diario múltiples conflictos (cierre de comedores, cortes de los servicios del agua, atraso en los pagos, despidos y suspensiones en las fábricas, etc.).


Es en este escenario que el Partido Obrero ha impugnado el intento de Barrionuevo de presentarse como un Perón catamarqueño proscripto, y está llevando una enérgica campaña agitando que para que haya pan, trabajo, libertad, es necesario que se vayan todos y que el poder pase a manos de una Constituyente con poder, y en esta perspectiva plantea la necesidad de lograr una bancada obrera en la Legislatura y los Concejos.